Por

Eugenia Rodríguez

El 2 de septiembre de 1587, un cargamento de tejidos y productos elaborados en el territorio que hoy es Argentina partió desde Buenos Aires rumbo a Brasil. Casi cuatro siglos y medio después, el Día de la Industria encuentra a la producción nacional con poco para festejar. Los datos del sector siguen al rojo vivo: la actividad industrial se ubicó, a mediados del año, un 10% por debajo de 2023, con gran parte de las actividades con más de la mitad de sus recursos ociosos, mientras la facturación cae hasta el 80% y la apertura importadora desregulada así como el creciente contrabando golpean a la producción local, todo ello mientras se acelera la destrucción de más de 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo. 

En relación, el panorama es crítico y se agudiza aún más en el caso de la pymes industriales: 4 de cada 10 exhibió caídas en su producción, más de la mitad vio reducidas sus ventas y un 30% registró una disminución de su dotación de personal (casi 10 puntos más que la baja observada en el promedio general de las firmas). A la par, aumentaron la morosidad, los embargos y la falta de pago de salarios, sin medidas concretas que solucionen dichos problemas.

Mientras desde el sector exigen la emergencia económica, productiva y laboral, anticipan que de no revertirse la actual situación podrían perderse en general, cerca de medio millón de puestos de trabajo al cierre de este año.

Día de la Industria: poco para festejar

A casi tres años de la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, el Día de la Industria encuentra a la producción nacional con poco para festejar. La apertura importadora, la caída del consumo y el deterioro de las condiciones de financiamiento cambiaron la composición del mercado interno: cada vez más productos que antes se fabricaban en Argentina llegan desde el exterior.

Al respecto, los últimos datos publicados por el Índice de Producción Industrial (IPI-INDEC) mostraron que la actividad industrial se contrajo en el primer semestre de este año 2,2% frente a igual lapso del 2025, y aún se encuentra un 11% por debajo de los niveles de 2022. Asimismo, diferentes indicadores de la producción continuaron con tendencias a la baja: producción de autos (-18,0% acumulado versus 2025 y 2022); despachos de cemento (-3,0% y -24,9%, en cada caso); Índice Construya/ventas construcción (-0,6% y -30,2%, respectivamente).

En relación, según la II Encuesta de Indicadores Industriales que elabora el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) el 38% de las empresas encuestadas reportó disminuciones en la producción, al tiempo que el 45,5% continuó con caída en las ventas, el 30,4% en las exportaciones y el 22,4% redujo fuentes de empleo (entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos y el 21,3% adelantó vacaciones). En ese sentido destacaron que “la caída de la demanda interna continúa siendo la principal preocupación, mencionada por una de cada dos empresas”.

A su vez, la situación es aún más complicada para las pequeñas y medianas empresas del país: “El gran problema que tenemos las pymes industriales con respecto a la caída de la producción claramente se debe a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló en diálogo con El Destape Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA). Para el empresario el panorama “es crítico" y mencionó "la falta de ventas que trae aparejado una caída fuerte en la producción”. Sobre ello puso el foco en “la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el endeudamiento que tienen las familias con tarjetas de crédito y la gran morosidad que existe, ello perjudica al mercado interno y esto se transfiere directamente a todo el sector productivo de las pymes”, explicó.  

Respecto de la capacidad instalada de la industria se ubicó en junio pasado en 59,1%, levemente por arriba del año previo (58,9%). Sin embargo, la mayor cantidad de los sectores permaneció con un alto porcentaje de capacidad ociosa: edición e impresión utilizó apenas el 53,5% de su capacidad instalada, los productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%) y productos de caucho y plástico (41,0%). Sobre ello, el informe de la UIA mencionó que“para el 65,7% de las empresas esta utilización estuvo por debajo del nivel considerado óptimo”.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Pyme que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la actividad manufacturera cayó 7,8% anual en mayo y acumula una retracción de 11,3%. Todos los sectores relevados por este índice tuvieron fuertes caídas, siendo los más afectados “Químicos y plásticos” (-21,3%), “Alimentos y Bebidas” (-9,4%) y “Papel, cartón y edición” (-8,3%). En relación desde IPA, destacaron que los sectores más afectados en lo que va de la gestión libertaria han sido el textil, calzado, fabricación de bienes capital, y los vinculados al consumo masivo donde “las ventas han caído un 30,0%”. 

En relación, un factor no menor tiene que ver con la presencia de bienes terminados importados, al mismo tiempo que se achica la producción local.  “Las importaciones son, en cierta forma, la raíz del problema que hoy sufre la Argentina en materia de producción", dijo Rosato a este portal. En esa línea detalló que "la industria manufacturera viene cayendo sustancialmente debido al ingreso de importaciones desleales ya que no existe ningún tipo de control de lo que ingresa ni se siguen precios de referencia" y sumó "el impacto del contrabando que se viene incrementando, y está afectando a muchos sectores orientados a productos de consumo familiar”.

De hecho, un informe realizado por el Observatorio Pyme detectó una transformación menos visible pero potencialmente más profunda en el entramado industrial: en medio de la caída de la producción y las ventas, algunas empresas comenzaron a encontrar mejores resultados en la comercialización de productos importados que en la fabricación propia.

