La Justicia procesó a la diputada fueguina que concluyera su mandato en 2011, año durante el cual se la denunció por la increíble presentación de un título secundario apócrifo ante el Estado Provincial, años atrás, cuando ingresara como empleada.

María Adela Calchaquí fue diputada por la provincia que rápidamente se alió al kirchnerismo y en el 2011 trabajó de manera conjunta con la diputada Rosana Bertone, con quien incluso se encuentra adscripta al día de la fecha.

Fue en ese año electoral que se denunció a la otrora diputada porque “falsificó o utilizó documentos falsos en su calidad de empleada pública con el objeto de percibir en sus haberes, de forma ilícita, el ítem correspondiente al título secundario”, indicó en su momento la acusación fiscal.

La acusación determinó que Calchaquí a principio del año 1990 presentó ante el Gobierno Provincial una “copia fiel” de una constancia de certificación de estudios en trámite, emitida por la Escuela Superior de Comercio Jerónimo Cabrera de la provincia de Córdoba, fechada el 20 de febrero de 1989, indicando que tenía en trámite un certificado de estudio de Perito Mercantil y que no adeudaba materia alguna.

De esta forma percibió de forma ilegítima por este ítem salarial desde 1° de abril de 1990 al mes de diciembre del año 2007, hasta que se le concedió la licencia sin goce de haberes, situación que reviste actualmente ya que reside en Capital Federal, tras su paso por la Cámara de Diputados

La Justicia llegó hasta el establecimiento secundario de la provincia de Córdoba, que informó en el marco de esta causa que “la única alumna María Adela Calchaquí cursó en forma incompleta primer año en 1981, adeudando la asignatura matemáticas. Cursó el segundo año en 1982 y lo repite al año siguiente, en 1983, quedando libre en ese año por inasistencias”.

Asimismo en su declaración jurada, en estudios cursados, Calchaquí aseguró que poseía, “Bachiller- ciclo básico; secundario Perito Mercantil”, declaró en ese otro documento al acceder a la administración pública fueguina.

Esta acción fue considerada por el juez de instrucción, Héctor Daniel Ochoa, como delito, ordenando el procesamiento de Calchaquí por el delito de “defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de estafa, en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”, trabándole asimismo un embargo por la suma de 15 mil pesos.