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La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de licitar la recolección de residuos secos, abriendo el servicio a empresas privadas, desató una fuerte reacción de las cooperativas de recuperadores urbanos. Según explicó la periodista Sol Clemente, “si pasa a manos privadas se van a perder entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo”. La marcha de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores volvió a poner en el centro de la escena una discusión que tiene raíces históricas y legales.

Hasta el momento cerraron 300 sucursales de un plan que prevé la clausura de 900 oficinas en todo el país. Las provincias de San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero son las más afectadas por estos cierres, que dejan a pueblos enteros desconectados de la red federal de entregas.

Casi como un homenaje a los 90, la gestión libertaria pone en venta empresas claves para la soberanía del país. Se espera recaudar unos 3 mil millones de dólares, quitando al estado del manejo de la energía, las rutas y los servicios públicos. Alerta de los trabajadores del sector por las consecuencias que implica esta política.

Empleados del Correo Argentino denunciaron que perciben salarios cercanos a la línea de indigencia y cuestionaron decisiones unilaterales de la empresa. Además, el gremio advirtió sobre la reducción de personal y el cierre de oficinas, y agregó que esto podría afectar el carácter público del servicio.

«Quedamos todos en la calle» advirtieron los trabajadores, tras conocerse el plan de privatización de rutas decidido por el Gobierno.

En el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei accedió a aplicar una serie de reformas estructurales exigidas por el organismo. Según trascendió, el FMI condicionó la firma del entendimiento a la implementación de medidas que incluyen una nueva ola de privatizaciones, el aumento de la edad jubilatoria y la ampliación de los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, alertó sobre las implicancias de la reciente decisión del presidente Javier Milei de transformar el Banco Nación en una sociedad anónima. Para Palazzo, esta medida es «el paso previo a la privatización» de la entidad bancaria más grande del país.

La empresa estadounidense ARC Energy adquiere IMPSA, comprometiéndose a invertir 27 millones de dólares y a renegociar una deuda de U$D 576 millones. La transacción marca el inicio del plan de privatizaciones del gobierno de Javier Milei.

El presidente Javier Milei firmó un decreto para privatizar completamente Belgrano Cargas y Logística S.A., poniendo fin a la operación estatal del servicio ferroviario de carga. Se trata de la red de ferrocarril que transporta granos y otros productos de exportación, fundamental para el área productiva del noroeste argentino porque une a las provincias de la región con los puertos.

Con el argumento de una reestructuració amparada en un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno despidió al menos 57 trabajadores del Ferrocarril Roca.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) expresó su enérgico repudio a la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece la eliminación de programas de ciencia y tecnología, y rechazó la privatización de la empresa IMPSA, una firma clave en el desarrollo industrial nacional.

El Gobierno anunció que transferirá las acciones a un grupo estadounidense y crece la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores de la metalúrgica.

El Gobierno anunció la venta de acciones de Transener y los trabajadores de las empresas privatizadas de los 90 tuvieron una fuerte reaccion.

El Presidente dio detalles de su plan de gobierno para el año entrante, donde adelantó que intentará seguir con "motosierra profunda". "Hicimos un gran recorte y ahora vamos a achicar más el Estado", detalló.