“En días como hoy es cuando uno siente que valió la pena meterse en política”, dijo hoy Mauricio Macri, al poner en función a 600 efectivos de la policía Metropolitana. Pero detrás de la pulcritud de los uniformes a estrenar que esta mañana exhibieron los nuevos agentes, se esconde la firma de un controvertido y millonario contrato que puede complicar al gobierno porteño.

Según pudo saber LPO, en junio de 2009, el ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Guillermo Montenegro, estableció por adjudicación directa que la aseguradora Mapfre se quedara con la cobertura de riesgo de trabajo de los agentes de la policía porteña.

Curiosamente, la adjudicación benefició a la misma empresa a la que el Gobierno de la Ciudad concesionó el servicio de ART para todos los empleados municipales; y cuya licitación escandalosa fue bloqueada, veinte días atrás, por un fallo durísimo de la jueza Elena Liberatori.

En el contrato para la Metropolitana al que tuvo acceso LPO, se estableció la cobertura de 1016 “cápitas”, a un monto de 111 pesos por cada una. De acuerdo a las cláusulas firmadas, la cobertura está dirigida a personal que tiene un sueldo promedio de 5.700 pesos, lo que configura un gasto anual de 1.470.850 pesos.

Ante la pregunta de por qué se contrató a la aseguradora Mapfre sin llamar a licitación, voceros de Montenegro respondieron que, en aquel momento, el ministerio hizo una consulta con la Dirección General de Seguros de la Ciudad y que luego, se decidió a llamar a una “compulsa de precios” con una “short list” que involucró a tres empresas: Berkley, Prevención ART y Mapfre.

“Berkley desistió porque consideró que no era la clase de negocios que buscaba en el país y Mapfre cotizó más bajo que Prevención ART”, señalaron fuentes del ministerio, y precisaron que hoy la suma de cápitas ascendió a 1300 trabajadores. “Un 90 por ciento de personal de calle y un 10 por ciento de administrativos”, aclararon.

Antecedentes

Según documentación que pudo consultar LPO, en septiembre de 2004, Mapfre se dirigió a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Ciudad a fin de consultar requisitos para participar de una licitación “ante el eventual traspaso de la Policía Federal Argentina a la órbita y jurisdicción del Gobierno de la Ciudad”; demostrando un claro interés por quedarse con el servicio.

En aquel entonces, la respuesta fue negativa: “dicha situación (en relación al posible traspaso) no forma parte de la presente licitación”, informó una circular firmada por la Subsecretaría de Gestión y Finanzas.

La controvertida licitación municipal

En notas anteriores, LPO había revelado que el Gobierno de la Ciudad concesionó a Mapfre un negocio de unos 400 millones de pesos, al otorgarle el servicio de cobertura de ART para 116 mil empleados municipales. Las otras aseguradoras que participaron de la licitación, Consolidar ART y Prevención ART (del grupo Sancor Seguros), denunciaron las irregularidades.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, resolvió el pasado 12 de noviembre conceder el amparo presentado por el particular Alejandro Siciliano. Inmediatamente, bloqueó la concesión y por medio de un fallo durísimo, habló de precios por encima del mercado y calificó a la licitación de “dirigida”. También el legislador Marcelo Parrilli (MST Nueva izquierda) denunció penalmente a los funcionarios involucrados.

En el contrato que firmó el gobierno porteño, el precio de cápita que estimaba pagar por un empleado municipal era de 60 pesos, una cifra mayor que la que se paga en promedio por un empleado de la construcción o un trabajador minero, cuyo precio de mercado hoy oscila entre los 45 y 55 pesos.