Por Lorena Hak

En busca de dólares, el presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo impulsan su plan de privatizaciones. Si bien todavía no hay cifras oficiales y el proceso avanza lento, estimaciones privadas marcan que las ventas de empresas estatales podrían aportar entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones, según el interés inversor y las condiciones de mercado.

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La ley Bases habilita la venta de un conjunto amplio de activos: desde Enarsa y Aerolíneas Argentinas hasta los medios públicos, el Banco Nación y empresas del sector ferroviario. Todas están en la lista que la administración libertaria busca activar en el segundo semestre.

Incluso si se concreta el escenario más optimista, el ingreso por privatizaciones sería menor al de las exportaciones del agro en el primer semestre, que liquidaron u$s 15.419 millones. Así, el impacto en la balanza cambiaria será limitado.

Qué hace Intercargo, la empresa que quiere privatizar el gobierno de Javier Milei

Aunque el Gobierno insiste en que busca achicar el Estado y reducir el déficit, los ingresos por la privatización de empresas no logran igualar, por ahora, el peso de los grandes complejos exportadores en la generación de divisas.

El marco normativo para la venta de activos

Para facilitar la venta de empresas públicas, el Ejecutivo promovió un conjunto de reformas que incluye la ley Bases, el decreto 416/2025 y la creación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta dependencia tiene a su cargo la coordinación, supervisión y ejecución de todo el proceso privatizador.

Según un informe de la consultora Paspartú, la ley Bases autoriza privatizaciones totales o parciales de compañías estatales. En el sector energético, por ejemplo, se habilitó la venta del 100% del capital accionario de Enarsa y hasta un 49% en el caso de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El gobierno de Javier Milei habilitó sueldos millonarios para la nueva cúpula de la estatal Nasa, que administra las centrales atómicas.

Las ventas podrán realizarse a través de subastas electrónicas o licitaciones tradicionales, bajo un régimen con pautas de transparencia de cumplimiento obligatorio.

A diferencia de la decisión administrativa 85/2018, que contenía recomendaciones de "soft law", el nuevo esquema establece normas con fuerza legal y crea una autoridad específica para implementarlas.

Enarsa, un caso testigo

El caso de Enarsa resume varias de las dificultades que enfrentará el proceso. La empresa es actualmente el brazo operativo del Estado para la política de subsidios al gas natural. Compra GNL a valores internacionales, en torno a los 13 dólares por millón de BTU, y lo vende a las distribuidoras locales por aproximadamente un tercio de este precio. Esta diferencia es cubierta por transferencias del Tesoro.

Tal como detalla el informe de Paspartú, Enarsa lanzó en 2023 y 2024 subastas en el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA) para vender gas a precios internacionales. Por ejemplo, a 14,86 u$s/MMBTU, pero todas las operaciones quedaron desiertas.

El motivo del fracaso de la subasta es que, sin una garantía estatal de que estos costos serán trasladados a tarifas, las distribuidoras no están dispuestas a convalidar los precios ofrecidos.

El decreto 286/2025 autoriza la venta de la compañía, pero —según advierte el mismo informe— "no justifica por qué esta enajenación es necesaria más allá de una referencia genérica a la “eficiencia”.

El análisis de Paspartú remarca que el déficit operativo de Enarsa no se explica por su desempeño económico, sino por su rol como ejecutora de una política pública de subsidios.

Empresas en análisis y primeras decisiones

Durante los primeros meses de 2025, el Ejecutivo avanzó con las privatizaciones de Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales. También se intentó licitar la hidrovía, pero el proceso fue suspendido por falta de oferentes y objeciones judiciales.

Entre las próximas empresas que podrían pasar a gestión privada se mencionan AySA, SOFSE, el Correo Argentino y NASA.

La venta de la participación estatal en Transener también está en evaluación, aunque enfrenta restricciones legales. La ley 24.065 impide que una misma empresa actúe como generadora, transportista y distribuidora de energía, lo que reduce el universo de posibles interesados.

Javier Milei y las empresas ferroviarias

Está pendiente, además, la finalización de la Revisión Tarifaria Integral para el transporte eléctrico. Su resolución sería clave para proyectar los ingresos futuros de la compañía y mejorar su valuación en una eventual oferta.

El informe de Paspartú subraya que esta definición será central para atraer inversores con perfil financiero, ya que garantiza flujos de ingresos previsibles con actualización mensual por inflación.

Cuántos dólares se estiman

Aunque el Gobierno sostiene que las privatizaciones permitirán reforzar las reservas internacionales, todavía no existe una estimación oficial consolidada del monto total que se recaudaría con la venta de activos públicos. En muchos casos, los procesos aún no tienen fechas de licitación ni valuaciones definitivas y dependen de condiciones técnicas, legales y de mercado aún no resueltas.

En el caso de las represas hidroeléctricas del Comahue -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila- el Caputo estimó que la concesión podría aportar entre u$s 400 y u$s 500 millones al Tesoro. Versiones de consultoras especializadas, calculan entre u$s 400 y u$s 700 millones.

A la espera de subasta también están más de 300 inmuebles estatales, con precios base que podrían representar “miles de millones de pesos", tal como indicaron desde el Gobierno en conferencias de prensa. Aún así, la conversión de estas operaciones en divisas dependerá de su éxito y de las condiciones de mercado.

En cambio, no hay estimaciones disponibles para ENARSA, AySA, Correo Argentino, SOFSE ni Transener, ya que aún no se realizaron sus tasaciones ni se conocen los términos de las futuras licitaciones. Por el momento, el volumen de dólares que ingresaría por estas operaciones es una incógnita.

Un enfoque que genera comparaciones

“En 1992, la deuda era de 62.000 millones de dólares. Se privatizó YPF, Aerolíneas, Gas del Estado, electricidad. A fines de los noventa, la deuda había crecido, porque nunca se pudieron pagar los intereses. Esto se capitaliza, se refinancia y la deuda sigue creciendo”, recordó el historiador especialista en deuda, Alejandro Olmos, ante la consulta de Letra P.

Aunque evitó pronunciarse sobre los posibles resultados del proceso actual, señaló que otros países no adoptaron este camino para reducir el peso del Estado.

Las privatizaciones, la apuesta del Gobierno de Milei para sumar dólares.

“Brasil jamás privatizó completamente Petrobras, ni Chile lo hizo con su empresa minera. Aquí parece haber una política deliberada para reducir todo lo que tenga origen estatal”, diferenció.

En el plano político, la ley Bases limitó el universo de empresas habilitadas para la privatización, al dejar afuera a varias consideradas estratégicas o con presencia sindical fuerte.

“El Congreso le aprobó pocas de las rentables. A menos que destruyan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no hay mucho margen para generar ingresos inmediatos”, dijo a este portal el director de Paspartú, Juan José Carbajales.

Expectativas del Gobierno y señales del FMI

La administración Milei sostiene que las privatizaciones permitirán generar un volumen de divisas que contribuya a estabilizar el mercado cambiario y garantizar el cumplimiento del programa económico.

Según Olmos, “el Gobierno confía en que estas medidas van a resultarles útiles para calmar el ambiente del dólar en los próximos dos o tres meses”.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no realizó el desembolso de u$s 2.000 millones previsto tras la última revisión técnica. “Se fueron sin decir una palabra. Esto también es un dato”, planteó el historiador.

El resultado de esta estrategia dependerá no sólo de la ejecución técnica, sino también del interés que despierten los activos en el mercado, de la situación macroeconómica general y de los equilibrios políticos que el Gobierno logre sostener en los próximos meses.