Algo huele muy mal en la Justicia Federal de La Plata, donde un solo magistrado está concentrando todas las causas penales que tramitan ante ese fuero, que abarca a la capital bonaerense y a varios distritos de la Provincia.

A partir de la renuncia de Arnaldo Corazza, magistrado que se jubiló, Manuel Humberto Blanco, a los que muchos llamativamente lo apodan “El Negro”, quedó como único juez a cargo de las causas penales. Esto incluye causas relacionadas a la comercialización de estupefacientes, trata de personas, secuestros extorsivos, crímenes de lesa humanidad, falsificación de documentos de identidad y de moneda de curso legal, como así también delitos vinculados con puertos, zonas francas, universidades, etc. No sólo eso: desde 1984 también es el único magistrado con competencia electoral del fuero federal en nuestra ciudad.

Blanco arrastra polémicos antecedentes a raíz de los estrechos vínculos que habría mantenido durante décadas con el poder político, que se suman a denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de causas muy sensibles para la opinión pública, entre ellas la desaparición de Jorge Julio López (ver aparte).

Antes de ser juez, Blanco estuvo procesado por un secuestro extorsivo. Algo que suena imposible, lejano de toda lógica, si la Argentina fuese un país normal y estuviese garantizado que aquellos que son los encargados de administrar justicia llegan a ese puesto clave en función de su idoneidad moral, su profesionalismo y el apego irrestricto a las leyes. Pero la realidad del sistema judicial en nuestro país corre por otro carril.

Cuando era abogado, Blanco fue detenido junto con un grupo de personas acusadas de haber participado en un episodio de privación ilegal de la libertad. El ahora juez alegó en su defensa que su función había limitado a cobrar sus honorarios como letrado patrocinante de los acusados del secuestro. Por eso fue absuelto, pero bajo el beneficio de la “duda”.

Los jueces que integraron la Cámara de Apelaciones señalaron groseros errores cometidos por el fiscal y del juez de primera instancia, y hasta mencionaron que la conducta de Blanco hubiera merecido un más “prolijo y exhaustivo análisis” en el que hubiera correspondido enjuiciarlo como cómplice y no como encubridor. Como ello ya no era posible por razones formales, la Cámara dispuso que se enviara copia de las actuaciones al Colegio de Abogados para que analizara desde el punto de vista ético el comportamiento de Blanco, quien en aquel momento tenía 33 años.

Amigo del poder político

Desde que asumió como juez en los ‘80, Blanco fue teniendo participación en cada uno de los mamarrachos políticos y electorales que fue realizando el poder político. Por ejemplo, le dio aval a esa verdadera aberración jurídica que se conoció con el nombre de “candidaturas testimoniales" en los comicios de 2009, cuando se presentaron candidatos que jamás asumieron las bancas para las que había sido elegidos por el voto popular.

Asimismo, si bien desde muchos sectores vinculan al juez Blanco con un supuesto pasado relacionado al radicalismo, su trayectoria muestra un marcado pragmatismo a la hora de hacerle favores al poder político. Por ejemplo, en lo que fue considerado un caso tan inédito como escandaloso, en las elecciones de 2003, permitió que tres candidatos de un mismo partido político -Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá- se presentaran a elecciones generales, sin pasar por internas. La jugada fue pergeñada por Eduardo Duhalde, que por aquel entonces era el padrino político de Kirchner. Los vínculos con Duhalde se mantendrían hasta la actualidad.

Dos años más tarde, en 2005, volvió a jugar a favor del oficialismo, cuando desestimó un pedido cautelar del Partido Socialista y de la UCR para impedir la oficialización de las candidaturas de Cristina Fernández de Kirchner y de Hilda González de Duhalde. Esos partidos impugnaron al Frente para la Victoria y al PJ, divididos por ese entonces, que lo acusaron de separar la oferta electoral para quedarse con las tres bancas de senadores nacionales en disputa en ese distrito, como finalmente ocurrió.

Crímenes de lesa humanidad: beneficios otorgados a represores

El desempeño de Manuel Humberto Blanco, como juez penal del fuero federal, también deja mucho que desear. Desde las organizaciones de Derechos Humanos dan cuenta sobreseyó a un responsable de “La noche de los lápices”. Y también es sindicado por congelar causas de derechos humanos, entre ellas la que se investiga la desaparición de Julio López.

Actualmente, en sus manos, descansan las causas por delitos de lesa humanidad del centro de detención clandestino de La Cacha, la Brigada de Infantería de 1 y 60 y la Comisaría 8ª de La Plata.

El jefe de La Cacha -según los propios sobrevivientes- fue Julio Barroso, de quien se pidió la detención en enero de 2005. Más de cuatro años después, Blanco ni siquiera lo citó a declarar. Barroso respondía a Ramón Camps y para las organizaciones de DDHH es símbolo de la impunidad vigente en la capital de la Provincia de Buenos Aires, donde la Justicia apenas se encargó del excapellán Christian Von Wernich y del expolicía Miguel Etchecolaz.

Curioso destino el de Blanco -quien además tiene bajo su poder causas de apropiación ilegal de hijos de desaparecidos-, ya que desde febrero de 2009 es juez en el caso Jorge Julio López, el primer desaparecido de la democracia y testigo en el juicio contra Etchecolaz.

“En este momento es una estrellita de los medios por la parte electoral, pero lo que ha hecho este señor es paralizar la causa”, afirmó entonces Nilda Eloy, ex detenida torturada y también testigo contra Etchecolaz. La gestión de Blanco en el caso López se resume en: tomó el caso, pidió recursos económicos para llevarlo adelante y luego intentó derivarlo a la fiscalía en tres ocasiones, hasta que la Cámara Federal de La Plata, con la cual estuvo enfrentado (particularmente con el juez Alberto Durán -ya fallecido-, a quien investigó por casos de corrupción en la época del “corralito”), le ordenó que se hiciera cargo.

“Tiene la causa de La Cacha hace seis años, no hay un solo procesado; tiene el centro clandestino de 1 y 60, ni un procesado; por la Comisaría 8ª, ni un procesado; en cuanto a causas paralizadas, el doctor Blanco tiene experiencia”, denunció en su momento Eloy.

En el ámbito judicial, mucho se comenta el desenvolvimiento de Blanco frente a las cámaras y los flashes, la altanería en sus respuestas y la constante corrección a sus interlocutores. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Blanco, como pocos jueces, ha sabido amoldarse a los gobiernos de turno.

EN FOCO

La necesidad de una justicia independiente

Ante los antecedentes y la evaluación del desempeño del juez Blanco, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que este tipo de personajes puedan llegar a ser jueces federales y mantenerse en el mismo cargo durante más de 25 años?, ¿cómo es posible que los instrumentos de contralor que existen dentro del sistema judicial no se hayan accionado para evitar que personas seriamente cuestionadas en su moral puedan estar decidiendo sobre la libertad y la hacienda de los ciudadanos, y sobre el destino político de una comunidad?, ¿cómo es posible que ni oficialismo ni oposición jamás hayan denunciado lo que este diario está describiendo?

Un país que no tiene Justicia independiente está condenando a no tener futuro.

Es mentira que no existe otro camino posible. Hay jueces y fiscales comprometidos con lo que significa la verdadera tarea de administrar justicia, y que cuentan con la formación necesaria para ocupar los puestos que hoy tienen los amigos del poder. Pero, lamentablemente, son una minoría, que no quiere o no puede emprender el desafío de comenzar a escribir otra historia en la Justicia.