El Presupuesto 2026 presentado en el Congreso por el Gobierno nacional prevé un aumento de entre 4,4% y 8% en términos reales para educación, según la inflación considerada. Sin embargo, la inversión educativa continuará en niveles históricamente bajos: se estima que representará apenas el 0,75% del PBI, por tercer año consecutivo por debajo del 1%, un número que no se registraba en la última década.

Ley de Educación Nacional, que rige desde 2006, exigía destinar a partir del año 2010 al menos el 6% del PBI a Educación. Sin embargo, ese porcentaje sólo se cumplió en 2015, y el proyecto oficial del gobierno de Javier Milei propone derogar el artículo 9 que establece ese piso. Según un informe de Argentinos por la Educación, la inversión bajó a 0,88% en 2024, con proyecciones de 0,82% en 2025 y 0,75% en 2026. En 2023, ese porcentaje estaba en 4,9% del PBI.

“El informe refleja la consolidación del desfinanciamiento en 2024 y 2025. El Estado nacional restringe su rol al magro sustento económico de las universidades y deserta del apoyo a la educación básica, infraestructura, formación docente y provisión de herramientas tecnológicas”, opina Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas.

Por su parte, Santiago Bulat, economista y consultor, cree que “lo importante es cómo se usan los recursos, ya que los resultados educativos vienen declinando hace años, y el desafío es articular Nación y provincias desde la educación temprana”.

El Gobierno nacional destinará a la función “Educación y Cultura” 6,8 billones de pesos, lo que representa un incremento del 23% respecto de 2025. El crecimiento real dependerá de la inflación: según el proyecto de ley sería del 4,4%, mientras que tomando el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA (REM) sería del 8%.

Javier Curcio, coautor del informe Presupuesto educativo nacional 2026, advierte: “La programación presupuestaria para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del ajuste en educación. Es clave recuperar consenso político y social para garantizar un financiamiento adecuado, efectivo y sostenible”.

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, apunta: “El desafío es pasar de un ajuste rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. Mantener el piso de inversión en educación no es útil si no se enfoca en resolver los déficits de gestión”.

Universidades y prioridades educativas

La inversión nacional cubre alrededor del 25% del gasto educativo; el resto depende de las provincias, que también habrían reducido sus aportes en los últimos años.

Según las proyecciones, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas con mayor aumento de fondos: 17,9% respecto de 2025, aunque solo representa un crecimiento real de 3,6% según la inflación oficial y 0,1% con la del REM.

El presupuesto concentra el financiamiento en universidades: el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total, seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” (9,2%) y la “Gestión de Becas” (5,8%). El gasto para educación obligatoria y no universitaria apenas alcanza el 14,6% del presupuesto.

En 2026, el Plan Nacional de Alfabetización priorizará la ampliación de la jornada escolar, destinando el 82,1% de sus fondos a esa política. Jorge Lo Cascio, economista y docente, completa: “La caída del 63% en infraestructura y equipamiento profundiza las desigualdades y limita la alfabetización digital”.