El lobby del complejo agroexportador para presionar por una quita de retenciones llegó de forma oficial esta semana al gobierno nacional. Luego de tres meses de road show con la propuesta, el Consejo Agroindustrial Argentino se reunió con el canciller Felipe Solá, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agriculura, Luis Basterra, los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Política Económica, Haroldo Montagu y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. El encuentro fue coordinado por la vicejeja de Gabinete, Cecilia Todesca.  Los principales referentes del concentrado mercado agroexportador que asistieron al convite detallaron su propuesta para rediscutir los convenios laborales, demandar grandes obras de infraestructura, inversión y financiamiento para el sector por parte del Estado y aplicar una "reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación (diez años). Este último punto sería a través de un proyecto de Ley que se presentará en los próximos días en el Congreso. 

Desde que se conformó el Consejo, que incluye entre sus miembros a las bolsas cerealeras y agentes de corretaje, al centro azucarero argentino, a los exportadores de cereales y oleaginosos, a Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y el Consorcio Exportadores de Carnes ABC, el objetivo fue llegar a discutir un programa de estímulo al sector donde no escapa el tema impositivo. En una agenda que los llevó por distintos representantes parlamentarios, funcionarios del Ejecutivo y del sector privado la entidad presentó su programa, el cual promete alcanzar los 100 mil millones de dólares anuales de exportación, con un incremento de 700 mil empleos de manera directa e indirecta.

 

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También solicita que se realice un "Pacto Fiscal Federal" para uniformar criterios impositivos y no elevar impuestos provinciales ni tasas municipales y se habilite un mecanismo expeditivo de devolución del IVA de nuevas inversiones destinadas a la exportación. En la poda tributaria se incluyen descuentos de Impuesto a las Ganancias por la compra de semillas fiscalizadas; bioinsumos; fertilizantes orgánicos e inorgánicos y la compra de Seguros índices, multiriesgo o de productos derivados climáticos y fijar criterios de reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación VA/VBP (Valor Agregado/Valor Bruto de Producción).

Como contracara se le exigiría al Estado regímenes de promoción de inversión en bienes de capital para el sector agroindustrial, programas de garantías financieras para el fomento de las inversiones y exportaciones agroindustriales y un "plan canje integral" para la adquisición de maquinarias y tecnologías de procesamiento nueva/os de origen nacional (tractores, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, maquinaria agrícola menor, equipos de riego, camiones, camionetas, maquinarias y equipos para plantas de procesamiento. Con este mix de menos impuestos y mayores recursos estatales los empresarios del Consejo anticipan llegar al 2025 con un aumento de las exportaciones anuales de 16.000 millones de dólares y un movimiento económico de 31.000 millones.

 

 

La única medida que parece entender la actual coyuntura es el pedido de "ajustes en plazos de liquidación de divisas para acelerar exportaciones". Dada la flexibilización de los tiempos para ingresar los dólares producto de la venta de sus cosechas, las dilaciones en la liquidación de las divisas mantiene la tensión en el tipo de cambio. El programa empresario también contempla modificaciones en las condiciones laborales: "Adaptación de convenios colectivos vigentes, cohesionando necesidades de trabajadores con las demandas de los nuevos puestos laborales, incluyendo el teletrabajo", señala el compendio de medidas que desarrolló el sector. 

Las medidas fueron analizadas por parte del equipo económico aunque varios de los funcionarios entienden que hay pedidos que en la actual coyuntura son impracticables. De hecho, dentro del propio sector manifestaron sus reparos al recetario. En un comunicado firmado por la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados advirtieron que la representación de los productores se encuentra "diluida" y que este proyecto "favorecen enormemente a la industria". Pero la decisión oficial es mantener abierto los canales de diálogo.

“El mandato que nos dio el Presidente es estar a total disposición para el diálogo con los actores de la actividad privada", sostuvo Basterra al término del encuentro. "Estamos en una situación difícil en la economía argentina pero tenemos que exportar más y generar trabajo en el interior”, aseguró Solá.  “La Argentina está normalizando su macroeconomía. Venimos de una crisis muy complicada que heredamos cuando iniciamos el gobierno, con una macro muy desordenada. Ahora es nuevamente producción y trabajo en el eje central; una economía ordenada que promueva más inversión, más consumo y un círculo virtuoso en la economía”, concluyó Kulfas.