El director de Sumarios de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Fabio Orden, estuvo reunido días atrás con funcionarios de la Oficina Anticorrupción de la Nación para conocer cómo se controlan allí las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, ya que a partir del 10 de diciembre el Tribunal de Cuentas le transferirá esa responsabilidad a la FIA.
"Orden fue, en principio, a la Oficina Anticorrupción para saber cómo se gestiona el modelo en Nación e hizo hincapié en el acceso a la información. Le dijeron que una parte de los datos es reservada y otra es pública", agregó el funcionario.
- ¿Qué sería lo público y qué lo privado?
- Datos sensibles como los domicilios, los números de las cuentas bancarias y los montos de esas cuentas es información que no se hace pública, más allá de que los funcionarios deban declararlos.
Carola tiene interés en instrumentar un programa informático que permita realizar un seguimiento automático de los patrimonios. Orden habló con el responsable de la Unidad de Declaraciones Juradas de la O.A. y allí le ofrecieron capacitar al personal de la FIA. "Para eso vamos a esperar un tiempo hasta saber con qué gente contamos. No tiene sentido enviar a capacitarse a personas que después no van a trabajar en el tema", expresó el titular de la Fiscalía.
- ¿Ya sabe con qué personal contará?
- No tendremos todo el que se necesita, pero sí el suficiente para empezar a trabajar.
- En algún momento hubo cambios en la normativa que sirvieron para que los controles pasaran a ser más laxos. ¿Usted ya tiene pensado qué tipo de controles ejercerá la FIA?
- Al principio dependerá del tiempo que tengamos para organizarnos con el personal, aunque habrá una revisión integral del sistema de declaraciones juradas para ver cómo podemos adaptarnos. Debemos merituar si se necesitan modificaciones legislativas y reglamentarias. Eso recién lo sabremos después de esa revisión. También me parece que en el arranque de la estructura nueva no habrá demasiados cambios.
Plan de Fortalecimiento.
La Oficina Anticorrupción está llevando a cabo una renovación en materia de declaraciones juradas, con el objetivo de optimizar los controles sobre la evolución patrimonial y las actividades de los funcionarios públicos. Por eso puso en marcha un Plan de Fortalecimiento en ese sentido. La idea, a la que se sumaría la FIA, es revisar la normativa y los procedimientos que existen actualmente para hacerlos más estrictos, así como la capacitación de las áreas responsables de su gestión en toda la administración pública, el diseño y aplicación de nuevos mecanismos de control sobre cumplimiento y la presentación de la OA como querellante en las causas por incumplimiento.
La Oficina Anticorrupción informó que la FIA le remitió una nota indicando que "a fin de este año, nuestro organismo va a ser la autoridad de aplicación en materia de declaraciones juradas, y sería de mucha utilidad contar con la experiencia de esa Oficina en la materia, como así también del material que nos puedan suministrar, de manera de ir diagramando nuestro sistema con el mayor grado de eficacia".
"Uno de los primeros pasos que dio al respecto la FIA fue tomar contacto con el sistema informático utilizado para la transmisión electrónica de DD.JJ., a la vez que conocieron las herramientas digitales con las cuales se detectan incrementos patrimoniales de los funcionarios", añadió el organismo nacional que preside Julio Vitobello.
En La Pampa ya se dictaron varias condenas por el delito de enriquecimiento ilícito -se aplica exclusivamente a funcionarios públicos- y hay otras causas en marcha, a pesar de que cuando el presidente del Tribunal de Cuentas era Natalio Peres, destituido por un jurado de enjuiciamiento, hubo cambios en el sistema de declaraciones juradas que sirvieron para entorpecer los controles patrimoniales.
En principio, la Legislatura había aprobado el año pasado que el control pasase del TdeC a la FIA el 1 de marzo pasado, pero Carola solicitó una prórroga y ello ocurrirá el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno. El funcionario también requirió que funcionarios y empleados jerárquicos del Tribunal que actualmente están a cargo de las DD.JJ. pasaran a la Fiscalía, pero Diputados desoyó el pedido.
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