Reitera el empresario su inocencia en las causas de lesa humanidad que se siguen en su contra, habla de una "interpretación sesgada del Juez Fernando Poviña y plantea un fuerte cuestionamiento a la actuación del fiscal del trámite.

"El Juzgado Federal 2 de la Provincia de Jujuy, a cargo del juez Federal Fernando Poviña", comienza la carta, "resolvió el 15 de noviembre pasado procesarme como partícipe necesario en la detención ilegal de 29 personas ocurridas durante la última dictadura militar, en las causas "Aredez" y "Burgos", dice en su carta Blaquier.

Agrega: "Sobre la base de una interpretación sesgada del contexto político económico vigente en la década del 70, el juez concluyó que Ledesma habría aportado camionetas a las fuerzas de seguridad durante la dictadura y que esas camionetas se habrían utilizado para el traslado de personas detenidas en forma ilegal. Hasta el momento numerosas pruebas aportadas por mi defensa no fueron valoradas ni tenidas en cuenta. Ratifico una vez más que Ledesma nunca prestó camionetas a las fuerzas de seguridad para la detención de personas. Hemos apelado esta resolución judicial", definió.

En otros párrafos de su misiva, dice el titular de la empresa azucarera: "Uno de los fundamentos relevantes que poner de manifiesto el juez al momento de ordenar mi procesamiento y el del ingeniero Lemos, es que, según su visión histórica, Ledesma se habría beneficiado económicamente durante el periodo iniciado en 1976, merced a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno militar. Nada más alejado de la realidad”.

“En ese periodo la empresa tuvo muy malos resultados económicos y productivos. Mi afirmación es muy fácil de demostrar. Si tomamos los datos de retorno sobre la inversión (calculado como ganancia o pérdida dividido por el patrimonio neto) que se utilizan habitualmente para medir la rentabilidad, surge que los peores resultados de la empresa se produjeron durante la dictadura militar (1976-1983) y en la década del ’90, periodos en los cuales la rentabilidad promedio fue el 3,6% y 1,4% anual respectivamente. En cambio, en los periodos pre-neoliberal (1927-1975) y post convertibilidad (2002-2012) la rentabilidad promedio anual sobre el patrimonio fue de 11,3% y 8,7% respectivamente”.

“En síntesis, Ledesma no sólo no se benefició sino que, por el contrario, se vio perjudicada por las políticas neoliberales aplicadas en la Argentina a partir de 1976. Es bien sabido por todos los historiadores y economistas que conocen la actividad azucarera que, hasta hace pocos años, el mercado internacional del azúcar estaba fuertemente influido por las políticas de subsidios y protecciones de Europa, que provocaban mercados internacionales de excedentes a precios ridículamente bajos. Por esta razón todos los países productores estaban obligados a defender sus industrias con diversas medidas de protección contrarias a las políticas neoliberales".

Datos históricos

"Otro argumento es que yo habría apoyado la persecución de gremialistas. Eso es falso y, como en el caso anterior, los datos históricos objetivos refutan claramente los fundamentos de la resolución judicial. En efecto, ninguna de las víctimas era gremialista o sindicalista de Ledesma. De las 29 víctimas, 7 eran empleados de Ledesma. Ninguno de ellos tuvo jamás conflictos o problemas con la empresa. Sus legajos, que están en las causas, lo confirman”.

“Quiero destacar que en 1976 trabajaban 12.500 personas en Ledesma, que la actividad azucarera es mano de obra intensiva y que Ledesma fue de las primeras empresas en tener un proyecto de Responsabilidad Social para sus empleados y las comunidades donde estamos presentes. Entre 1970 y 1977, Ledesma construyó más de 5.000 viviendas para su personal. Además donó al estado en 1975 (tal como consta en el Decreto Presidencial 1624 de junio de 1975) 3 hospitales íntegramente equipados y construyó 3 escuelas que perduran hasta la fecha con una matrícula de 1300 alumnos por año. Adicionalmente en 1975 Ledesma donó 75.000 hectáreas que hoy constituyen el Parque Nacional Calilegua", señala la misiva.

Más adelante, el doctor Blaquier expresa: "Hay declaraciones de dos hermanos, realizadas por primera vez en noviembre de 2011 y agosto de 2012, que dicen recordar que fueron trasladados a un destacamento de Gendarmería en una camioneta que tenía, según sus declaraciones, el logo de Ledesma. Pasaron casi cuarenta años desde entonces y nunca antes lo habían dicho. Estas declaraciones se contradicen con las de cuatro víctimas que declararon reiteradas veces desde 1984 y que fueron detenidas junto con estos hermanos. Ellos confirmaron que fueron trasladados en una camioneta de la Policía de la Provincia de Jujuy.

La causa Aredez

En la causa Aredez dijo: “obran siete declaraciones distintas de la señora Márquez de Aredez, y en cada oportunidad ella varió su testimonio en forma sumamente contradictoria. Ledesma S.A.A.I nunca tuvo animosidad de ninguna especie hacia el Dr. Aredez y éste nunca acusó a la empresa de haber colaborado con su detención. El doctor Luis Aredez, después de recuperada su libertad, nunca dijo que fue llevado detenido en una camioneta de Ledesma".

"Mi defensa y Ledesma -pone de relieve el empresario- han aportado pruebas documentales que contradicen las acusaciones, en particular el testimonio de víctimas de la época que relataron que existía entre la empresa y los gremios un diálogo fructífero y cordial”.

“También mi defensa ha probado que muchas de las víctimas de detenciones ilegales que trabajaban en la empresa fueron reincorporadas o iniciaron su relación laboral inmediatamente después de recuperar la libertad y mientras todavía estaba en el poder el gobierno militar. Tres de estas personas continúan trabajando hoy en la compañía”, destacó.

Asimismo señaló: “Entre las pruebas aportadas quiero destacar que la Gendarmería Nacional Argentina respondió a un oficio judicial a comienzos de noviembre de este año 2012, en donde reconoce lo denunciado por mi defensa acerca de que un decreto de 1966 -diez años antes que los trágicos sucesos de 1976- dictado por el presidente constitucional Arturo Illia, obliga a la empresa a proveer de recursos a la sección de Gendarmería que se instaló en Pueblo Ingenio para controlar el intenso tráfico migratorio que generaba la zafra azucarera y agrega en su respuesta que no surge de sus registros que se hayan utilizado vehículos de Ledesma para trasladar detenidos".

Cuestionamiento

"Para ir terminando quiero señalar algo que me preocupa. A pesar de que según la ley los fiscales deben mantener independencia de las partes para actuar con imparcialidad y objetividad en la tarea acusatoria, desde julio de este año quien actúa como Fiscal en ambas causas es el doctor Pablo Daniel Pelazzo, abogado de los querellantes. Es decir, el fiscal me imputa e investiga es el abogado de la parte acusadora" cuestionó el docto Blaquier.

"Este Fiscal ad hoc ha pedido mi detención en siete oportunidades, cuatro como abogado querellante y tres en su nuevo rol de fiscal ad hoc. Todas ellas sin prejuicio de que he demostrado al juzgado y a la sociedad que estoy totalmente a disposición de estas investigaciones. Tengan la plena seguridad de que voy a seguir a total disposición de la Justicia prestando toda mi colaboración para demostrar que no hemos tenido ninguna responsabilidad en relación a estos hechos", concluye la carta del empresario.