Los gobernadores peronistas mantienen el tira y afloja con el Gobierno nacional. Queda la impresión de que la cuestión no es de fondo, sino que forma parte del folclore preelectoral.

Ahora acordaron proponer que la recaudación del impuesto al cheque se destine en forma completa para las provincias si la Corte Suprema le da la razón a María Eugenia Vidal en su reclamo por el restablecimiento del fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense.

Ese fondo fue creado por Carlos Menem en 1992 a pedido de Eduardo Duhalde y consistía en un aporte adicional de dos millones de dólares diarios (36 millones de pesos a plata de hoy). El argumento de los bonaerenses es que con el 40% de la población del país ( 17 millones de personas) recibe solo 11.857 millones (cifra de julio), es decir, el 18% del total que coparticipó la Nación el mes pasado. Comparando con Salta, que tiene la décima parte de la población, el choque es fuerte: 2.445 millones de pesos, es decir casi la cuarta parte que los bonaerenses. Claro, la recaudación propia, el valor agregado y la infraestructura son ventajas históricas de Buenos Aires que también pesan.

Razones del Gobierno nacional: la recaudación de julio fue 45,2% superior respecto al mismo mes de 2016, aunque 6,8% más baja que en junio de 2017. Lo cierto es que vuelve el tironeo por una colcha que siempre queda corta: las provincias cargan con toda la inversión social. Estiman que un fallo favorable a Buenos Aires les haría perder unos $63.000 millones si no cambia el esquema de distribución de fondos federales. Según indicó el senador Juan Manuel Abal Medina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, "si el fallo de la Corte resulta favorable a Buenos Aires, que tiene un reclamo legítimo, la idea es que desde el año próximo el impuesto al cheque se coparticipe en un 100% con las provincias". Hoy, ese gravamen, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se reparte un 30% para las provincias y el 70% para el fisco nacional.