Tanto el empresariado como el gobierno de esa provincia, dicen que la prórroga de la Promoción Industrial en San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis, afectará mucho su economía.
Ante el fin del régimen que se avecina hacia finales de diciembre, a modo de presión las provincias que gozan de los beneficios de la promoción industrial decidirán en los próximas días medidas de fuerza y ese miércoles, en un plenario que tuvieron en la Rioja, las centrales sindicales de esos distritos comunicaron que esperarán hasta el próximo 17 de diciembre una respuesta de la Nación sobre este tema. De no recibir una respuesta favorable, anticiparon, comenzarían a cortar rutas en toda la zona de Cuyo.
Barg desestimó la presión y sostuvo ante la prensa que: “Este apuro no confirma otra cosa que la casi muerte natural del decreto 699. Nosotros no tenemos ninguna noticia, ni a favor ni en contra, de que el decreto se vaya a reglamentar. No se mueve. Haciendo un juego de palabras, el movimiento que hay en La Rioja es una respuesta al no movimiento de la reglamentación del 699. Y eso será así”.
La polémica por la promoción, al menos la ultima, entre Mendoza y sus vecinas lleva más de dos años cuando en mayo de 2010 Cristina Kirchner firmó el decreto 699 que prorrogaba por 15 años los beneficios impositivos en San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan.
A través de una presión política y judicial, Mendoza logró detener el avance de ese decreto y el entonces gobernador Celso jaque logró, a través de un acuerdo que alcanzó con sus colegas promocionados y el gobierno nacional, que Mendoza quedara incluida en las excenciones impositivas. Pero Néstor Kirchner, poco antes de morir en octubre de 2010, paró ese arreglo que nunca llegó a concretarse.
A principios de este año Mendoza sufrió un revés judicial fuerte por este asunto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó desestimando por cuatro votos contra tres la medida cautelar presentada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael para frenar el avance del decreto presidencial que pretendía extender los beneficios de la promoción industrial por 15 años a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.
Esa derrota provincial en los tribunales nacionales abrió la puerta para la aplicación de la norma y la firma de los convenios respectivos entre las provincias beneficiadas y la Nación.
Por ello, entre otras cosas, las CGT vecinas podrían disponer el inicio de un plan de lucha con cortes de rutas para reclamar por el régimen que se agota totalmente a fin de año y que ya generó, como el caso de San Juan, que la promoción prácticamente se extinguiese en el transcurso de los últimos meses.
Precisamente el gobernador de esa provincia, Jose Luis Gioja, salió hace dos días a calmar los ánimos que se caldearon por este tema y ante la posible pérdida de 8.000 fuentes de trabajo. “Estamos trabajando por un tiempito más, porque hoy no tenemos los instrumentos legales para prorrogar la promoción”, dijo Gioja ante los medios.
A su vez, desde hace unos días circula, en las provincias que mantienen la disputa por la promoción, que la Nación terminaría frenando definitivamente la reglamentación del decreto 699 y en ese sentido le atribuyen al secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Carlos Pezoa, ser el principal impulsor de ese freno. Los argumentos del funcionario estarían centrados en el alto costo fiscal (se habla de 8.000 millones de pesos) que la prórroga del régimen traería detrás de sí.
Ante ese escenario fue que las centrales sindicales que sienten la inminencia del fin del régimen reaccionaron y que se hablaran de soluciones intermedias, como fue que se mantenga los beneficios impositivos al menos a las empresas que ya están radicadas en la región y que no se abriera a nuevos emprendimientos como para frenar el éxodo de establecimientos y acallar las quejas mendocinas.
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