El denunciante es Néstor Rosón, titular de una firma de limpieza y mantenimiento. Afirmó que a partir de un dictamen de la Asesora Letrada de Gobierno llevan cuatro años liquidándole mal las redeterminaciones de precios.
El denunciante es Néstor Raúl Rosón, titular de la empresa Multiservicios Rosón, que presta los servicios de limpieza y mantenimiento en varias dependencias del Estado provincial. En su demanda, el empresario afirmó que lleva más de cuatro años reclamando el cumplimiento de la Ley 2271 y su decreto reglamentario 91/2007.
Caprichosa y arbitraria.
La citada normativa, explicó, permite que un proveedor de servicios, cuyo componente más importante de presupuesto es el salario del personal, pueda solicitar la redeterminación del precio de los contratos vigentes, toda vez que se homologuen aumentos salariales por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
La reglamentación establece un período para la solicitud de la redeterminación y un período de respuesta por parte del Estado, además de establecer claramente los ítems sobre los cuales se reconocerán los aumentos.
Para Rosón, tanto el Poder Judicial como el Legislativo han realizado una interpretación correcta de la norma, pero no el Ejecutivo. El denunciante apuntó contra un dictamen de la Asesoría Letrada de Gobierno, el 233/08, firmado por Vassia, al cual acusó de hacer una interpretación caprichosa y arbitraria de la ley, gracias a la cual se incumple desde hace cuatro años la 2271, provocando el quebranto de Empresa Rosón y afectando a 115 familias que dependen de la firma.
Evasión fiscal.
El punto que el empresario denunció es que el Estado no reconoce al valorar su estructura de costos el pago de los impuestos que por su actividad la propia Provincia le descuenta. Es decir, sí se los reconocen para cobrárselos, pero no para incluirlos en la estructura de costos sobre la base de la cual se establece el precio de los contratos. Por esa situación, Rosón denunció a la Provincia ante la AFIP por el delito de evasión fiscal.
Como contrapartida, el empresario afirmó que utilizando la misma legislación que el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la provincia, actuaron de modo opuesto. Es que su empresa también fue contratada por la Cámara de Diputados para tareas de mantenimiento y la forma de liquidar el contrato fue la establecida por las leyes vigentes pero sin la mediación del dictamen de Asesoría Letrada. Lo mismo ocurrió con los contratos para la limpieza del Centro Judicial de Santa Rosa y el edificio del Superior Tribunal de Justicia.
"Me asiste la razón".
Rosón explica en su demanda que ya agotó todas las vías administrativas para reclamarle al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley 2271. Dijo que habló con ministros, secretarios, subsecretarios y directores y hasta tres veces con la asesora letrada. Añadió que interpuso notas, pedidos de reconsideración con elevación jerárquica, solicitadas al Gobernador en los medios de prensa, hasta llegar recientemente a informar al Fiscal de Estado. "Lo totalmente absurdo de la situación es que muchos de ellos me han manifestado verbalmente que me asiste la razón, pero que no pueden hacer nada", reveló.
En la actualidad, el empresario ha presentado tres denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA): una contra García Ancín, otra contra González y la tercera contra Ortiz. Incluso citó en su denuncia un dictamen del contador público nacional Jorge Omar Andrade, perito de la FIA, en el que consta que el accionar del Ejecutivo provincial lo perjudica.
Asociación ilícita.
Sobre el final de la presentación que Rosón presentó el jueves 9 de mayo ante la Fiscalía de turno en el Centro Judicial, realiza una acusación más grave aun contra los funcionarios denunciados, a los que apunta como integrantes de una "asociación ilícita" cuyos fines serían provocar la quiebra de su empresa, generando la pérdida de trabajo de sus empleados, y convertir al Estado provincial en un evasor del Fisco.
El empresario aseguró que envió una copia de la denuncia a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Afirmó que esas reparticiones están intentando darle una ayuda para que pueda mantener todos los puestos de trabajo, situación que, aseguró, tiene sin cuidado a los funcionarios pampeanos.
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