Cabe remarcar que los legisladores de la UCR votaron en general a favor de la iniciativa del Ejecutivo provincial, no obstante ello, objetaron algunos artículos del proyecto y solicitaron modificaciones, las que finalmente no fueron aceptadas por el oficialismo.

“No podíamos dejar a la provincia en una situación de limitación”, expresó García Goyena, quien a la vez fundamentó que el presupuesto es, “la ley anual que define políticas, por lo que se puede decir que es LA LEY MADRE, que demanda un importante estudio, y por ello es importante no solo analizar los 40 artículos, sino también los anexos del proyecto donde se ven las diferencias”.

Precisamente, una de las primeras objeciones del radicalismo fue la decisión del gobierno de no entregar en los plazos previstos por normativa el proyecto de la denominada “Ley Madre” para un estudio pormenorizado y exhaustivo de los anexos que contienen el detalle de los destinos de todos los recursos provinciales.

“Lo lógico sería que el gobierno de turno envíe con antelación el proyecto de presupuesto para que otros partidos políticos analicen el mismo y debatan la intencionalidad de ese proyecto; con lo cual, si no tuviera el oficialismo una mayoría, obligaría a buscar consensos y acuerdos”, dijo.

Al mismo tiempo alertó que al momento de tratar el presupuesto provincial se ha impuesto la tendencia de algunos funcionarios de, “ampliar el poder que se arrogan por ocupar un cargo en el Gobierno, incluso desmereciendo a los demás poderes de Estado y contradiciendo las leyes y la Constitución”.

Sobre el particular expresó que, “todos coincidimos en lo malo de la época de la dictadura, porque sabemos que lo primero que suprime una dictadura es el poder Legislativo; pero si desde el mismo parlamento permitimos que se des-jerarquice a este Poder de Estado, también permitimos que se des-jerarquice la democracia”.

Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley sancionada, es la delegación de facultades entre los diferentes poderes del Estado. Sobre el particular García Goyena, junto a sus pares de bloque, planteó modificaciones a los artículos 14 y 16 del proyecto del Ejecutivo, por considerar que los mismos entran en claro conflicto con lo que establece la Constitución Provincial.

A modo de ejemplo, planteó la eliminación del inciso “a” del artículo 14 que autoriza al Ejecutivo a, “crear, modificar y suprimir -total o parcialmente- partidas, efectuar transferencias o compensaciones entre distintas partidas y diferentes organismos…”.

Recordó que dicho inciso contradice el artículo 7º de la Constitución provincial que establece que, “ningún magistrado, funcionario, empleado público, podrá delegar funciones en otra persona, y ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, siendo nulo por consiguiente lo que cualesquiera de ellos obrase en nombre de otro, o con cargo de darle cuenta…”.

Recalcó asimismo que la eliminación de aquellos incisos que implican una delegación de facultades en el Poder Ejecutivo no hubiera incidido en las políticas de la actual gestión de gobierno dado que la mayoría oficialista en Legislatura podría autorizar las modificaciones presupuestarias que fueren necesarias, o requeridas por el Estado.

Por otro lado, al analizar algunos ítems del presupuesto, puso de relieve los incrementos otorgados a algunos sectores de la administración, como el de Desarrollo Social, que de 9,7 por ciento pasó a un 17,24 por ciento del total de recursos. “Esto puede generar muchas lecturas, por ejemplo, que donde hay más necesidades se debe incrementar el presupuesto, pero también se puede decir que en un año electoral se destina más plata a bienestar social para obtener más votos”, dijo.

A la vez puso de relieve el incremento de recursos destinados al sector de Educación no formal, que supera al sector de Educación formal, particularmente en el nivel medio. “Más de 77 millones de pesos frente a 29 millones, más del doble, y encima el control que se puede realizar sobre el área de educación formal es muy superior que el que se puede realizar sobre otras áreas de la educación no formal”, expuso, al tiempo que se pronunció a favor de realizar un relevamiento y control sobre el número de cargos que se designan en área no formal, que podría alcanzar los 11 mil.

No dejó de observar las variaciones en los Subsidios destinados a instituciones privadas. Sobre el particular García Goyena indicó que en el presupuesto sancionado los subsidios tienen una variación del 100 por ciento, situación que contradice lo establecido por la ley 4.682 que fija un tope del 80 por ciento. Afirmó que en caso de registrarse una real necesidad de ampliar los subsidios a instituciones privadas se debería en primera instancia modificar la Ley en vigencia.

Por otro lado, expuso serias objeciones sobre el pronunciado incremento de la planta del personal de la administración provincial, señalando que en el periodo que finaliza se crearon 1.136 cargos, mientras que en el año 2011 el número de designaciones fue de 2.530, lo que a su vez implica un incremento de los recursos salariales. Dicha situación dista de lo que ocurre en la mayoría de los municipios, incluido el de capital, donde se maneja un presupuesto que no se actualiza desde el año 2007.

“No puede ser que la provincia aumente 3666 personas a su planta en los últimos dos años, mientras que a los municipios les sigan pagando los mismos valores del 2007, sin considerar que las actualizaciones salariales son afrontadas por las comunas con sus propios recursos”, manifestó.