Según datos oficiales el porcentaje de cumplimiento del programa Precios Justos volvió a incrementarse, tras el impacto del operativo de control de las últimas semanas que puso la lupa en el faltante de productos en la góndola. De esta manera se pasó de un 60% de cumplimiento en stock al inicio del programa en noviembre, a una caída entre fines de diciembre y principios de enero cuando ese porcentaje era superado sobre todo por unas tres empresas entre las primeras 20 más grandes, para ubicarse ahora en torno al 70%.

El nivel de cumplimiento de esta política, que fija los precios de productos de la canasta familiar mediante acuerdos voluntarios con las empresas, no puede pensarse disociado del nivel de concentración que tienen las 20 empresas más grandes de consumo masivo, que representan en total el 72% de la facturación de los productos en la góndola. Es decir que además del acuerdo de precios como tal, tienen poder de mercado para realizar otras maniobras que afecten, por ejemplo, el abastecimiento. 

En cuanto a los precios, si se observa qué pasó con el rubro Alimentos y Bebidas en los últimos dos meses del 2022 se evidencia una tendencia a la baja con incrementos mensuales inferiores al 5% (3,5% en noviembre y 4,7% en diciembre), muy por debajo de las subas sostenidas en ese año, con picos de más de 7% en los meses de febrero, marzo y agosto. Lo que cambió en ese contexto e incidió en la moderación en los precios fue la implementación de la política de control a través del nuevo programa. 

En ese sentido, Precios Justos congeló los precios de 1.900 productos en alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza, logrando “un cumplimiento del programa en materia de precios fijos del 98%", según lo aseguró en una entrevista radial el secretario de Comercio, Matías Tombolini. 

El problema, claro, llegó con el abastecimiento de los productos. Como advirtió el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, a mediados de este mes en El Destape Radio, “lo que está sucediendo es que en los canales que tienen los acuerdos, no está el suficiente abastecimiento" debido a que esos productos faltantes van a “otros canales", que no tienen el tope de subas pautado. Tal es así que entre las primeras 20 empresas de consumo masivo inscriptas en el acuerdo, solo tres firmas (dos de alimentación y una de higiene personal) superaban por entonces el 60% de cumplimiento en la entrega de los productos.

En ese marco es que se intensificaron los controles. “Ante faltantes de stock en supermercados por posibles desvíos de productos, intensificamos los controles en los centros de distribución de Carrefour, Coto y Cencosud” para “constatar que la mercadería que llega en los camiones coincida con lo pedido por los supermercados”, explicaron desde la Secretaría de Comercio en las primeras semanas de enero. 

Se trata de las tres principales cadenas, responsables de aproximadamente la mitad de las ventas en el sector. Además, entre los productos controlados, el organismo mencionó los de las empresas Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Procter & Gamble, Unilever, Morixe y Colgate-Palmolive.

Este viernes, el secretario Tombolini señaló en una nota en Radio con Vos que los últimos relevamientos del programa indicaron que “en materia de stock el cumplimiento ronda el 70% y la señalización el 77%” y dijo que "el desafío más grande” sigue siendo que “el producto esté en la góndola”.  

Muchas marcas, ¿las mismas firmas?

Según un relevamiento del CEPA al que accedió este medio, el poder de mercado de las primeras 20 empresas de consumo esencial queda de manifiesto en que controlan el 70% de la facturación en góndola: Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), Empresa del Distribuidor (8%), Coca Cola (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Río De La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera Del Plata (3%), Cervecería Quilmes (3%), Ada (2%), Pepsico (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestlé (2%), Bagley (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), BRF (2%), Las Marías (1%).

En la misma línea, si se mira qué pasa en algunos rubros puntuales de la alimentación y productos de higiene personal claves en los precios acordados, se observa cómo se conforma la participación de las empresas tanto en producción como en ventas. La empresa Arcor, por ejemplo, concentra el 70,7% del mercado de mermeladas, con marcas como Arcor, La Campagnola, La Campagnola BC, Noel y Dulciora. Además tiene el 20,3% en enlatados e igual porcentaje en juegos en polvo. 