Según la encuesta, entre las escasas firmas que lograron incrementar sus ventas, el mejor desempeño correspondió a productos importados. Mientras el 24% de las empresas que comercializan bienes importados registró aumentos en sus ventas, esa proporción fue menor entre quienes venden productos nacionales (10 puntos por debajo). Dicha situación aparece acompañada por otro dato relevante vinculado a que la preocupación por la competencia de las importaciones se duplicó en las empresas en apenas un año. Se trata de uno de los indicadores que más crecieron dentro del relevamiento y reflejan el impacto que comienza a tener la mayor presencia de productos extranjeros, particularmente provenientes de China.

Impacto de las medidas del Gobierno 

La coyuntura actual dio paso a uno de los grandes problemas que enfrentan hoy las pequeñas y medianas empresas del país: el alto nivel de endeudamiento. Según la encuesta trimestral de la UIA,el 44,9% de las firmas tuvo problemas para pagar íntegramente al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Entre las principales consecuencias de los atrasos se destacaron el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento en el corto plazo (36,3%) y pago de intereses y mayores costos financieros (33,9%).

Rosato del Industriales Pymes evaluó que “la situación actual generó problemas que tienen que ver con el aumento de la morosidad, mayores embargos en las empresas, y la rotura de la cadena de pagos que lleva a un efecto dominó y traslada el problema a toda la cadena de valor”.

En dicho panorama, el problema que enfrentan las firmas que sostienen más de la mitad del empleo asalariado nacional ya no es solamente de caída en sus ventas, sino que incluso cuando venden, no logran cobrar. Según el Observatorio Pyme, el 60% de las PyME industriales identificó los retrasos en los pagos de sus clientes como uno de sus principales problemas. Un año atrás esa preocupación alcanzaba al 35% de las firmas. En un contexto de demanda en franco retroceso, muchas empresas estiran plazos, difieren pagos o directamente acumulan atrasos, trasladando las tensiones financieras a toda la cadena productiva.

Las cifras coinciden con una encuesta dada a conocer por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) donde se alertó que 7 de 10 firmas denunció este año extensión unilateral de plazos de pago por parte de clientes, más de la mitad sufrió mayores incumplimientos y casi 3 de cada 10 registraron incobrables (deudas que no pudieron recuperar, generando pérdidas directas en su resultado). Según el relevamiento sectorial a más de 250 empresas en todas las provincias del país, casi 4 de cada 10 cobra a más de 60 días. Sin embargo, el plazo de pago a proveedores promedio es de 30 días, esto implica que financian a sus clientes con capital propio. “Las empresas deben financiar su operación durante casi dos meses antes de recuperar el dinero de sus ventas, agravando la situación de liquidez, con impacto directo en la solvencia y continuidad operativa de las empresas”, indicaron. 

En dicho contexto, las PyMEs no sólo financian su propia actividad, también terminan financiando a sus clientes: el 87,5% afirmó financiar su actividad con recursos propios, mientras que el principal motivo para tomar deuda ya no es ampliar la capacidad productiva sino reponer capital de trabajo (28,2%) y, en segundo lugar, pagar salarios y aguinaldos (25,9%). En relación, un 23,8% no sabe o no contesta a qué tasa accede, lo que sugiere que “buena parte de las empresas no accede al crédito formal de ninguna forma”, señalaron desde el sector.

Mientras tanto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya tiene media sanción en el Congreso, podría agravar esta situación. Según un análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la reforma del oficialismo elimina instrumentos específicos que permitían orientar el crédito hacia las pymes, las economías regionales y objetivos de inclusión financiera. La Carta vigente permite al Directorio “regular las condiciones del crédito” y también orientar su destino mediante exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros instrumentos. “El dictamen mantiene la primera parte de esa facultad —regular riesgo, plazos, tasas, comisiones y cargos— pero elimina expresamente la posibilidad de orientar el destino del crédito a través de la modificación del inciso r) del artículo 14. Además, se deroga el inciso w) del artículo 14, que actualmente habilita al Directorio a establecer políticas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Esta disposición había sido incorporada con la reforma de 2012 y desaparece por completo del nuevo régimen”, explicaron desde el centro de estudios.

Qué esperar a futuro

De parte de UIA, indicaron que tanto a nivel empresarial (57,7%), como sectorial (70,4%) y nacional (65,4%), “aumentó la proporción de empresas que perciben un deterioro frente al año pasado”. De hecho, mientras que en 2025 un 64,3% de las empresas había anticipado una mejora a nivel país para 2026, este año solo el 17,8% dijo estar efectivamente mejor.

Por el lado de las pymes, la situación es mucho más apremiante y, en esa línea, exigen decretar la emergencia económica del sector: “no hay ninguna medida actual orientada a darle solución a nuestro problema. Estamos proponiendo que se declare la emergencia económica, social, productiva y laboral en el Congreso de la Nación, porque necesitamos medidas concretas para hacer frente a la crisis de las pequeñas y medianas empresas, de lo contrario la situación se va a agravar”, señaló Rosato a este medio.

Por último, según estimaron desde el sector, “de no revertirse la actual situación vamos a pasar de 300.000 puestos de trabajo perdidos a más de 500.000 a fin de año, y con un aumento de la informalidad que va a generar más pobreza”, alertaron.