Es que se acentúa el cepo institucional que podría llevar a complicar la cuestión de la intervención al Poder Judicial en cuanto a que no se están mostrando remedios locales. La Cámara baja aprobó la prórroga de sesiones ordinarias, el Senado no. Ahora, desde Diputados instan a extraordinarias, la Cámara alta, por ahora no.

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani está decidido a finalizar el año con el compromiso probo de querer entregar a la sociedad, y al poder nacional, señales claras de que el funcionamiento institucional correntino es el correspondiente, aunque sus pares de la Cámara alta no coinciden con su postura e instalan al Poder Legislativo en un escenario complicado que tiene como protagonistas a los referentes de la Justicia provincial, que están en la picota pública y bajo la lupa de quienes tienen la potestad constitucional de observar el pleno desarrollo de las instituciones de cada provincia.

Se debe tener en cuenta que a este escenario se sumó en las últimas horas la polémica resolución de la Corte provincial contra un ex Gobernador, que mostró un avasallamiento de las garantías constitucionales, que dejó de lado lo que tiene que ver con el procedimiento. El fallo motivó que el Defensor del Pueblo de la Provincia pusiera el grito en el cielo, no sólo porque lo jueces que tendrían que haber definido no lo hicieron, sino que además la sentencia fue un secreto a voces a mérito de un proyecto que circulaba incorporado a la causa, aún antes que se integre el tribunal que iba a resolver. Además, nuevamente el Presidente del Superior apareció votando en segundo término en lugar de hacerlo al final. Lo paradójico fue que esta vez votaron los cinco ministros, y todos los hicieron en el mismo sentido. Con lo cual perdió lógica el precedente tantas veces invocado que con tres votos positivos ya no es necesario que voten los demás.

Lo que se considera grave es que los dos primeros votos estuvieron preparados desde siempre a la espera que se complete el tribunal, y tanto más grave es que votó Carlos Benítez Meabe, aun cuando a mérito de la acordada del 22 de noviembre, el ministro Juan Carlos Codello está a la fecha en funciones, habida cuenta de que venció la licencia otorgada tardíamente.

Así las cosas, y con un proyecto de Intervención Federal al Poder Judicial latente en el Congreso de la Nación, Cassani consideró un deber el hecho de entregar gestos que demuestren que hay un remedio local que evitaría uno federal. Y entre los paliativos que desde Nación atienden está el abordaje de los pedidos de juicio político contra el Fiscal General y contra ministros del Superior Tribunal, que hace tiempo están reservados en Secretaría sin tratamiento alguno.

Por este motivo, entre otros, fue que en principio la Cámara baja decidió aprobar la prórroga del período ordinario, pero no logró el acompañamiento necesario del Senado. Y ahora, "Perucho" sugirió una convocatoria para el tratamiento de los pedidos de juicio, sin que hasta el momento se haya observado un guiño de Senadores.

Lo cierto es que con todo lo descrito, la Legislatura queda como actuando a favor del Fiscal General y de los ministros cuestionados del Superior, sin tener en cuenta que el poder central está atento de este cepo, que demuestra que los resortes institucionales no funcionan como deben, revelando una crisis que se acentúa día a día. Esta parálisis legislativa conspira además contra otra cuestión relacionada directamente con la Justicia, es el tratamiento del proyecto de funcionamiento del Superior Tribunal que, con media sanción, quedó frenado por el Senado.