“Los policías que critican, estuvieron veinte años en la Federal y nadie dijo nada”

“Los policías que critican, estuvieron veinte años en la Federal y nadie dijo nada”
Martín Borrelli es el Presidente de la Comisión de Seguridad y el principal defensor, dentro de la Legislatura de la Ciudad, de la conformación de una Policía Metropolitana. LPO le preguntó, uno a uno, por los casos de los agentes y comisionados que hoy se encuentran severamente cuestionados por distintos representantes de la oposición.
Con prolijidad, están dispuestas sobre la mesa, las hojas de un informe que da cuenta de los legajos de la Policía Metropolitana. Del otro lado del escritorio, está sentado el diputado Martín Borrelli, que recibió a LPO en su despacho del tercer piso de la Legislatura porteña.

Nadie lo describiría como un hombre de metáforas. Todo lo contrario. Con un discurso frontal y un lenguaje muy directo, el legislador –uno de los más cercanos a Gabriela Michetti- se involucró en la charla y respondió, caso por caso, sobre los nombramientos de los agentes policiales que hoy la oposición impugna.

En los últimos días, legisladores de distintas fuerzas firmaron un documento en el que denunciaban que sobre los 52 altos mandos de la Policía Metropolitana, 38 tuvieron actuación en Fuerzas de Seguridad durante la dictadura militar. ¿Cómo justifica esto?

Por obvias razones: los oficiales superiores tienen hoy entre 45 y 55 años. No sería lógico que fueran más jóvenes porque para esos lugares se requiere experiencia. Es cierto que la mayoría de ellos empezó la carrera policial en los años 70. Pero ninguno de los que forman parte de la Metropolitana, tiene causas o está acusado de haber participado de la represión ilegal.

Pero el informe que presentó la diputada Gabriela Alegre (bloque Encuentro por la Victoria) sostiene que la cúpula de la fuerza que creó Macri se capacitó en materias como Guerrilla Urbana, Lucha Antisubversiva e Inteligencia.

Volvemos al mismo punto, esos oficiales a los que la diputada se refiere, transcurrieron aquellos años en la academia policial, o bien en el primer o segundo grado de la carrera de oficial. Estamos hablando de agentes que tendrían aproximadamente entre 18 y 25 años de edad para el período en el que se concentraron los hechos represivos. No creo que por haberse formado en ese momento, hoy no deban trabajar. Es más, hasta me parece discriminatorio.

También se denunció que los legajos a los que tuvieron acceso los diputados y la Defensora del Pueblo Alicia Pierini, no estaban completos y que en algunos de ellos, había falencias graves de información.

No fue así. Los legajos estaban completos. En algunos casos puntuales, que fueron nueve, se decidió pedir ampliación de información acerca de, por ejemplo, destinos cumplidos por los oficiales en sus fuerzas de origen o un mayor detalle de las actividades privadas realizadas luego de sus retiros.

Un informe del legislador Rafael Gentili (Proyecto Sur), que reconstruyó el organigrama de la cúpula de la Policía Metropolitana, señala que casi la totalidad de sus miembros proviene de la Federal y son hombres de Jorge “Fino” Palacios.

En principio, que son hombres de Palacios son discursos políticos. Y por otro lado, es verdad, el 75% de los miembros de la Metropolitana pertenecen a la Policía Federal por el simple hecho de que se les exige tener domicilio en la Capital y es inevitable que se incorpore a personas de otras fuerzas porque necesitamos gente que sepa del oficio.

Ahora, sobre los nombramientos cuestionados. Está, por ejemplo, el caso del comisario retirado Julián Rodríguez, de quien hay que decir que fue jefe de custodia de la Jefatura de Ministros entre 2002 y 2008, durante ambas presidencias del matrimonio Kirchner.

Hay una denuncia grave del diputado Marcelo Parrilli (MST Nueva Izquierda) por el Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón. El legislador lo acusa de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1981.

Conozco la denuncia. Pero lo que se le imputa, no fue probado. Y además, Ferrón trabajó desde el ´83 en la Federal y estuvo a cargo del operativo de seguridad de la Cumbre de las Américas que se hizo en Mar del Plata en el año 2004. Después de esa cumbre, fue condecorado por el propio Ministerio del Interior, durante la gestión de Aníbal Fernández.

Entonces, hay que aclarar que la oposición está hablando de agentes que trabajaron en democracia más de veinticinco años, dentro la Policía Federal. Con sucesivos ascensos y condecoraciones. Pero ahí nadie dijo nada. La verdad, no me parece serio.

¿Qué hay del caso de Héctor Barúa, un ex comisario de la Policía Federal que según se cuenta, tiene participación en varios restaurantes de Puerto Madero y en empresas de seguridad, y que es conocido como “el comisario gastrónomico”?

Entiendo que es un asesor del Ministerio de Seguridad. No analicé su legajo porque no integra la Metropolitana.

También se denunció al comisario Carlos Kevorkian, que estuvo a cargo de un operativo durante el partido de futbol entre Defensores de Belgrano y Chacarita, el 25 de junio de 2005, en el que un chico de 17 años, Fernando Blanco, resultó herido de muerte.

Ese día, después del partido, hubo disturbios. Quedaron detenidas 17 personas mayores y 4 menores. Durante el traslado a la comisaría, algunos detenidos forzaron la puerta trasera del vehículo que los trasladaba y se escaparon. Unas horas después, se dio aviso de que había un chico de 17 años internado en un hospital, con lesiones en el cráneo. Era Fernando Blanco, que finalmente falleció.

A Kevorkian se lo investigó, pero la Fiscalía determinó que no quedara imputado. De hecho, no fue sancionado por la Federal e incluso con el correr de los años, fue ascendido. El mismo solicitó su retiro voluntario en junio de 2008 y se fue con la jerarquía de Comisario Mayor.

Hay otra denuncia de un legislador: Tito Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) cuestionó la designación de Ricardo Cajal como Comisionado Mayor porque según dijo, Cajal fue separado de la Policía Federal en 1998, luego de ser procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Específicamente, Nenna denunció que Cajal protegía los saunas de San Telmo cuando lo echaron.

En el caso de Cajal, nosotros tenemos la sentencia del Tribunal que lo absolvió, y es del año 2004 (Borrelli se refiere a la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 17, cuya fotocopia muestra).

¿Qué me dice del caso de Rodrigo Simón que días pasados fue arrestado por la policía bonaerense en el marco de una investigación sobre un grupo de narcotraficantes y que tenía en su casa pastillas de éxtasis y armas?

Se está investigando si él está implicado, o si el culpable del delito es su hijastro. El caso aún no está claro. Mientras tanto, fue separado en forma preventiva de la fuerza.

Saliendo de los casos denunciados, en los últimos tiempos se habló de un retiro de las fuerzas de la Federal del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, una acusación que la Presidenta desmintió inmediatamente. ¿Ustedes tienen alguna información sobre este tema?

No podría afirmar que hay un retiro de agentes, pero sí hemos comprobado que en algunas zonas de la Ciudad hay un repliegue de los oficiales hacia dentro de las comisarías. Observamos menos presencia policial en zonas ferroviarias y en parques, pero no podemos hacer una denuncia concreta.

Por último, qué opina de los dichos de Roberto Lavagna, que dijo que la Policía Metropolitana debería desarticularse, y que se había gastado una fortuna en su formación, que debería haberse destinado a áreas sociales.

Yo no hablo de economía. Le aconsejo al ex ministro que no se refiera a temas de seguridad, que no conoce.

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