RIO DE JANEIRO.- Apenas había pasado la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 48 horas en el Palacio del Planalto, cuando le estalló ayer una rebelión política en el interior de su coalición de centroizquierda, que la obligó a suspender la designación del segundo escalón de su gobierno.

Un día después de que la nueva mandataria, del Partido de los Trabajadores (PT, de izquierda), anunciara que habrá recortes presupuestarios en todos los ministerios, líderes del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, de centro) se quejaron por el reducido peso que se les otorga dentro de la flamante administración, donde, por ende, manejarán menos dinero de lo previsto.

Además, en una movida calificada de populista, anunciaron también que están en desacuerdo con el nuevo salario mínimo, fijado en 540 reales (unos 320 dólares) por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva antes de dejar el poder la semana pasada.

"Ganamos en una campaña de coalición. Eso no era sólo para ganar la elección, sino para gobernar también. Todos queremos participar bien", advirtió indignado el pemedebista Henrique Eduardo Alves, líder de su bancada en la Cámara de Diputados.

Ante la inminencia de una crisis mayor, Rousseff ordenó suspender hasta el mes que viene la distribución de los cargos gubernamentales que faltan -las cotizadas direcciones de empresas estatales, así como de diversas agencias- y puso en acción urgente a su jefe de gabinete, Antonio Palocci -un experimentado político que fue el primer ministro de Economía de Lula- para encabezar las negociaciones.

También pidió a sus dos más cercanos pemedebistas, el vicepresidente, Michel Temer, y el presidente del Senado, el ex mandatario José Sarney, intentar calmar la revuelta dentro de su partido. "Las nominaciones están en espera hasta que obtengamos algo de diálogo", dijo Temer, tras mantener un encuentro con la cúpula del PMDB en su casa.

Aunque en Brasilia ya todos los analistas se referían a ésta como la primera gran prueba de cintura política para Rousseff, desde el oficialismo evitaron hablar de crisis.

"Esta disputa por cargos es algo democrático y legítimo, porque los partidos intentan tener más espacios en el gobierno", declaró el petista Marco Maia, presidente de la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que los problemas ya se habían originado cuando Rousseff repartió los puestos dentro de su gabinete.

De los 37 ministros, el PT se quedó con 17 cargos, dejó sólo 6 al PMDB, y el resto los dividió entre los 11 partidos que conforman la coalición de centroizquierda. Las primeras señales de alarma ya habían sonado anteayer, cuando el PMDB boicoteó las ceremonias de transmisión de cargo de los ministros del PT.

Históricamente, el partido más poderoso de Brasil, el PMDB tiene armas de peso para hacerse valer: no sólo cuenta con la mayoría de los gobernadores y alcaldes del país, sino que además es la primera fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputados. Cualquier legislación que Rousseff quiera hacer avanzar, deberá contar con un mínimo apoyo del PMDB.

El propio Lula tuvo varios roces con el PMDB durante su primer gobierno, cuando era un partido opositor, pero gracias a su talento político y carisma consiguió controlarlo.

No sólo eso, sino que en 2005 hasta lo incluyó en su gabinete, luego de que la agrupación le otorgó el respaldo clave para salir airoso de un escándalo de corrupción que sacudió a la cúpula del PT en el Congreso (el llamado "mensalão", que destapó que el partido oficialista pagaba a otros legisladores para conseguir el apoyo de sus proyectos). Fue ése el germen de la actual coalición, y desde entonces el PMDB integra la estructura del gobierno.

"Todo se resolverá a su tiempo y a su manera", intentó mostrarse calmo y optimista el vicepresidente Temer, quien ayer actuó todo el día detrás de bambalinas con representantes de su partido.

Sin embargo, los cimbronazos se incrementaron por la tarde, cuando los rebeldes del PMDB indicaron que no están de acuerdo con el nuevo salario mínimo, de 540 reales, y quieren que se aumente a por lo menos 560 reales.

"El PMDB no está convencido sobre ese valor. Será importante que el equipo económico discuta con la base aliada y nos convenza de ese valor", apuntó el diputado Henrique Eduardo Alves, líder de la bancada pemedebista, al poner un nuevo escollo en el camino, ya que el alza que había aprobado Lula la semana pasada (de 510 a 540 reales) debe ser aprobada aún por la Cámara baja.

Cuentas en orden

El ministro de Economía, Guido Mantega, no tardó en responderle. "En este momento sería temerario aumentarlo a más de 540 reales. Si viniese alguna cosa diferente, vamos a vetarla", dijo, convencido de la necesidad de que se pongan las cuentas en orden.

Por otra parte, ante la continua subida del precio del real frente al dólar, Mantega afirmó que el gobierno no permitirá la sobrevaluación de la moneda local, que perjudica las exportaciones brasileñas.

"El gobierno está atento a la tasa de cambio, no permitirá que el dólar se derrita y no mediremos esfuerzos para impedir que el dólar caiga", subrayó, y aclaró que tiene "infinitas medidas" para evitar el deterioro de la situación, pero no presentó ninguna. "Esas bondades no se anuncian, se hacen", advirtió.

Anteayer, la moneda brasileña se cotizó a 1,65 por dólar, por debajo del simbólico techo de 1,7 de los últimos meses. Ayer recuperó un poco de ese espacio, y cerró a 1,664 (ver aparte).

MARCHAS EN ITALIA POR UNA EXTRADICIÓN

ROMA (AFP).- Varias ciudades de Italia, entre ellas Roma y Milán, fueron escenario de ruidosas manifestaciones de protesta por la decisión de Brasil de negar la extradición al ex militante de extrema izquierda Cesare Battisti, condenado en su país a cadena perpetua por su participación en cuatro asesinatos. Las protestas fueron organizadas por partidos de centro así como de derecha e izquierda frente a la sede de la embajada de Brasil en Roma. Los diferentes movimientos políticos marcharon de manera separada durante la tarde de ayer para exigir la extradición de Battisti ante el nuevo gobierno brasileño presidido por Dilma Rousseff.