El ministerio, a cargo de Leonardo Villalva, le solicitó a través de una nota oficial a la comuna "arbitrar las medidas inmediatas que considere a su alcance a fin de sancionar el expendio de alcohol durante horarios prohibidos y la venta del mismo a menores de edad". El documento ingresó el 20 de febrero al municipio, directamente al despacho de Larrañaga.

"Motiva la presente el creciente y preocupante incremento que esta actividad ha venido teniendo en los últimos tiempos en nuestra ciudad de Santa Rosa", continuó el escrito.

"Nuestra gestión ministerial, sostiene que la seguridad pública es una construcción colectiva en la cual todos participan de su elaboración, sin diferencias de roles sociales, estatus jurídicos o cargos públicos. El fin social buscado, en las políticas de seguridad democrática, es la solución de las problemáticas, con el compromiso y la participación activa de todos", retó el ministerio a la comuna. 

"La problemática del alcohol consumido en exceso tiene un impacto social de grandes dimensiones en cuanto a su vinculación con la violencia", indicó Villalva.

"La relación alcohol y delito se vuelve evidente cuando desde diferentes ámbitos de la sociedad y el Estado (nacional, provincial o municipal), surgen informes recopilados que dan cuenta de una variedad de hechos delictivos cometidos en estado de embriaguez. Asimismo, y también a consecuencia del abuso y adicción a las bebidas alcohólicas, se generan faltas, contravenciones, situaciones de violencia, vandalismo y siniestros viales", resaltaron.

"De las nefastas consecuencias que produce la ingesta irresponsable de alcohol existen numerosos y extensos fallos condenatorios que dan cuenta del flagelo social mencionado", explicaron.

En otro párrafo, indicaron a Larrañaga que "como vuestra persona no ignorara, constitucionalmente los municipios -entes autónomos- tiene el deber de controlar y sancionar, a través de sus ordenanzas, todas aquellas contravenciones que afectan la vida en comunidad. El expendio de alcohol durante los horarios prohibidos o la venta del mismo a menores, es una contravención que no puede ser relevada por ningún otro organismo estatal, que no sea el municipal, adquiriendo un rol protagónico que le corresponde por detentar su competencia constitucional y legal".

"Por otra parte -fundamentó Villalva- conviene destacar que la fuerza policial dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, testigo del accionar de esta contravención, actúa en cuestiones tipificadas por el Código Penal como delitos, careciendo de jurisdicción sobre contravenciones emanadas por los códigos de falta municipales".

"Convencido del conocimiento que vuestra persona detenta respecto de la enorme responsabilidad que implicar gestionar la cosa pública, solicito se arbitren de inmediato los medios que se encuentren a su alcance a los fines de iniciar una persecución activa y sin pausa a este tipo de contravenciones, generadoras de consecuencias disvaliosas y lamentables para la sociedad", reclamó Villalva a Larrañaga.