En medio de la fuerte puja existente entre el Gobierno provincial y la Unión Cívica Radical -sobre Presupuesto Nacional, obra pública, reforma constitucional, aborto y relación con la Nación- el gobernador Francisco Pérez buscará "responder con hechos" a las críticas del radicalismo sobre el porcentaje de fondos nacionales (2,6%) inicialmente previstos en el Presupuesto nacional 2013 para la provincia.

"Esa misma crítica la hicieron el año pasado y la semana que viene preadjudicamos Los Blancos", disparó ayer el Gobernador en Maipú. Allí se mostró junto al senador nacional Adolfo Bermejo y al intendente, Alejandro Bermejo, quien consideró que "la UCR especula con el clima social".

El Gobernador recibirá este mediodía en la Casa de Gobierno- al diputado nacional Guillermo Carmona. Y se descuenta que -a su término- el legislador nacional saldrá a defender públicamente la significación del Presupuesto nacional 2013 para Mendoza.

Pérez dará a conocer en los próximos días qué empresa construirá las dos represas y centrales hidroeléctricas del Valle de Uco y -por lo tanto- podrá explotar la venta de la energía que produzca. Las ofertas -"mejoradas", según el propio Gobernador- corresponden a Cartellone, Iecsa y Pescarmona. Los trascendidos señalan las mayores chances de designación, en ese orden.

También es inminente que Pérez dé a conocer que YPF se quedará con la mayor parte de once de las doce áreas de producción correspondientes al Tercer Llamado. Aunque al parecer, existió una negociación adicional que contempló la subdivisión de alguna de las áreas de la petrolera con mayoría estatal. Mientras fuentes cercanas a las definiciones, señalan a Petroquímica Comodoro Rivadavia "con chances de superar a YPF" en Puelén.

Tal como informó Los Andes en el plan de gastos 2012 las represas hidroeléctricas Los Blancos y Portezuelo del Viento figuran en una planilla anexa junto a obras consideradas "prioritarias" que requieren autorización del Congreso para tomar deuda de hasta 34.341 millones de dólares para costearlas y para ofrecer avales hasta 33.585 millones de dólares a fin de conseguir financiamiento.

Desde el radicalismo el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) desafió a sus pares del oficialismo (Guillermo Carmona, Dante González y Anabel Sagasti) a "debatir el impacto del proyecto de ley de Presupuesto 2013 en Mendoza".

Para Vaquié "a la UCR le consta que se nos ha relegado en la participación del Presupuesto; no se nos han concedido los fondos para obras públicas de vital importancia para la provincia y se ha decidido capitalizar YPF con reservas del Banco Central -a riesgo de que termine como Enarsa- al tiempo que se han dejado a su suerte las economías regionales".

Las distancias entre el gobierno provincial y el radicalismo se han ido profundizando a pesar de la existencia de reuniones puntuales tendientes a acordar una estrategia conjunta para defender la obra pública de Mendoza en el presupuesto nacional.

La reforma constitucional

Las diferencias también se producen en el terreno de la reforma constitucional. Pérez ratificó el envío a Legislatura de su proyecto con reelección en el Ejecutivo provincial, aunque todavía no ha puesto una fecha que viene analizando con el vice Carlos Ciurca. Una muestra del interés nacional que despierta el proceso de reforma constitucional en Mendoza -considerado como el laboratorio de un eventual proceso similar en la Nación- ha provocado un debate en el que no todos están a favor del proyecto oficial.

Funcionarios del gobierno provincial especulan con que el mismo gobernador "se baje" de "su" reelección en caso de ser necesario para facilitar la marcha de la reforma. Al tiempo que Pérez prepara un llamado a foros de discusión social sobre temas de "alto impacto" y "fuerte convocatoria" (como la representación de los departamentos en una cámara legislativa, la implementación del plebiscito vinculante, la articulación del cuidado del medio ambiente con la actividad minera y otros) para generar costo político en las fuerzas políticas que decidan mantenerse al margen del proceso.

En tanto en la UCR, su presidente Alfredo Cornejo considera que "no existe clima social" favorable para la reforma. Así lo manifestó, junto al ex vicepresidente Julio Cobos, tras el último cacerolazo que protagonizaron sectores heterogéneos de clase media.