“Ideas como sacar a la gente de centros urbanos en donde viven hacinadas y ver cómo se pueden desarrollar cultivando la tierra, haciendo una producción ecológica de verduras, de alimentos, es muy valiosa". La definición es del presidente Alberto Fernández, a 24 horas de la “derrota” que sufrió el dirigente del Frente Patria Grande y Dolores Etchevehere en la disputa familiar por la sucesión del establecimiento “Casa Nueva”, cuyo desalojo ordenó ayer la Justicia.

El revés judicial no significó toda pérdida para Grabois. Si bien el Poder Judicial por el momento descartó los derechos hereditarios en litigio de Dolores Etchevehere sobre las propiedades que están en posesión de sus hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, la jugada contó con la atención presidencial y se ubicó en el centro de la opinión pública.

“A pesar de las patotas y las amenazas, el Proyecto Artigas ya está en marcha y busca promover el desarrollo de una experiencia agroecológica que produzca alimentos sanos a precios justos”, anunciaron desde el colectivo alineado con el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El “caso Etchevehere” es el puntapié del Proyecto Artigas que impulsa Grabois. Esa línea de acción remite a otro proyecto ambicioso al que hizo referencia hoy el presidente Alberto Fernández: el Plan de Desarrollo Humano Integral que impulsan los movimientos sociales en conjunto con sindicatos. Bautizada como un “Plan Marshall criollo”, esa propuesta fue presentada en mayo pasado y busca crear 4 millones de puestos de trabajo y “repoblar la Argentina” con una inversión de $750.000 millones anuales.

El Proyecto Artigas tiene una escala más pequeña que el Plan de Desarrollo Humano Integral, pero se inspira en principios similares. Se trata de una red conformada por movimientos sociales, abogados, comunicadores y activistas de la ecología que se movilizan “por la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común” en causas donde “se vulneran los derechos de la tierra” y que “han sido ignoradas, cajoneadas y/o boicoteadas por las propias instituciones de la República”, según indica la web oficial.

El ideario del grupo está inspirado en el prócer del litoral José Gervasio Artigas, quien durante el proceso independentista impulsó una suerte de reforma agraria que decretaba la confiscación de las propiedades de los “malos europeos y peores americanos” que eran adversarios de la Revolución de Mayo, con el objetivo de entregárselas a “los negros libres, los zambos de toda clase, los indios y criollos pobres” para ponerlas a producir.

La referencia apunta a la sanción del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, una medida que sancionó Artigas el 10 septiembre de 1815, en pleno período revolucionario.

“El Proyecto Artigas tiene tres pilares fundamentales que son justicia, verdad y reparación. Arranca con el caso Etchevehere, pero buscamos extenderlo con una convocatoria a los sectores despojados y humildes, a las mujeres que son oprimidas o silenciadas y a todos aquellos y aquellas que consideren que sus derechos fueron vulnerados”, señaló Dolores Etchevehere en una entrevista con la agencia Télam.

En el plano institucional, la agrupación que encabeza Juan Grabois denuncia que el reclamo judicial de Dolores Etchevehere ya tiene un “retraso de once años” y que no pudo avanzar a pesar de denunciar “todo tipo de defraudaciones a ella, a terceros, y al propio Estado” que habría realizado su familia. La información documental y probatoria de esos supuestos delitos –que incluye la “usurpación de tierras fiscales, trabajo esclavo, extorsión y violencia económica”, entre otros– están subidas al sitio oficial de Proyecto Artigas.

En esa línea, la estrategia de la mujer habría fracasado a raíz de que “los planteos meramente jurídicos, independientemente de su solidez técnica, no alcanzan para enfrentarse a un entramado de corrupción política, judicial e intereses económicos” en la provincia de Entre Ríos. Por eso, la acción propone como alternativa otro tipo de acompañamiento político y social.

“Además de un despliegue jurídico estratégico, conformamos un dispositivo de comunicación y transparencia que fomenta la participación y el debate acerca de los temas de interés público que se derivan del caso; y acompañamos a Dolores Etchevehere en el ejercicio de sus derechos hereditarios a partir de la posesión pacífica de una parte de sus bienes”, sostienen desde Proyecto Artigas.

La propuesta contiene fundamentalmente una dimensión ambiental y productiva. El conflicto por la herencia de los Etchevehere fue utilizado por el grupo activista para proponer “un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa”.

“La historia de la Estancia Casa Nueva es la historia del modelo de agronegocios que impera en Argentina, que concentra la tierra, destruye la naturaleza, envenena a las comunidades con el uso de agrotóxicos, quema humedales y expulsa a miles de familias campesinas”, resaltan desde la web del Proyecto Artigas. Y agregan: “Entre Ríos es la provincia ícono de la impunidad de los crímenes ambientales. No es casualidad que el 55% de las internaciones por casos de cáncer en niños en el Hospital Garrahan provengan de la provincia”.

Por eso, una de las primeras acciones que llevó adelante el Proyecto Artigas en la ocupación de la estancia fue establecer una huerta agroecológica para la producción de alimentos sanos, donde Dolores Etchevehere había cedido y escriturado a los activistas el 40% de esos terrenos. La familia Etchevehere cuestionó esa iniciativa al calificarla de “payasada”.

El intenso conflicto en el campo del ex presidente de la Sociedad Rural entró en un impasse, aunque la balanza se inclinó hacia el planteo del ex ministro de Mauricio Macri. La defensa letrada de Dolores Etchevehere, que integra Juan Grabois, apeló el fallo que ordenó la inmediata restitución a los hermanos varones y, por ahora, el litigio continuará en los tribunales.

“Sabíamos que nos enfrentábamos a los poderes más oscuros de la provincia de Entre Ríos: el agronegocio con vínculos narcocriminales en connivencia con las instituciones del Estado”, fustigaron desde el Proyecto Artigas.

La irrupción del Proyecto Artigas disparó la tensión en el sector agropecuario. Las entidades empresarias de la actividad respaldaron el fallo judicial de la jueza Carolina Castagno porque “pone las cosas en orden y resguarda la propiedad privada”.

Sin embargo, las ideas de Grabois avanzaron pasos concretos. Luego del intento fallido en la estancia privada de los Etchevehere, el presidente Alberto Fernández ahora puso seriamente la mirada sobre el “plan Marshall criollo” que también alienta el dirigente del Frente Patria Grande. Aquella propuesta implica la cesión de “módulos de agricultura familiar, comunitaria e indígena” y pretende garantizar el “acceso al lote propio o arriendos sociales en tierras fiscales”. Es decir, a diferencia del Proyecto Artigas, no afectará los derechos privados.

Este viernes, el jefe de Estado admitió que hay muchas tierras del Estado que podrían entregarse para quienes quieran producir y adelantó que hará gestiones con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para avanzar con el proyecto.