Con matices, también su colega Eduardo Curia coincide con este diagnóstico, al igual que la mayoría de los economistas de línea ortodoxa. Se trata de diferentes maneras de decir que el desbordante ritmo de expansión del gasto público es insostenible en el tiempo porque no hay recursos que alcancen para financiarlo -aun con una cosecha récord de soja-, y que éste es uno de los principales factores de la aceleración inflacionaria que afecta hoy a la economía.

El problema es que el matrimonio Kirchner no concibe otra manera de manejar la política económica que no sea aumentar permanentemente el gasto para forzar la recuperación de la actividad, en la creencia de que eso mejorará sus chances electorales en 2011. Y que, con esa visión excluyente, confunde levantar el pie del acelerador con un ajuste fiscal. Cuanto más acelera el gasto y más presiones inflacionarias genera, más aumenta la incertidumbre del sector privado y la retracción de inversiones, por más que recurra a estímulos caso por caso para contrarrestarla.

Lamentablemente, esta estrategia no tiene un plan B. Sin ir más lejos, una planilla que la Secretaría de Hacienda hizo circular por los distintos ministerios para prever una ampliación del ya desactualizado presupuesto 2010, recogió pedidos de fondos adicionales por 50.000 millones de pesos, un 40% más que el monto total aprobado hace cuatro meses por el Congreso. Tres ítems sobresalen nítidamente: el clientelista plan Argentina Trabaja, con 6500 millones; la deficitaria Aerolíneas Argentinas con 1000 millones y el paradójico Fútbol gratis para todos, que, de aprobarse, pasaría a costar 900 millones anuales, un 50% más de lo que establece el contrato por diez años con la AFA. Sólo estos tres pedidos de gastos extras superan, sumados, a los fondos que la Anses destina a la asignación para hijos menores de 18 años de trabajadores en negro o desocupados, que instrumentó en tiempo récord y con mucha más transparencia que aquellas cajas. En medio de esta vorágine de gasto político, es difícil que los Kirchner escuchen una recomendación que suscribiría cualquier economista con sentido común: con sólo comprometerse a seguir una regla fiscal en la que el gasto aumente en línea con la recaudación tributaria (que en 2010 crecería entre 20 y 22%), descomprimirían buena parte de las expectativas negativas que hoy dominan la marcha de la economía.

Pero como los Kirchner sólo se escuchan a sí mismos y se autosatisfacen con estadísticas económicas en las que solamente ellos dicen creer, aquella modesta regla suena a expresión de deseos. Después de todo, la regla es que en la Argentina no haya reglas estables.

El almuerzo que Cristina Kirchner compartió la semana que pasó con casi un centenar de empresarios fue una prueba de esta manera unilateral de procesar y editar la realidad. Nada que ver con el escenario que varios de los asistentes habían presenciado a comienzos de este mes en Punta del Este, cuando el presidente electo de Uruguay los invitó a invertir en el país vecino. José Mujica, quien mañana inicia su mandato, sintonizó entonces su discurso con lo que los empresarios quieren escuchar: allí afirmó que las compañías que invierten en un país con políticas de Estado no sujetas a discusión, no se encuentran con sorpresas confiscatorias ni ahogadas por impuestos imprevistos. No sólo eso. Lo flanquearon dos ex presidentes de partidos opositores, uno de los cuales fue derrotado por el propio Mujica en las últimas elecciones.

En Olivos, en cambio, el kirchnerismo dominó la escena y se dedicó a autocomplacerse al exaltar logros y desconocer o endosar problemas, lo cual supuestamente debería configurar un cuadro ideal para que los empresarios aumenten masivamente sus inversiones. Voluntarismo puro. Es cierto que ninguno de los invitados planteó en público las inquietudes que suelen expresar en privado. No hubo referencias al Indec, ni al relevo de Martín Redrado, los exabruptos intervencionistas de Guillermo Moreno, los aprietes de Hugo Moyano, al clientelismo político, al vaciamiento de los organismos de control del Estado, al deterioro fiscal; a las provincias que están en la encrucijada de aumentar impuestos, emitir cuasimonedas o recibir ayuda de la caja K, ni tampoco al clima de confrontación que ha transformado a la política en un campo de escaramuzas tácticas alejado de la posibilidad de acuerdos. La presencia de Néstor Kirchner y la ausencia de Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat, que fue borrado de la lista de invitados por plantear algunos de estos problemas, seguramente pesó en esta inhibición. Ni siquiera hubo un abordaje razonable de la preocupante aceleración de la espiral precios/salarios. Tal vez porque los empresarios saben de antemano cuál sería la reacción oficial: cuando los precios suben, nunca la responsabilidad es del Gobierno. Como si en el período 2003/2005, cuando la inflación verdadera era de un dígito anual, hubieran sido otras las empresas y no otras las políticas macroeconómicas (y las estadísticas oficiales).

La ausencia de plan B para moderar la expansión del gasto público también se extiende al controvertido Fondo del Bicentenario (FoBi), que el kirchnerismo sigue tratando de sacar de terapia intensiva sin abrir el debate sobre qué monto y qué prioridades contribuiría a financiar de aquí a 2011. Pero aquí no habría que descartar una suerte de enroque para cubrir la enorme brecha financiera del sector público. Si finalmente fracasa el DNU en el Congreso, es prácticamente un hecho que el Gobierno apelará a las utilidades contables del Banco Central (entre 20.000 y 24.000 millones de pesos) para hacerse de pesos con los cuales comprar las divisas necesarias para hacer frente a los pagos del Tesoro. De esta manera habrá una mayor emisión y drenaje de reservas que en 2009. Esta perspectiva también abre interrogantes sobre la futura política monetaria y cambiaria del BCRA y su impacto sobre la inflación. Las cartas alternativas que se reservaría el oficialismo podrían ser un proyecto de ley que coparticipe el FoBi con las provincias -con más chances de atravesar el filtro del Congreso- para tapar agujeros fiscales y mantener el gasto en alza. O, en su defecto, volver a pasar el rastrillo por los excedentes de organismos públicos (Anses, PAMI, Banco Nación) como ocurrió el año pasado, y complementarlo esta vez con financiamiento del sistema bancario privado mediante la colocación "voluntaria" de Letras del Tesoro (Letes), lo cual aumenta la deuda pública a futuro. Mientras los bancos están poniendo las barbas en remojo, esta última alternativa reduce la anunciada intención de aumentar el crédito al sector privado. Y también explicaría por qué Cristina Kirchner mandó al archivo la idea de crear un Banco de Desarrollo a semejanza del modelo brasileño: ni los fondos de la Anses (provenientes de las ex AFJP) ni las reservas "excedentes" del BCRA están ya disponibles para ese proyecto.