Los casos de corrupción denunciados que apuntan a efectivos de la Policía de la Provincia y las declaraciones de funcionarios y altos mandos de la fuerza ponen en el centro de la polémica a la fuerza del orden. No son pocos lo que seguran, incluso, que las "mafias" instaladas en la institución tendría conexiones en la Justicia. Paralelamente, desde el Ministerio de Gobierno piden mayor colaboración a ese Poder del Estado para que la depuración sea "a fondo".

El caso de los dos efectivos y el administrativo de la Dirección de Investigación Criminal (la Brigada) que el viernes fueron detenidos acusados de "extorsión y adulteración de documentos" es un nuevo eslabón en la cadena. No es la primera vez que se mencionan a efectivos que "aprietan y arman causas" pero las denuncias son muy pocas; por temor a las posibles "represalias".

"Si los civiles que denunciaron a estos agentes piden protección, tendremos que ir a hablar con la Gendarmería para que nos dé una mano", dijo a "época" una alta fuente del Ministerio de Gobierno.

En "off de récord" los funcionarios de este Ministerio reconocen que la corrupción dentro de la Policía "está muy instalada", y que será "muy difícil pelear contra eso". También insisten en que necesitan de la justicia (fiscales y jueces) para erradicar los "malos hábitos" en la fuerza.

"Muchas veces la Justicia no nos ayuda con eso", agregó la alta fuente a este diario. "No cualquiera puede armar causas, sin la complicidad de oficiales, jefes policiales y hasta de agentes de la Justicia", agregó.

El 26 de enero pasado, fue el propio ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, quien criticó severamente a una juez, en este caso Laura Varela. La magistrada tardó más de 18 horas en emitir una orden de allanamiento, para buscar a los asesinos del sargento Gustavo Kasibrodiuk. Esta es otra de las actitudes de la Justicia, que critica la actual conducción política de la fuerza.

Desde que asumió el gobernador Ricardo Colombi; dentro de la Policía se dieron un sinfin de manifestaciones de fuertes hechos de corrupción, denuncias por apremios ilegales, bandas delictivas uniformados. El subsecretario de Seguridad, Guillermo Weyler, lo denunció el 3 de febrero pasado: "Dentro de la fuerza existen bandas delictivas, mafias integradas por agentes y altos funcionarios policiales que tienen negocios ilegales".

Un día después un cabo de la comisaría Quinta de Capital fue apresado, acusado de cometer asaltos con el arma reglamentaria, de encabezar una peligrosa banda delictiva y de ser el autor de, por lo menos, 17 atracos.

Weyler (ex director de Delitos Complejos), a lo mejor por imprudencia, casi cometió un "sincericidio"; pero resulta difícil descreer de las afirmaciones de éste hombre que trabajó por más de 20 años dentro de la fuerza.

Así se sucedieron hechos, como el de los policías fanáticos de grupos de cumbia implicados en asesinatos e integrar bandas delictivas y otros relacionados con la venta de estupefacientes. La sucesión de hechos dan hasta para el escándalo: el viernes dos agentes se habrían trenzado a golpes en la guardia de la Comisaría Octava y uno de ellos incluso habría apuntado a su par con su arma.

La institución no atraviesa su mejor momento. Los funcionarios del Ministerio de Gobierno creen que "sólo se conoce entre el 5 y 10%" de los casos de corrupción que hay dentro de la Policía. Desde esa cartera señalan que los delitos van desde la protección de delincuentes, la venta de productos robados (sobre todo auto, motos y partes), liberar zonas, extorsión y armado de causas, entre los más habituales.

Cada vez que hay cambio de autoridades políticas y recambio de la Cúpula, en la Policía se arman feroces batallas internas (como piezas que se acomodan) entre comisarios, oficiales y agentes. Se disputan no sólo la mejor posición jerárquica, si no también el manejo de las "grandes cajas".

Uno de esos ejemplos es el manejo discrecional que hacen, fundamentalmente los comisarios, de lo que se recauda por adicionales de los agentes. "El monto es incalculable y no tiene control", dijo una fuente de la Jefatura.

Luego del asesinato del sargento Kasibrodiuk, algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno estudiaron la manera de regular este servicio mediante una ley. No sólo por los honorarios, sino que buscaban blanquear ese dinero que hoy circula prácticamente en un mercado paralelo. También para que beneficie a la fuerza. Hoy no hay muchas señales de que este proyecto avance; pero si lo hiciera afectará "un gran negocio".

Esta serie de hechos está carcomiendo como cáncer la estructura de la Policía. Se le suma una fuerte disputa política por la conducción. La autodenominada Familia Policial se muestra muy cercana al Subsecretario de Seguridad (Guillermo Weyler) y cuestiona severamente al Jefe de la Policía, Juan Ojeda.

La confluencia de factores hacen que hoy la Policía esté atravesada por mafias instaladas y una interna política. Desde el 2008, luego del movimiento huelguista, que el verticalismo no es el mismo. Fuertes divisiones, roces, recelos, hechos de corrupción hacen que hoy fuerza sea una olla a presión a punto de explotar.