La medida apunta contra la resolución del Ministerio de Desarrollo Social por la cual se dispusieron bajas en el beneficio, solicitada por la madre de un niño con discapacidad quien percibe una pensión no contributiva.

El fiscal federal Gabriel De Vedia intervino en el expediente iniciado por la mujer en el marco de un amparo individual y colectivo simultáneamente en el que también se presentaron el diputado nacional Sergio Massa y el ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo como apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El candidato a senador de 1País pidió "que las pensiones se devuelvan todas y no que arme el trámite para ver si en un 0800 alguien los atiende para ver si hay devolución o no de la pensión" 

Por su parte, el representante del Ministerio Público concluyó que "la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta".

La madre del afectado explicó en la presentación que su hijo nació con un retraso mental moderado, que el niño cursó la escolaridad en una escuela especial y que luego continuó los estudios en un centro educativo laboral para personas con discapacidad, donde pasaba música y hacia trabajo de jardinería".

Además, subrayó que el Estado nacional desde el año 2013 hizo efectivo su derecho a la alimentación y a la salud al concederle una pensión de $4.000. También, indicó que la cancelación o suspensión de la pensión genera también la pérdida de la cobertura médica social PROFE (PROGRAMA FEDERAL DE SALUD el cual ha mutado su nombre por Incluir Salud), lo cual le impide continuar con todos los tratamientos de habilitación y rehabilitación médica y el acceso a los medicamentos.