Los diputados nacionales del PRO y los miembros del bloque Demócrata de Mendoza presentaron un proyecto en la Cámara baja promoviendo el Juicio Político al canciller Héctor Timerman por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en la negociación y firma del memorandum de entendimiento con Irán.
Según surge del documento, Timerman incumplió en las obligaciones y responsabilidades de cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y la legislación vigente, velar por el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial, entender la política de desarme, seguridad y antiterrorismo internacional, la prevención y sanción de delitos internacionales, la protección y asistencia de los ciudadanos e intereses de los argentinos en el exterior y fortalecer sus vínculos con Argentina, entre otras.
La diputada del PRO advirtió que Timerman es el responsable de las consecuencias que el memorandum acarrea: "Perjudicar a las instituciones argentinas, atentar contra los Derechos Humanos y sellar la impunidad de la causa AMIA, castigando una vez más a los familiares, víctimas del atentado y a toda la sociedad argentina".
En referencia a la misiva de Interpol, que destacó como "un desarrollo positivo" al memorandum, Alonso señaló: "De ninguna manera la nota que la Presidenta celebra con llamativa euforia por Twitter garantiza verdad, memoria y justicia a las víctimas y sus familiares. Es llamativo que el señor que la firma exprese tan livianamente una opinión sobre el acuerdo y de casi por sentado que el mismo sea 'positivo' para el esclarecimiento de la causa judicial".
"Sería interesante ver la carta que envió Timerman para entender esta respuesta que parece excesiva para las atribuciones de un consejero jurídico. No se puede comprender toda la historia si sólo nos permiten acceder a una mitad", concluyó la legisladora.
Los puntos principales del pedido de Juicio Político, describen que el Tratado con Irán:
No garantiza la investigación del atentado ni asegura la sanción a sus responsables: garantiza la plena impunidad para los imputados iraníes y dilata la investigación judicial.
Dilata el proceso inútilmente: el interrogatorio no se asimila a una declaración indagatoria en términos de la ley argentina, se efectúa en Teherán y la República Islámica de Irán no se compromete a la extradición de los imputados.
Puede ser interpretado de manera diferente por los dos países. Funcionarios reconocieron que la interpretación argentina del interrogatorio puede ser distinta a la de Irán. Esto dejaría sin sentido al acuerdo.
Viola el artículo 109 de la Constitución: El Poder Ejecutivo interfiere en la órbita del Poder Judicial por la creación de una "Comisión de Verdad", por disponer lo que deban hacer las autoridades judiciales argentinas y por establecer reglas y condiciones para la declaración de los imputados iraníes.
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