El Proyecto de Ordenanza fue aprobado por mayoría durante la última sesión ordinaria desarrollada el miércoles, oportunidad en la que los ediles que comparten el bloque Frente para el Cambio, José Luis Garro y Dolores Gramuglia, se abstuvieron porque argumentaron que antes de invertir dinero en la laguna, debía escriturarse para asegurarse que pertenece a la Municipalidad de General Acha.

Ahora la jefa comunal está en condiciones de echar mano a dinero que ingresa al municipio por la retención de la soja. Se estima que las obras demandarán una inversión superior a los 78 mil pesos. Más allá que la laguna está prácticamente seca, el objetivo del Departamento Ejecutivo es limpiar el predio, reparar los daños y volver a dejar en condiciones las instalaciones del salón y los sanitarios, para que los vecinos de G. Acha y localidades vecinos, al igual que los turistas, aprovechen el lugar para realizar distintas actividades al aire libre. No obstante la intendenta deberá mantener permanentemente informado al cuerpo deliberativo sobre los fondos que se destinen para el reacondicionamiento del balneario, lo que tendrá que acreditar con la correspondiente documentación que posibilite a los ediles cotejar lo que se está invirtiendo en el lugar.

Cuidador.

Los concejales sostienen que el Ejecutivo deberá destinar una persona para que permanezca en el predio de Utracán, a los fines de impedir vándalos o robos que hagan que el balneario, un bellísimo espacio verde, quede una vez más inutilizable. Por ese motivo también ven con buenos ojos que instituciones intermedias de la localidad tomen la concesión de la proveeduría o del predio, a los fines de garantizar un mejor cuidado del lugar.

Cabe recordar que en esa misma reunión legislativa, se exigió a María Elena García que inicie una investigación y sumario administrativo a los funcionarios que supuestamente son responsables del abandono del balneario Utracán, situación que posibilitó que se produzcan múltiples daños, además del desmantelamiento de sus instalaciones.

Fijaron 15 días corridos, para que la jefa municipal acredite ante el CD a través de la documentación pertinente, el daño ocasionado y las responsabilidades y eventuales penalidades que pudieren corresponder. Para el caso de incumplimiento, advirtieron que regirán y serán de aplicación las demás instancias administrativas o judiciales que el caso amerite, en función del daño que por acción u omisión se ha ocasionado en las citadas instalaciones de uso público.