Scovenna presentó su iniciativa convencido de que la ley debe servir para fomentar actividades útiles pero también para "limitar y controlar actividades que generan perjuicio o aprovechamiento por parte de los comerciantes con un uso abusivo y perjudicial, en este caso, de intereses y costos desmedidos en perjuicio de los usuarios".
Scovenna recuerda "las denuncias sobre estafas y situaciones de conflicto por el cobro de tasas de interés excesivas -a veces usurarias-, en los créditos ofrecidos por instituciones, comercios y entidades de crédito -no bancarias- instaladas en nuestra provincia".
Un caso de estafa.
Cita el diputado provincial el caso de "una trabajadora que solicitó un crédito en una financiera por un monto de $900 a abonar en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas".
Al momento de solicitar el préstamo -señala- se le hace firmar un pagaré por $1.880,10 con fecha de libramiento del pagaré el día 8 de agosto de 2008 y su vencimiento el día 5 de septiembre de 2008.
A los 45 días se le inicia juicio por esa suma, no obstante haberle sido otorgado sólo $900 de crédito con menos $ 43 por los descuentos por impuestos.
O sea que recibió en efectivo sólo la suma de ochocientos cincuenta y siete pesos ($ 857).
Creemos que ello puede constituir una estafa, porque sólo correspondía que suscribiera el pagaré por novecientos pesos ($ 900) y ante la falta de pago, se la demanda judicialmente por esa suma con más los intereses pactados.
Sin embargo en forma inmediata se le reclama el total de los intereses no devengados, razón por la que va a tener que abonar más del doble de lo solicitado, lo que hace una tasa de interés de mas del 100% anual.
Acotamos sólo a título informativo, que la damnificada ha formalizado la denuncia penal y que nos preocupa la mora judicial en el tema.
Abruma pensar en la indefensión y el estado de necesidad de la trabajadora y la inescrupulosidad de quienes operan en el otorgamiento y cobro de estas sumas no adeudadas enriqueciéndose indebidamente.
A esta trabajadora, al quedar en mora por la falta de pago en la segunda cuota, la financiera le inicia una demanda de cobro judicial por el doble de lo solicitado más los intereses y honorarios, lo que en números se convierten en más de dos mil quinientos pesos ($ 2500.-).
Ello en apenas escasos tres meses.
Comentá la nota