Con la fuerte incidencia del costo de la pandemia, el Ipross requirió el año pasado más de 6.500 millones de pesos. Esta demanda exigió aportes extraordinarios del Estado rionegrino y, además, sostiene una deuda con prestadores de unos 1.800 millones.

El titular de la obra social, Alejandro Marenco estima que la respuesta del organismo a sus afiliados por el Covid-19 significó entre 700 a 1.000 millones, ejemplificándolo con el cumplimiento de 28 vuelos de traslados.

El funcionario recuerda el esquema de financiamiento fijado con Economía en el inicio del 2020 por un pasivo de unos 2.100 millones, logrando un buen diseño de cancelación. Llegaría, luego, la pandemia, con sus exigencias y la deuda  actual -afirma- ronda los 1.800 millones.

La gobernadora Arabela Carreras inauguró recientemente la refaccionada delegación de Viedma, destacando la importancia de la obra social y el esfuerzo de la Provincia en su sostenimiento en la última época. Habló de una asistencia de 1.200 millones.

Puntualmente, Economía inyecto 700 millones en la segunda parte del año pasado y sumó otros 500 millones en el inicio del 2021. Prevé transferir unos 500 millones más, orientados al pago de obligaciones pendientes.

Actualmente, el presupuesto del Ipross está en los 9.300 millones mientras se destaca su confección. “Se hizo por resultado, es decir, se consignó lo que gastará en el año, y fue aprobado”. Queda por resolver su financiamiento, a partir que los ingresos por afiliados están lejos del egreso promedio. Allí, la asistencia extraordinaria del Estado provincial en el desfasaje

Para este año, la obra social requerirá 9.300 millones en la cobertura de  unos 160 mil afiliados. El costo promedio por las atenciones ronda los 4.800 pesos mensuales por cada uno. El aporte está en los 2.900 pesos.

 Un estudio técnico nacional de julio del año pasado indicaba que “el costo para la programa médico obligatorio del Estado, es decir, una prestación básica tenía un costo mensual de 2.750 pesos. El Ipross -remarcó Marenco- no tiene techo en su cobertura y el ingreso entonces era de 2.800 pesos”.

El fuerte desfinanciamiento del Ipross derivan en demoras en los pagos o pasivos prestacionales y, tarde o temprano,  en auxilios del Estado provincial. Esta inyección tiene una vinculación adicional ya que los salarios mantienen un alto porcentaje de sumas no remunerativas, por lo cual, la asistencia  normativa es muy inferior a lo que corresponden por la percepción real del empleado público.

La revisión de costos es otro asunto en permanente revisión. Marenco alude a auditorías externas y, en especial, el análisis de discapacidad.

Esta obra social -dijo- invierte por año unos 1.200 millones anuales en discapacidad, que consiste desde el transporte hasta módulos de rehabilitación, pasando por atención terapéutica, acompañamiento e integración.

En el vínculo con los prestadores, Marenco explicó que “se cumplen renegociaciones trimestrales”, considerando el presente  escenario, mientras ponderó que la gestión priorizó “un reordenamiento del diálogo” con los privados.

En su repaso, el interventor recordó que el Covid 19 exigió de 700 a 1.000 adicionales por atenciones a afiliados contagiados, incluyendo sus prestaciones y, también, asistencias por materiales de protección. Algunos con subas de hasta el 1.500 por ciento durante el año pasado.