Sabido es que, desde hace tiempo, la provincia de Buenos Aires no atraviesa por un buen momento desde el aspecto económico-financiero. Ahora bien, a la hora de analizar los números concretos de la administración bonaerense, la situación se torna aún más preocupante.

Ocurre que varios programas gubernamentales, que forman parte de la Ley de Presupuesto que fue aprobada a fines del año pasado y que abarcan áreas sensibles de la gestión gubernamental, están sin ejecutarse. Y de ahí que se generen interrogantes acerca del destino de esos fondos que, se sospecha, podrían estar siendo redistribuidos a fines distintos a los previstos en la ley (principalmente gastos de índole salarial), a partir de los “superpoderes” que tiene el Poder Ejecutivo.

La reasignación de partidas es una facultad prácticamente discrecional que se instrumenta mediante decretos. En teoría, estas disposiciones deberían ser remitidas a la Legislatura para su análisis. Pero la realidad, que siempre es la única verdad, es que en la mayoría de los bloques de la oposición no les prestan demasiada atención o, lo que es peor, miran para otro lado. 

Algunos de los casos más llamativos se registran en el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Según datos públicos de la Contaduría General de la Provincia, de los $21 millones le fueron asignados al programa de equipamiento deportivo Prosede, cuyo objetivo apunta a generar ámbitos físicos para el desarrollo de actividades deportivas a escala barrial, no se ejecutó ni un solo peso en el primer cuatrimestre del año. Lo mismo ocurrió con las partidas asignadas para otorgar subsidios a municipios para obras de Saneamiento Ambiental, con un presupuesto estipulado en $64,8 millones.

Otros programas con ejecución de cero pesos son: 

-Programa Integral de Vivienda Social: presupuesto de $2,2 millones

-Obras del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura federal: presupuesto de $16,6 millones.

Asimismo, en lo que se refiere al Plan de Reconstrucción de Infraestructura de la región capital (obras que deberían hacer en La Plata), que tiene un presupuesto de $785,2 millones, apenas se devengaron $10,7 millones en el primer cuatrimestre, es decir el 1,36% de los recursos. Otro programa que atañe a la problemática de nuestra región es el que apunta al control de inundaciones: de los $380 millones asignados, apenas se ejecutaron $11 millones en los primeros cuatro meses (2,8%).

Las obras de saneamiento que deberían haberse encarado en la cuenca Matanza- Riachuelo, por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no escapan a esta realidad: de los casi 20 millones asignados al programa de inversiones Sustentables de la Autoridad de la Cuenca (Acumar), apenas se ejecutaron $137 mil, es decir, el 0,6%.

La subejecución presupuestaria también se registra en otros ministerios. Por ejemplo, en Seguridad, el área más sensible de la Provincia, durante el primer cuatrimestre apenas se gastó el 1,6% de las partidas asignadas a Infraestructura Policial, que ascienden a 81,2 millones de pesos. Asimismo, de los $1,2 millones presupuestados al Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión, no se ejecutó un solo peso. Una situación similar se registra con las partidas para logística y suministros: de los $478 millones presupuestados, apenas se devengaron $18 millones (3,7%).

En Seguridad, lo que no parece cerrar son los gastos en personal. Al revés de lo que ocurren con los programas subejecutados, en el primer cuatrimestre del año se gastó el 37,6% (unos $4652 millones) del total presupuestado ($12.359 millones) del presupuesto estipulado para cumplir obligaciones salariales. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el gobernador Daniel Scioli anunció en reiteradas ocasiones que se sumarán 10 mil nuevos policías antes de fin de año, no son pocos los que ven que la Provincia necesitará entre 3 mil y 4 mil millones más de lo estipulado en la ley de presupuesto para cubrir los aumentos salariales otorgados este año –y los incrementos aplicados luego de la rebelión de finales de 2013- a la Policía bonaerense y la incorporación de nuevos efectivos. ¿De dónde saldrá ese dinero? Aún es una incógnita.

Cruces por un pedido de juicio político

Volvieron los cruces entre sciolistas y massistas por un pedido de juicio político contra el gobernador. Rápido de reflejos, el diputado provincial del sciolismo, Guido Lorenzino, cuestionó ayer a su par del Frente Renovador, Mónica López, por las denuncias y le solicitó que “en lugar de efectuar denuncias falsas, que se preocupe por investigar las conductas y actitudes de los compañeros del espacio político que integra”.

“La diputada López impulsa denuncias para sacar rédito político utilizando un tema tan sensible como fue la inundación que azotó a la ciudad de La Plata, donde todo el equipo del gobernador, con él a la cabeza, trabajó incansablemente para la reconstrucción de la Ciudad Capital”, apuntó Lorenzino.

Remarcó que López “debería preocuparse por llevar adelante investigaciones contra los dirigentes que integran el Frente Renovador, por sus conductas y actitudes”.

A modo de ejemplo, Lorenzino citó “la falta de voluntad que demostraron los legisladores del Frente Renovador por no apoyar el proyecto de ley que crea la Fiscalía Especializada en Violencia en el Deporte”.

“Con este tipo de actos, el espacio político del que forma parte la diputada López encubre a los barrabravas, a los violentos, que desde la gestión provincial se viene trabajando fuertemente para erradicarlos definitivamente”, aseguró Lorenzino.