El proyecto giojista que prohibe el funcionamiento en la provincia de prostíbulos sigue sin tener fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa ingresó en julio, desde entonces se está evaluando en comisión y el debate en el recinto se demora. Según explicaron en la Legislatura, están esperando una serie de aportes que hará Susana Trimarco, ícono nacional de la lucha contra la trata de personas, y analizando endurecer los castigos para los incumplidores. Aunque aún no está definido, una de las posibilidades es subir el monto de las multas para los propietarios de locales que hagan caso omiso a la prohibición.

La iniciativa tiene como eje central prevenir y erradicar la trata de personas y fue anunciada el año pasado por la gestión giojista. Su elaboración llevó siete meses, hasta que en julio fue enviado a la Cámara de Diputados para ser convertida en ley. En rasgos generales, prohibe el funcionamiento en territorio provincial de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos similares en los que se ejerza la prostitución. En definitiva, lugares donde pueda haber mujeres sometidas o trabajando contra su voluntad.

Ayer, Iris Romera, diputada del justicialismo que participó en la redacción del proyecto, señaló que el tema se sigue discutiendo en las comisiones (son tres: Justicia y Seguridad; Derechos Humanos y Legislación y Asuntos Constitucionales) y todavía no saben cuándo lo tratarán. Y dio dos razones. La primera, Trimarco se llevó la propuesta oficial cuando vino a San Juan (ver foto) y prometió que iba a hacer algunos aportes. La segunda, los diputados están estudiando si la aplicación de la norma ganaría en efectividad al imponerse sanciones económicas más duras que los 3.000 pesos que se fijaron inicialmente tanto para los clientes como para los dueños de los locales (también se fijan días de prisión).

Según Romera, “queremos que la ley sea efectiva y en función de eso vamos a definir los montos”. La legisladora contó que una de las opciones que barajan es mantener la multa de 3.000 pesos para los sean sorprendidos en un prostíbulo (clientes) y aumentarla para los propietarios de los negocios. Y si bien no habló de cifras, dijo que “los dueños tiene una responsabilidad importante en todo esto y si violan la ley, la sanción debe ser tal que se vean persuadidos a no reincidir abriendo de nuevo”.

Sobre Trimarco, contó que “no nos dijo qué tipo de aportes haría, pero es una mujer muy experimentada en la lucha contra la trata de personas por todo lo que le ha tocado pasar y viene haciendo”. Por eso, dijo que “creemos que hay que esperar su opinión sobre lo que se puede agregar y lo que se puede quitar al proyecto, es un tema muy complejo y lo que ella nos pueda sumar seguramente va ayudar a enriquecer la ley”.

La propuesta giojista está en sintonía con la línea que sigue la administración nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, que impulsó la modificación de la ley de trata para profundizar los mecanismos tendientes a erradicar esa actividad ilegal. El disparador fue el sonado caso de Marita Verón, la joven tucumana que desapareció hace diez años y cuya madre, Trimarco, se convirtió en un emblema de la batalla contra este delito. Incluso, el tema ocupó un espacio central en el mensaje que dio el gobernador José Luis Gioja en la apertura del período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

El interés oficial se acentuó luego de que en abril del año pasado la Policía Federal con asiento en la provincia investigara y detuviera a 24 sospechosos de pertenecer a una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres y que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis. A los pocos días se conoció que en Mendoza fueron rescatadas 3 mujeres sanjuaninas presuntas víctimas de la trata de personas.