Ayer, funcionarios y técnicos del Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS) brindaron una conferencia donde expusieron los motivos por los cuales rechazan el proyecto de reforma de la ley de jubilaciones y pensiones “tal cual está”, que se tratará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y que ya cuenta con media sanción del Senado. A la vez, reiteraron que respaldan las modificaciones que el oficialismo pretende incorporar al expediente. Los números expresados señalan que en los dos casos que se debaten, el resultado es un millonario déficit para el organismo y que, en caso de que se avale el proyecto “sin cambios”, el resultado negativo proyectado sería de más de 94 millones anuales.

El proyecto de reforma previsional será debatido en la sesión del próximo miércoles de Diputados. El mismo prevé estimar el sueldo de los jubilados en un 82% de los mejores 120 meses de aporte. Sin embargo, el oficialismo entiende que es necesario modificarlo y aplicar tal movilidad pero de los 10 últimos años de la vida laboral.

Según lo apuntado por los técnicos previsionales, la Caja no está en condiciones de soportar la erogación extra que demandaría la aprobación del proyecto sin modificaciones.

En lo estrictamente técnico, aseguraron que en un plazo no mayor a los cinco años, el sistema estaría totalmente desfinanciado. Mientras que, en el plano político, la interventora del IPS, Estela Regidor, aseguró que los legisladores pretenden aprobar “una nueva jubilación de privilegio” y que dicha iniciativa está “a la medida” de los intereses de los parlamentarios correntinos a la hora de jubilarse (ver aparte).

Según lo expuesto, se calcula en poco más de 53 millones de pesos el monto que el IPS destina en forma mensual al pago de jubilaciones y pensiones. De acuerdo a lo apuntado, esa cifra se elevaría en casi nueve millones y medio por mes si se aprobara el proyecto de ley en estudio con los 120 mejores aportes.

Este último valor incluye al universo de los jubilados (se aplica diferente legislación para aquellos que se retiraron antes de 2000 y los que lo hicieron tras la reforma previsional decretada en ese año por el entonces interventor federal Ramón Mestre), más el aumento del haber mínimo y las incidencias de los “municipales”.

Si se modificara la iniciativa y se aplicara el 82% sobre los últimos 10 años de la vida laboral, la cifra proyectada por los técnicos del IPS sería de unos siete millones y medio de pesos. La diferencia entre el primero y la pretensión del oficialismo es de casi dos millones de pesos mensuales.

Al evaluar las planillas que contienen los recursos devengados de mayo y el presupuesto de gasto del mismo mes, el resultado es un superávit por encima de los cinco millones. Sin embargo este valor se transforma en una millonaria cifra de pérdida cuando se proyectan las posibles mejoras en los haberes de los jubilados en caso de aprobarse cualquiera de las iniciativas de reforma provisional.

En el informe difundido ayer, que fuera presentado a principio de semana a los diputados, los técnicos evalúan que si se aprobara el 82% de los mejores 120 aportes, el déficit anual (en este caso, 2011) llegaría a los $55.061.524,73. Si se modificara el proyecto y se aplicara la movilidad a los últimos 10 años, dicho saldo negativo sería $29.615.500,88.

En ambos casos, el cálculo contempla el total de gastos del IPS (pago de haberes, gastos de personal y funcionamiento) y los recursos presupuestados.

Sin embargo, al aplicar la proyección tomada a partir del déficit 2009 (según el estado de resultados) y el costo de las futuras jubilaciones, tales valores negativos son aún más sorprendentes: con el 82% a los mejores 120 mejores aportes alcanza a los $94.225.041,74; con dicha movilidad para los últimos 10 años alcanza a los $66.853.443,72.

Los jubilados

que vendrán

En la conferencia brindada, los técnicos expusieron que se calcula un promedio de 608 nuevas altas anuales. Apuntaron que si se aplicara el 82% móvil sobre los 10 últimos años, el haber promedio sería $2.397,94; cifra que multiplicada por 13 (12 meses de sueldo y el Sueldo Anual Complementario) y el número de jubilados y pensionados incorporados al sistema demandaría una erogación extra de casi 19 millones de pesos.

Al proyectar los valores según la iniciativa que tiene media sanción, el haber promedio sería de $2.641,45 y el nuevo aporte superaría los $20.800.000.

“Los legisladores sólo buscan una nueva jubilación de privilegio”

La Interventora del IPS, Estela Regidor, aseguró que los legisladores que pugnan por aprobar el proyecto de reforma de la ley previsional, sólo buscan “un traje a medida” y una nueva “jubilación de privilegio”.

“Nosotros no defendemos a ese pequeño grupo de privilegio que cobra 17 mil pesos por mes. Para que se sepa: esos fondos, por ser un sistema solidario, no son aportados totalmente por la Legislatura. Son sostenidos por el trabajador municipal, el maestro y hasta por el portero de escuela”, argumentó la titular del Instituto de Previsión Social.

Regidor cargó contra los diputados, pero dejó a salvo a los parlamentarios del oficialismo. “Hay unos 250 jubilados privilegiados, pero sólo 39 legisladores que hacen los aportes”, dijo.

Sobre los senadores que dieron la media sanción al proyecto (en noviembre del año pasado en una sesión donde estuvo ausente Ricardo Colombi cuando aún era legislador) dijo que avalaron una iniciativa pero eran ignorantes del contenido. “(El expediente) tiene muchísimas falencias, errores e irregularidades. También ilegalidades. Además, el Artículo 73 es inadmisible bajo cualquier punto de vista”, comentó ayer ante un auditorio de jubilados y empleados públicos, quienes participaron de la conferencia brindada en la sede del IPS.

Por su parte, el Gobernador Ricardo Colombi señaló en una rueda de prensa que cualquiera de los proyectos que se apruebe, los legisladores deberían señalar específicamente, y no genéricamente, cómo se obtendrían los recursos para financiar las erogaciones extras que demandaría la mejora en las jubilaciones.