El Ejecutivo trabaja para terminar dos proyectos de ley nuevos y llevarán la cuenta a una docena de iniciativas vinculadas a la seguridad desde que comenzó la gestión.

Una de esas iniciativas, la menos avanzada hasta ahora, es la que regulará el funcionamiento del futuro Ministerio Público de la Defensa; la que está lista, a la espera del guiño final del gobernadorAlfredo Cornejo cuando vuelva de su viaje a Georgia, se refiere al rescate de los tribunales correccionales.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, admitió ayer que se esperaba el retorno de Cornejo para que lo lea, lo firme y el proyecto sea remitido a la Legislatura. La idea es volver atrás con algunas de las disposiciones de la ley 8.680, sancionada en junio de 2014, por la que cinco juzgados correccionales fueron transformados: tres en juzgados de flagrancia y dos de garantías.

El detalle político es que la propuesta del Gobierno provincial va a contramano de lo que está impulsando el Gobierno nacional en el plan Justicia 2020. Justamente, ahora se está debatiendo en el Congreso nacional la fusión de la justicia Correccional de la Capital Federal con la criminal de Instrucción.

La iniciativa oficial va en sintonía con lo que piensa el nuevo procurador general de la Suprema Corte,Alejandro Gullé, quien antes de asumir ya había demostrado su interés en fortalecer esa área.

En la audiencia pública que debió sortear para obtener el acuerdo del Senado, dijo que piensa crear una fiscalía correccional que se ocupe de los delitos menores, que representan el 65% de los ilícitos que se cometen.

"Los juicios correccionales son el primer peldaño de la prevención, porque quien los comete, si hay condena rápida, siente que se pone freno al accionar delictivo", había dicho el miércoles 24 de agosto ante los senadores.

Algo así decía ayer D'Agostino, recordando la teoría de la ventana rota que esgrimía el ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani: si no se castiga esa falta menor, entonces los criminales se envalentonan y van por delitos más graves.

Actualmente, en la Primera Circunscripción Judicial hay sólo dos juzgados correccionales, justamente los que dejó como tales la ley 8.680.

Al transformar tres de ellos en juzgados de Flagrancia se pensó en ampliarles la capacidad, dado que los correccionales intervienen en delitos con condenas menores a tres años, mientras que los de Flagrancia entienden en causas en las que el delincuente es sorprendido in fraganti y cometiendo un delito de hasta 15 años de pena. De paso, todos estos tribunales deberían tratar sus causas como juicios abreviados.

En el mismo sentido que esa ley de 2014 va la propuesta del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, cuando impulsa la fusión del fuero correccional con el de instrucción: ampliar la capacidad de acción a delitos mayores, porque la mayoría de sus causas se archivan. Acá en Mendoza, el Ejecutivo va en otro sentido.

Según D'Agostino, la idea es avanzar en la oralidad también para estos juzgados de crímenes menores y, de paso, ver si se puede fortalecer un fuero en el que las causas terminan prescribiendo. Por otro lado, está la voluntad de volver atrás con la ley 8.680 y recuperar alguno de los juzgados correccionales transformados en fuero de flagrancia.

Estas medidas previstas en la ley, más lo que se espera que haga Gullé en el Ministerio Público, es decir la creación de una unidad fiscal correccional, completarían la intención de fortalecer la persecución de los delitos menores.

El segundo proyecto de ley, el que completaría la docena de iniciativas en seguridad, es el que terminaría de sacar a los defensores oficiales de la órbita del procurador. Desde hace años se viene señalando que quien ocupe ese cargo no puede ser el jefe de los fiscales y también de los defensores de pobres y ausentes.

En el proyecto de Ministerio Público que hoy se discute en la Legislatura, se establece la división, dejando al procurador general como jefe de los fiscales. En la iniciativa que trabaja el Ejecutivo viene el detalle de cómo será el ministerio de la defensa, pero su redacción aún no está lista.

Una por una

Las leyes de Cornejo para combatir la inseguridad son:

1) Declaración de emergencia en seguridad.

2) Modificación de la Ley Orgánica de Policía.

3) Creación del registro de libertades provisionales.

4) Modificación del directorio de la Inspección General de Seguridad.

5) Unificación de causas.

6) Modificación del Código Procesal Penal (CPP) para endurecer las prisiones preventivas.

7) Endeudamiento para construir un nuevo penal.

8) Modificación del CPP para ampliar la oralidad y fortalecer las figuras de los ayudantes fiscales.

9) Cambio de la ley del Ministerio Público Fiscal (en debate).

10) Registro de huellas genéticas (en tratamiento).

11) Fortalecimiento de los tribunales correccionales (en redacción).

12) Ministerio Público de la Defensa (en redacción).