El Diario Uno de Mendoza encendió la alarma y, aunque finalmente resultó una información errónea, fue un claro síntoma de la preocupación que tiene la provincia vecina por lo que va a fallar la Corte Suprema de Justicia respecto de la medida cautelar que tiene en suspenso el decreto 699/2010, por el cual la Nación prorroga por 15 años los beneficios de la promoción industrial para San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja.

El periódico tituló: "La demanda de Mendoza por la Promoción Industrial pierde tres a cero en la Corte". En su interior, afirmaba que tres jueces ya habían fallado a favor de las provincias promocionadas, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y, recientemente, Ricardo Lorenzetti, el titular del máximo tribunal. Incluso daba las fechas en las que cada supremo había decidido publicar su opinión.

Para Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis, eso es imposible. "En la Corte todo es súper secreto, hay una discreción total sobre los fallos que va a emitir. Es cierto que cada expediente que entra, se sortea el orden en el que lo van a leer los magistrados, pero nada sale de ahí adentro, son puras especulaciones", aseguró el funcionario puntano.

De todas maneras, en el ámbito judicial se viene comentando que la definición está cerca y que sería en contra de la pretensión de Mendoza de frenar la promoción industrial para sus vecinas. "Es todo off the récord, en los pasillos se puede comentar que el fallo puede ir para un lado o el otro, pero es apresurado decirlo ahora. El expediente va pasando por los despachos de acuerdo al orden del sorteo, los jueces lo van leyendo y preparando un dictamen. Cuando hay mayoría, se reúnen en lo que se conoce como Acuerdo, que casi siempre es los martes. Allí recién sale un fallo conjunto, que puede tener disidencias. Pero no hay votos adelantados ni particulares", descartó Allende.

Además de los tres magistrados apuntados por el Diario Uno, el expediente ya pasó por las manos de Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Aún falta que lo sometan a estudio los otros dos jueces de la Corte, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt. Recién en ese momento la Corte estaría en condiciones de fallar. Aventurar un plazo también es una misión imposible. "La Corte Suprema no tiene tiempos, los manejan ellos. Puede ser un mes o un año", dijo el fiscal de Estado. Las mismas voces que apuestan a una victoria de San Luis y el resto de las provincias promocionadas, porque así lo indica la jurisprudencia que sigue la Corte, hablan de uno o dos meses más para saber el fallo definitivo. "Va a ser sencillo, o mantiene la cautelar como pide Mendoza o la deja sin efecto, lo que automáticamente pondría en vigencia el decreto 699/2010 y la Promoción Industrial volvería a regir hasta 2027", cerró Allende.

La medida cautelar la interpuso la Cámara de Comercio de San Rafael, temerosa de que la Promoción Industrial de las provincias vecinas atente contra el desarrollo del sur mendocino. Si la Corte rechaza el recurso extraordinario, quedaría firme el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que argumentó que un grupo de empresarios no tiene legitimidad para demandar a la Nación y que, además, la promoción industrial no trajo perjuicios para Mendoza.

En vista de lo complicada que es la situación, Pablo Asens, presidente de la Cámara de Comercio, ya salió a pedirle una "solución política" a Francisco Pérez, el gobernador mendocino.