Desde el lunes, la Provincia ingresó “efectivamente” al Programa Federal de Desendeudamiento cuando Nación dejó de retener fondos de la coparticipación. Un día después fue el turno de los municipios, principalmente Capital, la Comuna con un pasivo que prácticamente hacía inviable su Administración. Ahora, con ingresos frescos, la discusión gira en torno a la utilidad de ese dinero: mejoras salariales versus obras públicas.

El último incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública provincial de $100 al básico, resistido por los referentes sindicales de los empleados estatales por “exiguo”, insume a las arcas correntinas, según los cálculos del gobernador Ricardo Colombi, unos 23 millones de pesos extras por mes.

Si se toma como fuente al Ministerio de Hacienda de la Provincia, el cese de las retenciones a la coparticipación (principal recurso correntino) implica fondos extras por 35 millones de pesos mensuales. Es decir, este monto que llega al tesoro como producto del cese de los descuentos significa un 52,18% por encima de lo que el Gobierno destinó al último incremento salarial.

De todas maneras, no se trata del único ingreso “extraordinario” a las arcas provinciales. Hasta el pasado 30 de septiembre, Nación envió a Corrientes durante los primeros meses de 2010 la nada despreciable suma de $2.741,7 millones, casi $700 millones más que igual periodo de 2009. Sólo tomando en cuenta los recursos “excedentes”, la Administración de Colombi contaría con los fondos suficientes para hacer frente a los últimos tres salarios del año más el segundo aguinaldo.

Mientras los gremios van a la carga para que dichos fondos sean destinados a mejoras salariales, en la Cámara de Diputados se debate sobre un proyecto de ley (que tiene media sanción del Senado) que permitiría a la Provincia tomar préstamos con entidades financieras internacionales por hasta US$150 millones (unos 600 millones de pesos) para obras de infraestructura rural.

Como se trata de un proyecto impulsado por el oficialismo, es muy probable que el proyecto tenga un rápido tratamiento y una posterior autorización legislativa en una cámara donde los parlamentarios alineados a la gestión de Colombi son mayoría.

Una vez que la iniciativa se convierta en ley, la Provincia podrá endeudarse por obras destinadas a infraestructura rural pero, además, deberá desembolsar “de su bolsillo” el 20% del valor total de los trabajos. Además, tales montos deben estar discriminados en el proyecto de Presupuesto 2011 (en este caso).

El 30 de septiembre pasado, la Provincia firmó dos convenios con el Consejo Federal de Inversiones. A través de una de ellas la entidad podrá destinar créditos para determinadas obras rurales en los sectores forestal, arrocero y citrícola. Pero para bajar la tasa de interés, la Provincia se hace cargo del 35%.

Es decir, la Provincia ya tiene previsto utilizar para obras de infraestructura un gran saldo de los excedentes de coparticipación y fondos que surgen a partir del desendeudamiento.

En la Municipalidad la situación es compleja desde hace varios años. Cuando Ramón Quiroz era el secretario de Economía, en la gestión de Nora Nazar de Romero Feris, aseguró que si la Comuna fuera una empresa privada, ya estaría en quiebra. Las mismas palabras fueron expresadas por Marcelo Rivas Piasentini cuando llevó adelante las finanzas de la Comuna durante la gestión de Carlos Vignolo.

La situación de Capital durante la gestión de Carlos “Camau” Espínola hasta el cese de las retenciones no varió. Los ingresos municipales eran destinados casi con exclusividad al pago de los sueldos y las obras públicas eran solventadas por programas especiales que llegan desde el Gobierno nacional.

Con el desendeudamiento ya efectivo, la flamante secretaria general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), Graciela Flores, adelantó que tocará el timbre del Palacio de la Comuna para reclamar mejores haberes para los trabajadores capitalinos.