Horacio Piombo, uno de los dos magistrados que atenuaron la condena al violador de un niño de seis años por la presunta inclinación homosexual del menor, presentó ayer su renuncia como juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, cuando avanzaba en su contra un jury de enjuiciamiento y se analizaban otros cuatro pedidos en el mismo sentido.

La presentación, con fecha del viernes pasado, se conoció ayer y fue confirmada por fuentes de la Suprema Corte bonaerense, que ahora la remitió al Poder Ejecutivo, concretamente la asesoría general de Gobierno y el ministerio de Justicia.

Según el texto presentado por el magistrado, la dimisión tiene “fines jubilatorios”, aunque, aclara, la decisión se basa en la polémica suscitada en torno al fallo por el que se redujo la pena a un violador, que trascendió el mes pasado.

“La opinión pública hoy se encuentra conmovida por un fallo, cuyo contenido pertenece al Dr. Benjamín Sal Llargués, al cual adherí por su corrección jurídica”, dice la nota y añade que “el texto de tal pronunciamiento ha sido aviesamente interpretado, atribuyéndole categorizaciones y expresiones discriminatorias que no contiene”.

También advierte que esa sentencia fue “aislada de su complemento natural”, que es “el fallo de primera instancia, cuyas expresiones relativas a los hechos se toman, en la tarea del Tribunal de Casación, como circunstancias comprobadas a las que, por regla, cabe”.

“El fallo fue aviesamente interpretado, atribuyéndole expresiones discriminatorias que no contiene”

“Ante esta situación que roza el respeto que debe merecer la tarea judicial deviene necesario, con la mayor mesura admisible, adoptar la prudente actitud de alejamiento plasmada en este acto”, expresa la carta.

Como viene publicando EL DIA, en mayo pasado se conoció un fallo de Casación de los jueces Piombo y Benjamín Sal Llargués de junio de 2014, en el que se beneficiaba a un hombre acusado de violar a un niño de 6 años con la reducción de la pena de 6 años de cárcel a 3 años y 2 meses.

La polémica derivó en sucesivos pedidos de enjuiciamiento de legisladores y ONG para su destitución y en fuertes críticas del propio ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal. en el llamado al Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, donde el juez se desempeñaba como titular de dos cátedras, para evaluar su desplazamiento, pero frente a la tensión que provocó el tema en el ámbito académico, presentó, también, su renuncia.

LOS PASOS

Tras recibir la solicitud de renuncia, la Corte envió un oficio a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, que ya se pronunció sobre el caso, indicando que Piombo “no tiene ningún impedimento para jubilarse”.

En ese sentido, fuentes cercanas al órgano explicaron que el máximo tribunal gira en todos los casos de renuncia o solicitud de jubilación de un juez una consulta sobre si el magistrado en cuestión tiene alguna actuación que le impide la concesión del requerimiento.

Y explicaron que Piombo, si bien afronta cuatro denuncias presentadas el mes pasado al conocerse este fallo, sólo se le ha dado curso a una en abril pasado, sobre un caso anterior (ver Cronología...) y ese proceso no llegó aún a la suspensión.

En ese sentido, indicaron que “el único impedimento en estos casos es cuando el proceso llega a la instancia de suspensión, donde se separa del cargo al magistrado, se le embarga el 40% del sueldo y se le comunica al Poder Ejecutivo que no le acepte la renuncia”.

El artículo 59 bis de la ley que regula el procedimiento para el jury de magistrados establece que la potestad de enjuiciamiento se extingue por la desvinculación del juez o funcionario acusado. En consecuencia, ahora será el gobernador Daniel Scioli quien, evaluará disponer ese retiro a través de un decreto y, a partir de entonces, se comience en el Consejo de la Magistratura provincial, el proceso de concurso para su reemplazo en la Cámara de Casación.

Unos diez días atrás, Piombo afirmaba en la prensa que no iba a renunciar porque cumplió “con su deber” al firmar el polémico fallo. En la ocasión, había cuestionado la ley al afirmar que para fallar se tomó en cuenta agravatoria respecto a una circunstancia ultrajante “que no debió estar nunca en la ley porque toda maniobra sexual sobre un menor es ultrajante”. Y advirtió que había “motivaciones políticas” en las denuncias en su contra.

Luego de la renuncia a la Universidad, ayer se conoció su presentación con fines jubilatorios, mientras un sector de la oposición reclama que el requerimiento sea rechazado para que pueda afrontar, de todas formas, el jury.