La administración de Ricardo Colombi previó invertir en salarios este año $340 millones más de lo que se volcó en 2009. Pero aun con los aumentos de abril, julio y septiembre no alcanzó esa meta. Por ahora consumió $317 millones y todavía queda hilo en el carretel que, para colmo, por efecto del programa de desendeudamiento y la mejora de la coparticipación, se engordó considerablemente. Los empleados públicos lo saben y quieren discutir el asunto. No son los únicos.

El mismo día que se anunció el incremento del básico en $100 -el lunes 27 de septiembre- los gremios estatales salieron a calificar de “magro” e “insuficiente” el monto otorgado. Y en el mismo acto redoblaron sus exigencias solicitando un nuevo incremento en el básico de $200. El descontento no se disipa, es que los empleados públicos son concientes de que la Provincia dispone de recursos y tiene alisado el camino financiero hasta 2012. El reclamo, si se endurece, podría traducirse en manifestaciones y medidas de fuerza.

En la semana que pasó ocurrió además un hecho económico-financiero que fue calificado de “histórico” para la Provincia: la operativización definitiva del Programa Federal de Desendeudamiento que implementó el Gobierno nacional para Corrientes y 13 municipios. “Es el hecho más trascendente de los últimos 20 años”, aseguró el ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo.

La previsibilidad que el plan nacional le dará a las arcas de la Provincia atravesará varias gestiones hasta el 2030. Pero el primero en sacar réditos será el mercedeño. A partir de mañana y hasta enero de 2012 la Provincia no pagará sus deudas reestructuradas, lo que le permitirá ahorrar $500 millones en este “período de gracia”.

Pero las buenas noticias económicas para Corrientes no terminan ahí. Los fondos nacionales que están llegando desde la Nación a la Tesorería no paran de crecer. Entre enero y septiembre de este año los giros federales a la Provincia registraron un incremento del 33,98% respecto de 2009.

Las cuentas del Estado provincial ya acumulan un saldo positivo de casi $700 millones de pesos -por leyes especiales y Coparticipación Federal de Impuestos- comparado con igual período del año anterior. Este monto le alcanza a 25 de Mayo y Salta para pagar, sin sobresaltos, los haberes de octubre, noviembre, diciembre, más el aguinaldo de fin de año.

Corrientes está recibiendo un promedio de $78 millones extras por mes -por leyes especiales y Coparticipación-, comparado con el 2009. Se estima que a fin de año el excedente acumulado rozará los $1.000 millones en fondos nacionales recibidos, sólo por estos dos conceptos.

A esto habrá que sumarle además los incrementos extraordinarios que está teniendo la Provincia por el Fondo Federal Solidario o “Fondo Sojero”, con un registro histórico de incremento que promedió el 152% de aumento en lo que va del año. También la recaudación impositiva propia manifiesta una suba del 35% en estos primeros nueve meses del año. En suma, para diciembre de 2010 las arcas del Estado correntino habrán de gozar con casi $1.350 millones más que el ejercicio fiscal 2009.

Participación del 50%

Teniendo en cuenta estos indicadores económicos positivos de las finanzas públicas, los 70 empleados públicos -que representan casi el 60% de la fuerza trabajadora activa de Corrientes- le están exigiendo a la administración de Ricardo Colombi la redistribución de los recursos del Estado. Los estatales quieren respirar la primavera económica que comienza a vivir Corrientes.

La principal exigencia del arco gremial es que el Gobierno coparticipe mejor la bonanza que ya está gozando el Estado. Sostienen que la mejor alternativa es redistribuir la riqueza a través de los salarios. Más de la mitad de la economía de la Provincia depende directamente de los salarios de los empleados públicos. No sólo por las mediciones econométricas, sino hasta por sentido común es que los estatales piden nuevas recomposiciones salariales. Entienden que un mejor aumento de sueldo significará mayor dinero circulante en las calles que se volcará al consumo de más bienes y mejores servicios; que traerá aparejado una reactivación de la economía privada interna con los beneficios indirectamente que eso acarreará (más ventas de los comercios, más inversiones privadas, nuevos puestos de trabajo, etcétera).

Hace tiempo que los gremios de empleados públicos vienen pidiendo una participación del 50% en la asignación de los recursos públicos. Según el proyecto de presupuesto 2010 que elaboró el Ejecutivo -y que todavía espera la media sanción final de la Cámara de Diputados- actualmente esa relación del 38% de los fondos se destina a los salarios públicos, y el 62% restante se los asigna el Estado provincial.

Plan de lucha

La pelea de fondo es la mejor redistribución de los fondos públicos. Para reclamarlo los sindicatos están amenazando con retomar las medidas de fuerza. Aseguran que es la “la única salida”, porque el Gobierno no les ofrece “ningún espacio de negociación seria” y los aumentos son unilaterales e inconsultos.

A pesar de haber otorgado tres recomposiciones salariales en lo que va del año ($350 “remunerativo no bonificale” en abril, $300 “remunerativo no bonificale” en julio y $100 al básico en septiembre), el gobierno de Ricardo Colombi tiene varios frentes de conflictos abiertos con los empleados públicos; hasta con sectores impensados.

Es el caso de los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) y el área de Reconocimiento Médico de la provincia terminaron la semana con medidas de fuerza, y el conflicto parece que se profundizará la semana entrante. Hasta los integrantes de la Orquesta Sinfónica, los trabajadores del oficial “Juan de Vera” y los agentes de la Subsecretaría de Cultura realizaron un “protesta musical” el viernes pasado, para manifestar su disconformidad con el último aumento de sueldos.

Si bien fueron convocados a dialogar para el lunes 4 a las 8 por el Ministerio de Salud, los enfermeros y trabajadores no profesionales de los hospitales -agrupados en ATSA-se mantienen en “estado de alerta” y ya planean nuevas huelgas en el caso de que el Gobierno no les otorgue un aumento salarial diferenciado.

También los médicos criticaron la última mejora al que graficaron de tener “sabor a poco y olor a mezquino”, como lo señaló el titular del sindicato ASPROSAC, el doctor Néstor Ayala. Los agentes del sistema público de Salud tienen el salario más deprimido de la Administración pública, con un promedio de $440 de básico (antes de la suba estaban en $340).

Contrariamente a lo que esperaba el Gobierno, el último incremento de haberes generó un “efecto bumerán” que volvió y golpeó a la Administración de Ricardo Colombi. Los integrantes de la Multisectorial gremial -que nuclea a 16 sindicatos de empleados públicos- se reunirá también la semana que viene para analizar cómo quedó la situación salarial de de los diferentes sectores, y no descartan convocar a una marcha provincial y medidas de fuerza por el descontento generalizado que generó -lo que ellos denominaron- el “magro” incremento.