Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa para explicar los alcances del proyecto de ley presentado por la diputada Inés Gorbea del bloque SUMA+, interbloque UNEN, que busca regular el proceso de fiscalización y recaudación de los juegos de azar en la Ciudad. La iniciativa pretende crear un sistema de verificación en tiempo real, aplicable a las máquinas tragamonedas en el ámbito de la Ciudad.

Junto a Gorbea estuvieron los diputados Hernán Rossi, Juan Nosiglia (UCR); Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro (CC ARI); María Eugenia Estenssoro (SUMA+) y Hernán Arce (Partido Socialista). Finalmente no pudieron asistir los diputados nacionales Martín Lousteau y Carla Carrizo, por problemas de agenda legislativa.

Actualmente es Lotería Nacional la que recauda los ingresos obtenidos del juego dentro del ámbito de la Ciudad y le transfiere el 50% de lo recaudado al Instituto de Apuestas, dado que el contrato de concesión tanto del Hipódromo de Palermo como de los dos casinos flotantes no incluye al Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa impulsada por UNEN (también lleva la firma de Javier Gentilini, de Proyecto Sur) propone que "los operadores del juego de azar en la Ciudad, deberán contratar a su costo entre los oferentes de sistemas de verificación on line ya sean nacionales o internacionales, un sistema que cumpla con los requisitos técnicos" establecidos en el anexo donde hay una serie de especificaciones técnicas.

Además, sostiene que "todas las máquinas que no se encuentran conectadas a la Red on line vencido el plazo estipulado en el artículo 2 (90 días), deberán ser retiradas de las salas hasta tanto se adecuen a lo establecido en la presente ley. Serán excluidas de las Salas, aquellas máquinas que por poseer una tecnología antigua o por cualquier otro motivo, no permitan o no puedan adaptarse a la implementación de las metodologías de control establecidas en esta ley y su anexo".

Gorbea explicó que "no existiendo un control fehaciente sobre el dinero que se recauda, ni un procedimiento regulado considero de vital importancia la implementación de una fiscalización real y transparente. La falta de cumplimiento de este control conlleva un perjuicio en la recaudación de nuestra Ciudad".

Y añadió: "Estamos hablando de una falta de control en una de las dos salas de tragamonedas más grandes del mundo. Según declara el concesionario una máquina recauda 1.2000 pesos por día mientras que en la Provincia, donde sí hay sistema on line, se recauda 2000 pesos. Con la diferencia bien podría Mauricio Macri urbanizar las villas".

Asimismo, expresó: "El juego le saca a los que menos tienen para aumentar el bolsillo de los que más tienen. Como mínimo debería haber un control riguroso por parte del Estado para que tributen lo que corresponde".

Estenssoro, por su parte, sostuvo que este tema "es sumamente sensible y además se presta mucho para la corrupción, lavar dinero del narcotráfico y el financiamiento de campañas políticas". Cuando se la apuró a la ex senadora respecto de si había insinuado que Cristóbal López, actual operador del juego en la Ciudad, era narcotraficante, salió al rescate Ferraro y aclaró que "lo que se busca es control para saber cuánto es lo que se recauda por el juego y eso va a implicar tener más información sobre la procedencia del dinero".

En lo que respecta al juego en la Ciudad rige un convenio cuya addenda aprobada por la Legislatura a fin del año pasado fue objetada en la Justicia por Elisa Carrió, por considerarla inconstitucional, entre otras cosas. Al ser consultada por adnciudad.com sobre por qué se plantea una modificación de un convenio recurrido judicialmente, Gorbea explicó que se trata de un proyecto "para el mientras tanto".

Oliveto agregó que continúan sosteniendo que ni el convenio ni la addenda tendrían que haberse ratificado y que seguirán peleando en la Justicia por ese tema. Asimismo, dijo que la iniciativa propuesta surgió después de un par de informes de la Auditoría General de la Ciudad que daban cuenta de una serie de irregularidades en lo que al juego se refiere.

También se consultó si técnicamente es viable imponer este cambio de sistema desde la Ciudad, más cuando el costo correría por parte de los operadores, algo no estipulado en el acuerdo inicial.

Si bien se intentó esbozar un argumento convincente para asegurar que sí es posible, quedó claro que en esta materia no está definido el alcance de la autonomía de la Ciudad y la plena vigencia de sus derechos frente al Gobierno nacional, algo que lamentablemente no sólo ocurre con el juego.