En medio de una crisis política que parece no tener fin, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue acusada este domingo por la Fiscalía de ser cómplice en un masivo caso de corrupción y tráfico de influencias, que desató una ola de protestas multitudinarias y destruyó completamente su popularidad.

Esta semana el Parlamento autorizó la apertura de una investigación sobre el escándalo que mantiene en vilo a la potencia asiática y este domingo los fiscales independientes a cargo anunciaron que, pese a que no pueden presentar cargos penales contra una presidenta en funciones, sí la acusaron de colaborar con su íntima amiga, Choi Soon-sil, y otros dos ex asesores para presionar a empresas locales para que donaran dinero.

Choi es acusada de utilizar su vínculo y su llegada a la presidenta para forzar a empresas locales a donar millones de dólares a fundaciones y ONG, con las que luego ella hacía dinero.

Además, Choi, una mujer de 60 años sin ningún cargo político, también es acusada de haber influenciado directamente en la designación de funcionarios e inclusive en el diseño de iniciativas públicas presentadas por la presidenta, de 64 años.

"La presidenta jugó un rol de complicidad en una parte considerable de las actividades criminales que involucraban a las (tres) personas", informó este domingo a la prensa Roh Seung-kwon, uno de los fiscales encargados del caso, según la agencia de noticias local Yonhap.

 Inmediatamente, el abogado de la mandataria, Yoo Yeong-ha, rechazó la acusación

"No puedo aceptar ninguna acusación que califique a Park como cómplice", aseguró en un comunicado el abogado y agregó que la investigación preliminar que presentaron los fiscales está "basado en la imaginación y las conjeturas", según la agencia de noticias EFE. 

La Constitución de Corea del Sur no permite acusar penalmente a un mandatario en funciones, excepto por los cargos de insurrección y traición. Sin embargo, la oposición ya advirtió que la investigación podría avanzar y Park ser imputada y condenada después de entregar el poder. 

Sin embargo, las protestas multitudinarias en las calles de Corea del Sur dieron más aire a la oposición, que ahora ya pide abiertamente la renuncia de la mandataria.

"La presidenta se convirtió en sospechosa, lo que crea las condiciones legales para presentar una moción para su sustitución", propuso ante la prensa Youn Kwan-suk, vocero del opositor Partido Democrático.

Youn, además, apeló directamente a Park y le pidió que escuche a "los pedidos de la gente" y renuncie para evitar "arrastrar al país a una crisis aún mayor".

La investigación abierta esta semana por el Parlamento tenía previsto comenzar en diciembre recién, por lo que el anuncio de la Fiscalía de este domingo sorprendió por su rapidez.

Una de las explicaciones podría ser que el sábado, por cuarto fin de semana consecutivo, cientos de miles de personas marcharon en todo el país para pedir la renuncia de la presidenta Park, la primera mujer en ocupar el cargo. 

Park asumió en 2013 y su mandato recién terminará en febrero de 2018. 

Sin embargo, desde que el escándalo estalló, la popularidad de Park se derrumbó hasta llegar a un 5%, un mínimo histórico para ella y para cualquiera de sus antecesores. 

La crisis se profundizó tanto en las últimas semanas que Park se vio obligada a retirar su candidato para primer ministro y anunció que estaría dispuesta a aceptar un nombre elegido por el Parlamento, si el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo.

Inclusive, la mandataria adelantó que si se consigue ese consenso, ella cedería el control sobre todo el gabinete.

El escándalo que sacude a la potencia asiática tiene como principal protagonista a Choi, la amiga íntima de la presidenta que se encuentra en prisión desde principios de mes, por abuso de autoridad, coerción e intento de fraude, entre otros delitos.

Según la acusación de la Fiscalía, Choi modificó discursos de Park, intervino encubiertamente en asuntos de Estado y captó fondos de forma ilícita utilizando su influencia.

Se cree que llegó a presionar a más de 50 empresas locales para que donaran un total de 65,7 millones de dólares a dos fundaciones que supuestamente controlaba y que le generaron ganancias.

Entre las empresas que fueron presionadas se destacan el fabricante de autos Hyundai Motor, el gigante de las telecomunicaciones KT o el productor de acero POSCO.

Choi además está acusada de intentar derivar dinero de una de estas organizaciones sin ánimo de lucro a una empresa controlada por ella.

La Fiscalía presentó también este domingo cargos por este caso contra An Chong-bum, un ex asesor de la presidenta que supuestamente participó en estas actividades; y contra Jeong Ho-seong, un antiguo secretario de Park, al que se le acusa de haber entregado documentos gubernamentales y presidenciales a Choi.