Los cortes de calles en la Ciudad aumentaron en el primer cuatrimestre, principalmente de la mano de las protestas por los despidos de estatales. Así lo reveló un sondeo que publicó Clarín, que indica que los piquetes crecieron un 8% respecto del año pasado, pese al anunciado protocolo antipiquetes. Esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que esa medida sigue vigente, pero explicó que "es decisión" de las autoridades porteñas "cómo aplicarlo".

"No es que no se aplique, lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su propia Policía y trabaja a su manera. A nivel nacional, no hemos permitido el corte de ninguna ruta", señaló Bullrich.

El sábado se conocieron datos de un informe privado que indican que la conflictividad por la inflación y la suba de tarifas, los despidos y las protestas de taxistas contra Uber elevaron las estadísticas de protestas callejeros. Y tomando los días hábiles de los primeros cuatro meses del año, hubo 2,5 cortes en promedio por día.

Las cifras indican que entre enero y abril hubo 201 piquetes, contra 186 del mismo período del año pasado. El salto mayor ocurrió en febrero, con siete protestas más que en igual mes de 2015.

Según Bullrich, en materia de seguridad la Capital "tiene una tarea muy compleja y muy terrible, porque muchos policías que deberían estar cuidando a la gente, evitando que haya secuestros, tienen que estar todos los días en el Centro por la cantidad de cortes que hay". Pero sostuvo que "al haberse transferido la Policía Federal, es su decisión cómo trabaja" el protocolo antipiquetes.

Pese a que aseguró que no se trata "de la decisión política de (Horacio Rodríguez) Larreta", insistió con que lo que ocurre con los cortes de calle es "responsabilidad de la Ciudad". "La Ciudad de Buenos Aires tiene un trabajo extra con los piquetes, es un gran problema. La gente que corta la calle, esto no lo piensa. Es un tema que hay que discutirlo de una vez por todas", agregó.

Además, adelantó que el próximo 8 y 9 de junio volverá a reunirse el Consejo Federal de Seguridad, y que ahí "se va a tomar la decisión final de quién va a aplicar el protocolo, quién no lo va a aplicar, y cómo se va a desarrollar".