Después de años de apoyar el corte y asistir a distintas medidas de la Asamblea Ciudadana Ambiental, el gobierno nacional se presenta como querellante contra un grupo de asambleístas a quienes se acusa de presuntos delitos como “homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito", considerados como delitos contra el “orden público” que van hasta los 15 años de prisión.

“Significativamente, el mismo gobierno que poco tiempo atrás los calificaba como ejemplo de lucha por los derechos colectivos, la misma gestión que armó una puesta en escena en el Corsódromo de Gualeguaychú y dictaminara que la protesta de la Asamblea era "causa nacional", ahora considera "sediciosos" y "delincuentes" a quienes cortan la Ruta en Arroyo Verde”, expresó en el proyecto.

Además, resaltó que entre los delitos de “orden público” se encuentra el art. 235 que penaliza a los funcionarios públicos que alienten o promuevan las mismas acciones que se les imputan a los asambleístas.

“No hace falta hacer un gran esfuerzo para recordar que fueron muchísimas las acciones que promovió el entonces gobierno nacional apoyando a la Asamblea; por enumerar sólo una, recordemos el acto en el Corsódromo donde Néstor Kirchner destacó la lucha de los vecinos como causa nacional; o la participación de funcionarios en las actividades de la Asamblea”, remarcó.

“Por eso nos parece que el Ministro Aníbal Fernández debería ser interpelado por los legisladores acerca del camino que recorrió el conflicto para terminar en la criminalización de la protesta”, concluyó.

Acompañaron el proyecto los diputados Miguel Barrios y Roy Cortina del PS, Pino Solanas y Claudio Lozano de Proyecto Sur, Atilio Bendetti, Jorge Chemes y Gustavo Cusinato de la UCR, Hilma Ré de la Coalición Cívica y Miguel Bonasso de Diálogo por Buenos Aires.