Otro ejemplo es Kimberly Clark. La empresa concentra el 42,5% de las ventas de pañales, con la marca Huggies. Pero a la vez concentra el 27,9% del mercado de toallas femeninas (Kotex y Lina), el 25,4% de los tampones (Kotex) y el 23,8% de los protectores diarios (Kotex).

Hacia adentro de los distintos rubros también es evidente el grado de concentración de algunas de las empresas que están entre las primeras más grandes de consumo masivo. En bebidas con alcohol la empresa Quilmes tiene el 54,8%, y en las de sin alcohol Pepsi llega al 17,3%. En lácteos, las tres primeras firmas del sector explican casi el 75% de la facturación total (Mastellone 33,8%, Danone 20% y Sancor 20,5%).

En el rubro de infusiones, la empresa con mayor participación es Las Marías con el 24,2%, la siguen Nestlé (18,5%), La Virginia (13,2%) y Molinos Río de la Plata (9,4%). Y en cuidado del hogar el 55% de la facturación se explica por la empresa líder del rubro, Unilever, seguida por P&G con el 10,8% y por Papelera del Plata con el 10,2%. Estos tres grupos concentran el 76% del mercado del rubro.

El impacto de los controles 

La puesta en marcha del programa Precios Justos se dio en un momento (desde mediados de 2022 en adelante) en el que los incrementos de precios estaban lejos de encontrar justificación directa en las subas del dólar oficial, los paralelos, las tarifas, las naftas, los precios internacionales o los salarios, todos con aumentos por debajo de la inflación general. Es decir que la regulación de precios buscó responder a sostenidas remarcaciones separadas de la evolución de los costos.

Así, además de los 1.900 productos con precios fijos por tiempo determinado mediante el acuerdo con las empresas de productos de consumo masivo y los topes de aumento para aquellos de las mismas firmas que no están incluidos en los acuerdos (del 4% mensual), se sumaron otros rubros con subas reguladas como medicamentos, indumentaria, naftas e insumos difundidos, un sector de importancia para los costos de producción.

Asimismo, en un contexto atravesado por el las dificultades para la acumulación de divisas, se agregó un incentivo concreto para las empresas que adhieren al acuerdo, a partir de un mejor acceso a dólares para importación, buscando impacto en los niveles de producción y oferta.

Al momento, según datos oficiales, los distintos acuerdos firmados involucran a 358 empresas y la fiscalización reúne a 12 cámaras, 44 asociaciones de defensa del consumidor, 62 municipios y a 38 sindicatos. Sobre este último punto, hasta ahora, se realizaron “7.770 inspecciones en supermercados y 4.488 en mayoristas, así como 2.051 del programa Ahora 12, y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos”, y se registran multas por $440 millones.

Respecto de las cadenas de supermercados, que junto con los hiper y sus respectivas tiendas de cercanía representan el 42% del total de las ventas, datos relevados directamente por este portal dan cuenta de una mejora en el cumplimiento del programa, coincidente con el impacto de la mayor fiscalización de mediados de mes. El relevamiento se realizó en tres supermercados del barrio de Palermo (Carrefour, Día y Coto) sobre la disponibilidad de 20 productos seleccionados de la lista de Precios Justos. Los resultados indican que en el caso del supermercado Día, la disponibilidad subió de 6 (en el relevamiento anterior) a 10 ítems respecto de los 20 controlados, en Coto la mejora tuvo menos impacto ya que se pasó de una disponibilidad de 13 a una de 14 productos, y en Carrefour se mantuvo el mismo número que en el relevamiento anterior (10 de 20 productos).

El Gobierno espera darle continuidad al acuerdo de Precios Justos que vence a fines de febrero, según lo adelantó hace unas semanas el propio ministro de Economía, Sergio Massa. 

La extensión sería hasta el mes de julio e implicaría algunos cambios de las condiciones vigentes. Entre ellos, la suba pautada para los productos que están por fuera de los precios “congelados” sería algo menor al acuerdo actual y sería cercana al 3%, en línea con el objetivo oficial de lograr un incremento mensual de la inflación que desde abril ronde en torno a ese guarismo. Además se intercambiarían algunos productos del listado actual por otros nuevos. 

Finalmente, el total de empresas adherentes podría incrementarse en 124 firmas, totalizando unas 482 empresas, todo ello de concretarse las negociaciones actuales que Economía lleva adelante con el sector empresarial.