Los integrantes de la Cámara alta provincial fijarán hoy la fecha para la audiencia pública de la documental que quedó de la última sesión en Secretaría. Un sector aguarda que se cumpla una de las cuestiones que promete polémica: la incorporación, o no, del test psico-laboral a la información remitida por el Consejo de la Magistratura.
SE MIRAN DE REOJO. El titular del Consejo de la Magistratura tomaría las exigencias de algunos legisladores como una forma de mostrar mayor presencia en un proceso que hasta hace poco era de exclusividad parlamentaria. Barrionuevo adelantó su voto negativo en caso de no contar con el material requerido. Pedro confía en que habrá fumata blanca.
Son varios los que anticipan un nuevo round entre el Consejo de la Magistratura y la Legislatura. La cuestión será la misma que semanas atrás levantó polvareda en cuanto a las exigencias por parte de los legisladores sobre la obtención de mayores detalles respecto a los que se postulen para ocupar un cargo de juez, y que valió la respuesta del propio titular del Cuerpo de contralor y presidente del Superior Tribunal, Carlos Rubín. Quien dijo que no se enviarán informaciones que puedan afectar la intimidad de los candidatos.
Fue así que tras una reunión informal entre el magistrado y el referente del Senado, Pedro Braillard Poccard, comenzaron a llegar a la Cámara actas de coloquios y antecedentes profesionales de los candidatos a jueces y fiscales, pero de los test psico-laborales no hubo noticias.
Ante este panorama, y con el tratamiento de un pliego que quedó en Secretaría la última sesión, fue que ayer, la Comisión de Peticiones y Poderes de la Cámara de Senadores resolvió avanzar con el análisis de los datos y dispuso que en la sesión de hoy se fije la fecha para la audiencia pública previa al sometimiento del pliego a la votación en el recinto.
POSIBLE RENUNCIA
El dato clave que podría repercutir en la renuncia de uno de los senadores es el de la incorporación del test psico-laboral a la información remitida
El presidente de la Comisión en cuestión, Jorge Barrionuevo, sería quien dé un paso al costado de no obtener una respuesta favorable a la exigencia. "Tal cual lo dice la Ley, se requiere toda la documentación vinculada a la evaluación que hizo el mismo Consejo de la Magistratura respecto de los postulantes", señaló el Senador justicialista en declaraciones radiales.
Barrionuevo, que no evidenció públicamente intención alguna de renunciar, considera que no se debe avanzar hasta tanto no se cuente con el acompañamiento de los referentes de la Justicia en el proceso de selección de los jueces. Y adelantó que su voto será negativo si el Cuerpo decide no enviar a la Cámara alta "toda la documentación" requerida para el tratamiento de los pliegos.
"CUESTIÓN DE CARTEL"
Según comentan en los corrillos del Superior Tribunal, Rubín -que ya expresó que la requisitoria planteada no es obligatoria- sostiene que sólo se trataría de un intento de los legisladores para marcar la cancha en las designaciones de cuyos procesos selectivos antes participaban sin el accionar de los representantes de la Justicia.
En la Legislatura sostienen que con esta participación, "el Consejo de la Magistratura es juez y parte, tiene su propio control y decisión de elección, la constituyente de 2007 se equivocó, y muy grande", sentenció un senador de la oposición que también explicó que en la Convención "capaz buscó sacarle poder al gobernador y los legisladores para la elección de jueces, pero se le otorgó a una cofradía esa potestad, que termina siendo más perjudicial".
CONFIANZA
El presidente del Senado provincial, Pedro Braillard Poccard, que en su momento fue designado como interlocutor para mediar en el conflicto de los pliegos, se mostró tranquilo ante lo que pueda suceder en la sesión. "Las gestiones fueron fructíferas. Desde el Consejo de la Magistratura van a estar mandando los antecedentes. De hecho, ya se han enviado unas cuantas cosas", dijo.
Para el Vicegobernador, sólo se trató de "una traba momentánea. Cuando todo anda bien no se nota, el año pasado fueron importantes las designaciones que se hicieron", argumentó.
Pedro resaltó que "el sistema es complejo", y explicó que "involucra al Consejo de la Magistratura, también al Poder Ejecutivo, que tiene la tarea de designar la terna y después le toca al Senado no solamente otorgar el acuerdo, sino de habilitar un mecanismo para que si algún ciudadano quiera impugnar pueda hacerlo".
Por esto, el titular de la Cámara alta indicó que "pueden surgir algunos bemoles".



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