Los ruralistas de Federación Agraria Argentina, Coninagro, Carbap y Sociedad Rural, reiteraron su oposición a la aplicación del esquema para “multipropietarios”, según el cual el pago del Inmobiliario Rural se calcula sobre la valuación sumada de la totalidad de las propiedades que posea un contribuyente y no sobre cada una de ellas por separado.

Esta medida fue incluida por la administración de Daniel Scioli en el proyecto de Ley Impositiva.

De acuerdo con algunas estimaciones de los ruralistas, si la suma del valor de la base imponible de las propiedades supera los 200 mil pesos, los productores pagarían subas del 60 por ciento.

En ese contexto, exponentes del sector campestre en el partido de Junín serán anfitriones esta semana de sus pares del resto de la provincia, en una reunión que servirá para determinar si concretan algún tipo de acción de protesta. En ese encuentro, convocado por la filial local de la Federación Agraria Argentina, es probable la presencia de Eduardo Buzzi, presidente de FAA y líder del reclamo chacarero.

Fabián Cavallotto, titular de ese organismo agrario en nuestra ciudad, adelantó a DEMOCRACIA que “organizamos una reunión con todas las filiales de la provincia de Buenos Aires, que se va a llevar a cabo en Junín y de la cual va a salir la decisión de convocar o no a una medida de fuerza. Es muy probable la presencia de Eduardo Buzzi”.

El dirigente indicó que “es muy fuerte el impacto que tiene el revalúo. La primera cuota con el aumento todavía no nos llegó, pero estimamos que el efecto va a ser muy fuerte. El problema mayor lo sufren los productores que tienen campos de entre ochenta y cien hectáreas, que la suba es superior a los que poseen terrenos más grandes”.

Esponda, más moderado

Más moderado que en otras oportunidades al analizar las consecuencias del aumento del impuesto en cuestión, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda, dijo tener “claro” que la situación financiera de la Provincia es crítica y agregó que “entendemos cuál es el orden de prioridades”.

“No es que estemos de acuerdo con esto ni mucho menos, pero cuando vemos que el Gobernador no le está pagando a los transportes escolares, o ha frenado todas las obras públicas, pedir que vuelva atrás en el cobro de un impuesto es insistir con algo que es muy difícil que se pueda llevar adelante”, asumió.

De todas formas, aclaró que “nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto es anticonstitucional, que no se puede ni se debe hacer, lo cual no nos hace desconocer que hay sectores con muchas necesidades, ni hace que nos creamos el ombligo del mundo. Nunca nos pusimos en ese lugar ni creímos ser el eslabón productivo más importante de la Argentina”.

Sobre una eventual parálisis en la actividad como método de reclamo, Esponda reveló que “tuvimos reuniones la semana pasada y en gran parte de la provincia de Buenos Aires es caótica la situación producida por el agua, entonces decirle a la gente que no siembre o que no comercialice cuando tiene el agua al cuello es bastante descabellado. Por eso no creo que por ahora se baraje una decisión de esas características”.

Además, y respecto al nivel de la suba del tributo, el dirigente marcó que no hay un porcentaje fijo. “Lo que está claro es que es que si bien en un principio nos habían dicho que iban a cobrar el valor imponible y no la valuación fiscal, en la última boleta apareció este último ítem, es decir que no están cumpliendo con lo que anunciaron. Se ve que la desesperación es muy grande y que no hay forma de cubrir el gran déficit” analizó.

Otro que se refirió a esta situación fue Guillermo Gianassi, vicepresidente primero de FAA: “Si se avanza con esto se va a afectar directamente a los pequeños productores rurales que ya vienen con graves problemas por las inundaciones y dificultades para sembrar”. Agregó que “el tema irresuelto de la última suba del Inmobiliario sumado a este nuevo aumento que se pretende aplicar va a generar un nuevo clima de efervescencia en el sector”.

Giannasi, junto con Daniel Assef, de Coninagro, Alfredo Rodes de Carbap y Ezequiel De Freijo, de Sociedad Rural, le plantearon estos reclamos a la ministra de Economía Silvina Batakis, durante una reunión a la que también se sumó el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta.