En una señal política contundente contra la corrupción institucional, el Gobierno del Chubut presentó la primera demanda de extinción de dominio basada en la Ley XIII N° 28, aprobada durante la actual gestión provincial. La medida, dirigida contra el ex presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, Carlos Barbato, y su esposa Graciela Perrone, busca que el Estado recupere todos los bienes que la pareja adquirió de forma ilegítima durante el paso de Barbato por la función pública entre 2016 y 2019, período en el que ambos fueron beneficiarios de un incremento patrimonial desproporcionado y sin justificación legal.

El escrito fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia por el fiscal de Estado Andrés Meiszner y su adjunto Christian Martínez. La acción judicial reclama el decomiso de una vivienda en Playa Unión, dos camionetas pickup, un BMW, un UTV Artic Cat, además de otros vehículos adquiridos sin respaldo económico. Todos estos bienes fueron incluidos como prueba en la investigación que en 2023 concluyó con la condena de Barbato y Perrone por el delito de enriquecimiento ilícito.

En palabras del gobernador Ignacio Torres, la presentación representa "una decisión política clave para construir una provincia más justa y transparente". El mandatario fue enfático: “Vamos a seguir combatiendo la corrupción que durante tanto tiempo afectó el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hoy los chubutenses son testigos de un verdadero acto de justicia”.

La Ley de Extinción de Dominio sancionada en 2024 habilita al Estado a reclamar judicialmente bienes que se consideren derivados de delitos de corrupción sin que medie compensación para los acusados. La figura legal establece un régimen procesal civil que permite declarar el traspaso de dominio de los bienes al Estado Provincial si se demuestra su origen ilícito.

Según la demanda, Barbato, mientras presidía el IAS, realizó una serie de adquisiciones que no se condicen con su salario como funcionario público. Se detallan compras de vehículos de alta gama, cuatriciclos, un lote en Playa Unión y la construcción de una vivienda de dos plantas. Todo ello mientras su esposa figuraba como ama de casa sin ingresos propios hasta 2019, cuando ingresó a la administración pública con un sueldo mensual de $31.000.

En el expediente judicial se plantea que esos bienes deben pasar al dominio del Estado sin retribución a los demandados. Se argumenta que el origen ilícito quedó demostrado en la condena penal, y que la ley de extinción de dominio tiene como fin restituir a la sociedad los bienes obtenidos mediante delitos contra la administración pública.

La condena dictada en 2023 por la Justicia de Chubut determinó tres años de prisión condicional para Barbato, junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Su esposa fue sentenciada a dos años de prisión condicional como partícipe en carácter de interpósita persona, figura que refiere a quien encubre o facilita el delito actuando como intermediaria.

En paralelo, la Oficina de Recupero de Activos del Poder Judicial coordina las acciones legales para identificar y ejecutar el traspaso de los bienes. El caso se enmarca en los delitos comprendidos entre los artículos 264 y 268 del Código Penal, que regulan el accionar ilícito de funcionarios públicos y penalizan desde la coima hasta el uso de testaferros para ocultar operaciones.

Entre las pruebas incorporadas figuran facturas de compra, registros registrales, declaraciones juradas y documentación bancaria. Los investigadores remarcaron que muchas de las operaciones se concretaron en fechas sucesivas, con pagos en efectivo y montos abultados sin justificación. Una de las operaciones más llamativas fue el canje de un cuatriciclo Can-Am como parte de pago de un automóvil Audi A1, operación realizada durante el verano de 2018.

Para el Gobierno provincial, esta causa tiene un fuerte valor simbólico y marca un precedente institucional. No solo permite aplicar la ley recién sancionada, sino que posiciona a Chubut como una de las primeras provincias en ejecutar una demanda de extinción de dominio contra un exfuncionario público condenado por corrupción.

La demanda, además de reclamar el cambio de titularidad de los bienes, solicita que los costos judiciales sean afrontados por los acusados. “Los bienes mal habidos deben regresar a la ciudadanía que fue perjudicada por el accionar delictivo”, remarcaron desde Fiscalía de Estado.

La acción se suma a otras iniciativas promovidas por el Ejecutivo provincial para reforzar la transparencia y el control en el manejo de recursos públicos. En palabras del gobernador Torres: “En Chubut, el crimen ya no rinde. Estamos decididos a revertir años de impunidad y devolverle a la ciudadanía los recursos que le fueron robados”.