Presentan proyectos de ley para la municipalización de Punta Mogotes

Presentan proyectos de ley para la municipalización de Punta Mogotes

Los legisladores provinciales Maximiliano Abad, Alejandro Rabinovich y Ariel Martínez Bordaisco, de Juntos por el Cambio, impulsan las iniciativas en la Legislatura bonaerense. Los antecedentes en la materia se remontan a hace más de cuatro décadas.

Los senadores Alejandro Rabinovich y Ariel Martínez Bordaisco y el jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentaron este jueves sendos proyectos en la Legislatura bonaerense para impulsar la municipalización del Complejo Punta Mogotes.

Una de las iniciativas ingresó al Senado y la otra a la Cámara de Diputados. Ambas encomiendan al gobernador a restituir la administración, conservación y explotación del sector a la Municipalidad. 

Los antecedentes en la materia se remontan a la creación del ente “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado” llevada a cabo por convenio el 20 de noviembre de 1979. Lo firmaron el entonces delegado nacional en la provincia, general Ibérico Saint Jean, y el comisionado municipal, Mario Russak, con el objetivo de “encarar los estudios y proyectos necesarios tendientes a la concreción del desarrollo turístico” del área.

El sector había sido transferido a la Municipalidad junto con el resto de las playas que conforman la costa del partido mediante otro convenio entre la comuna y la Provincia suscripto en 1976.

De acuerdo con ese acuerdo, el municipio asumía la explotación, uso y goce de las unidades turísticas radicadas en su jurisdicción así como la administración, uso y goce de las playas y riberas marítimas del partido.

Para posibilitar las obras proyectadas por la sociedad de estado, en junio de 1980 se le otorgó a “Proyectos Especiales de Mar del Plata” la posesión de la fracción de tierra.

Pero, según marcan los fundamentos de los proyectos de ley, “la constitución de esta entidad estuvo marcada por irregularidades y durante su gestión las decisiones autoritarias, la carencia de controles y la asunción de gastos considerables por encima de los costos previstos llevaron a una grave situación económico-financiera y a la existencia de una deuda de gran importancia con el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Eso se evidenció en las memorias de la entidad correspondientes a los años 1980, 1981 y 1982, y llevó a que en la reunión de la asamblea celebrada el 10 de diciembre de 1982 se disolviera y liquidara el ente. Su administración, señala el proyecto, quedó “a la deriva” hasta 1984.

Una comisión investigadora sobre lo actuado por “Proyectos Especiales” confirmó las irregularidades, por lo que en febrero de 1984 el municipio y la Provincia designaron un “administrador interventor” del complejo e iniciaron estudios para la creación de un ente interjurisdiccional que se hiciera cargo del patrimonio y la administración.

Esa labor derivó en la creación de la Administración de Punta Mogotes (APM) con el objetivo de administrar, conservar y explotar por sí misma o a través de concesionarios los 24 balnearios, la laguna, restaurantes y kioscos del sector. Se fijó además que el 70% del patrimonio de la APM es de la Provincia y el 30% de la Municipalidad.

Las partes se comprometieron a notificar cuándo las deudas del controvertido ente “Proyectos Especiales” quedaban extinguidas y la totalidad de las obligaciones le correspondieran a la APM. No sin altibajos, las deudas terminaron de pagarse tras un convenio suscripto en diciembre de 1996 mediante la entrega de bonos de consolidación de la provincia de Buenos Aires en moneda nacional.

“Se entiende que la finalidad de la participación del Estado provincial en la Administración era garantizar que la Provincia recuperase la inversión realizada en el complejo balneario de Punta Mogotes, hecho que estaría cubierto después de tantos años de gestión”, explicaron los legisladores. De ahí que el objetivo del proyecto sea disolver la APM y devolver al municipio el dominio del área, debido a que la composición del patrimonio y del órgano administrativo (con dos miembros designados por la Provincia y uno por el municipio) “hace que sea exclusivamente la Provincia de Buenos Aires la que conduce el organismo”, aclara el proyecto.

Para los legisladores, la experiencia de estas décadas “ha demostrado reiteradamente” la inconveniencia de que los que más conocimiento tienen de los problemas de las zonas turísticas, playas y riberas marítimas sean los que “menos o ningún poder de decisión” tengan.

“En 38 años, a pesar de algunos intentos de remodelación y proyectos nunca finalizados, el complejo de Punta Mogotes ha quedado manifiestamente obsoleto”, cuestionaron Abad, Rabinovich y Bordaisco. Y consideraron que “se hace imprescindible que se efectúe un estudio y la renovación total de la infraestructura del complejo con el fin de integrarlo al resto de la costa marplatense en el marco de una visión estratégica más amplia”.

Entre las modificaciones necesarias “se destacan la integración del complejo con el barrio turístico del mismo nombre, hoy separado por múltiples carriles de vía rápida y extensas playas de estacionamiento”.

Además, “se debe dar relevancia a la naturaleza por sobre el cemento”, añaden los proyectos, y puntualizan que “se le debe dar la importancia que se merecen sus lagunas, que tienen una riqueza ictícola poco conocida y que son visitadas por diversas colonias de aves migratorias”.

En ese marco, acotan que “si bien estas lagunas son consideradas áreas protegidas, la realidad es que nadie contrala la pesca indiscriminada ni se hacen demasiados esfuerzos para evitar la contaminación de sus aguas”.

Por otro lado, “en línea con el objetivo de hacer de Mar del Plata una ciudad con turismo todo el año que genere más y mejores puestos de trabajo para sus ciudadanos, el complejo de Punta Mogotes tiene que hacerse aprovechable para la comunidad durante todo el año y no solamente durante los tres meses de temporada estival, como lo es ahora”.

Para Abad, Rabinovich y Bordaisco, “es imprescindible una reformulación de los espacios que se ocupan con carpas en la playa y que dejan muy poco espacio para la circulación y aprovechamiento público, como se ha impulsado en otras playas bajo administración municipal”.

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