Un proyecto de la diputada Mariana Baudino (PJ) que alude al blanqueo de deudas de titulares de parcelas en el Aprovechamiento Agrícola del Sauzal, ha generado un debate sobre las consecuencias del mismo y están quienes sostiene que la iniciativa es un paso previo para "un negocio inmobiliario".

El trabajo de Baudino, que cuenta con la aprobación de la Comisión de Hacienda, se tratará el próximo jueves en el recinto y el Fepam ha exteriorizado su oposición

El proyecto alude a las deudas contraídas por colonos con el Ente Provincial del Río Colorado y es una readecuación de la Ley 2566 (Programa de Ordenamiento y Recuperación Productiva), sancionada en 2010, que contemplaba a los chacareros enmarcados en la Ley 1801 referida a la colonización de esa zona bajo riego.

El Sauzal, en proximidades de 25 de Mayo, es un aprovechamiento agrícola de 4.185 hectáreas, con un total de 161 parcelas.

En la fundamentación del proyecto, se hace notar que las modificaciones propuestas evitarán que "se atente con el sentido de protección de los colonos de esta zona que se pretendió dar con la Ley 2566".

Dicha norma establece un programa de cinco años para el pago de obligaciones al EPRC a cambio de activar productivamente el predio durante ese período; otra posibilidad es que los chacareros de edad avanzada, canjearan el lote por una vivienda en 25 de Mayo y una pensión graciable, y la última opción: que se pudiera vender el predio, quedando el comprador a cargo de la deuda, que en los cinco años siguientes podía licuarse si desarrollaba la actividad productiva.

En 2010, dos diputados del Frepam, Hugo Pérez y Carlos Bruno, a diferencia de sus pares de bloque, votaron negativamente contra ésta última posibilidad, por entender que era el EPRC el que debía recuperar los lotes y licitarlos.

Críticas

Los críticos de la iniciativa, aducen que en el fondo "existe un negocio inmobiliario", porque del total de los colonos implicados la mayoría no habita en las chacras, no las hacen producir o en el mejor de los casos las alquilan.

De la deuda con el EPRC, en el contexto de la Ley 1801 y sobre un total de 62 parcelas (alrededor de 1.200 hectáreas) que figura en el Programa de Ordenamiento, solamente hubo 11 cancelaciones, mientras que el resto acumulaba a fines de 2009 una deuda superior a los ocho millones de pesos.

Las objeciones apuntan a quienes recibieron esas hectáreas en la zona bajo riego, a la par del río Colorado, porque no desarrollaron una actividad productiva continuada (frutihorticultura, forraje y forestación) y terminaron alquilando las tierras para productores de sorgo, sin liquidar las deudas.

Al remitírseles, o hacer extinguir, sus obligaciones con el EPRC, los colonos quedarían en condiciones de enajenar los inmuebles, por lo que ganarían por partida doble: eliminan la deuda y podrían hacerse con el resultado de la venta o alquiler del predio.

"Esto es un negocio inmobiliario, porque se beneficia al que alquila y nunca puso una semilla", expuso uno de los que cuestionan este "blanqueo", agregando que de los beneficiados el 61 por ciento no vive en las chacras, el 24 por ciento de los titulares fallecieron y solamente el 10 por ciento vive en el lugar.

El EPRC ha iniciado juicios por deudas al 55 por ciento de los chacareros de El Sauzal, con una superficie involucrada de 703 hectáreas, mientras que el 42 por ciento se acogió a la refinanciación, lo que no implica su cumplimiento, con 465 hectáreas.

Pedido de informes

El diputado Carlos Bruno (Frepam-UCR), acompañado por su pares de bloque, presentará en los próximos días un pedido de informes dirigido al ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, para que dé cuenta de lo actuado en materia de deudas de colonos con el Ente Provincial del Río Colorado.

A raíz del proyecto de Baudino, blanqueando las millonarias deudas de quienes, en la mayoría de los casos, dejaron de vivir y producir esas tierras en El Sauzal, los legisladores opositores pretenden saber por qué el EPRC no se hace con esas tierras y las licita.

"Con el proyecto de Baudino se elimina totalmente la posibilidad de que en función de las deudas sea el EPRC el que se quede con los inmuebles. El chacarero que no produjo y no pagó, puede transferir la propiedad a quien ahora la está alquilando, como también la deuda, pero éste, también en el plazo de los cinco años que fija la Ley 2566, si hace producir la tierra quedará libre de esa obligación", explicó Bruno.