El legislador del Frente Progresista y Popular (FPP) y precandidato a jefe de Gobierno por el FpV, Aníbal Ibarra, presentó un proyecto para establecer en la Ciudad el sistema de Juicios por Jurados, en el que ciudadanos comunes deben determinar la culpabilidad de un acusado por un crimen.

La modalidad ya se aplica en la provincia de Buenos Aires para delitos graves y los ciudadanos son seleccionados a partir de la terminación de su número de documento mediante un sorteo de Lotería de la Provincia. Según la iniciativa, se prevé una aplicación muy similar.

A diferencias de otras iniciativas o de la modalidad bonaerense, el proyecto no define qué tipos de delitos pueden ser juzgados bajo este sistema, aunque si resalta que se trata de un proceso seguido en el ámbito penal. En un documento previo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, se señala, por caso, que son obligatorios los juicios por jurados en todos aquellos delitos que tengan una pena mínima en abstracto de ocho o más años de pena privativa de libertad, aún en su forma tentada, junto con los delitos conexos que con ellos concurran”.

El sistema está contemplado en la Constitución Nacional, que delega esa facultad a las provincias, y también en el artículo 81 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad en el que se manifiesta que la Legislatura de la Ciudad sanciona, entre otras las leyes “que requiere el establecimiento del juicio por jurados”.

El Jurado se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes. Cuando en ninguno de los delitos imputados la pena máxima supere los tres años de prisión, se integrará con seis miembros titulares y tres suplentes.

“Discurrimos que estando debidamente constituido el Fuero Penal de la Ciudad y avanzado el proceso de traspaso de competencias en materia penal a su jurisdicción, corresponde que la Legislatura cumpla con el mandato pendiente de la Constitución Nacional y Local completando la estructura del sistema judicial con la pertinente participación popular mediante el establecimiento del juicio por jurados” afirma Ibarra en los fundamentos.

El ex Jefe de Gobierne considera, además, que la necesidad de institucionalizar el juicio por jurados puede “revertir favorablemente la crisis existente en el aparato judicial, permitiendo la participación ciudadana, la democratización de la justicia, la revalorización del sistema republicano y la administración de justicia”.

En la letra del proyecto, se menciona que para ser miembro del Jurado se debe tener entre 21 y 75 años, haber completado la educación básica obligatoria, tener una residencia de por lo menos dos años en el distrito, “gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos, tener domicilio conocido y profesión, oficio, industria, empleo u ocupación habitual, aunque transitoriamente esté desocupado, y tener plena salud mental”.

El proyecto establece que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe confeccionar el padrón de personas que cumplan los requisitos previstos en el padrón electoral y comunicarlo a los tribunales respectivos el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.

Por otro lado, el secretario del Juzgado interviniente dentro de los diez días hábiles judiciales anteriores al inicio del debate elaborará por sorteo, entre quienes integran el padrón, una lista de jurados constituida por el doble de los necesarios para integrarlo, que será “confeccionada en presencia obligatoria de las partes integrantes del proceso bajo pena de nulidad”.

Como ocurre en Provincia y en los países en los que ya se aplica, las personas que se desempeñen como jurados serán resarcidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “con una suma equivalente a un día de sueldo básico de un/a juez/a de primera instancia por día de desempeño como integrante del jurado, tanto en la audiencia de selección como en el juicio”.

A su vez, los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos “serán cubiertos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o resarcidos inmediatamente”. Y, además, se les exige a sus empleados la conservación de su cargo y sus derechos laborales.

De acuerdo al proyecto, se llega a la aplicación de un Juicio por Jurado, una vez que el imputado lo solicite, “dentro de los diez días de notificada la radicación de la causa para juicio”. De no hacerlo, se seguirá el proceso por las reglas del juicio común.

“Quienes han estudiado la cuestión subrayan que la función de la participación ciudadana en el enjuiciamiento penal, y la del juicio por jurados en particular, tiene por objetivo resguardar la homogeneidad cultural de quienes imponen castigo y quienes son castigados”, se agrega en los fundamentos.

En Provincia

En la Provincia, se trata de una carga pública incluida en la ley 14.453, que prevé una remuneración para trabajadores independientes o desocupados, y la designación “en comisión” para aquellos registrados en empleos públicos o privados.

Según la norma, los ciudadanos seleccionados integrarán un cuerpo, presidido por un juez, quien suministrará las instrucciones necesarias para su deliberación. Los jurados deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogables por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

Los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes, que se conformarán a partir de un padrón que debe ser depurado en los diferentes departamentos judiciales de la provincia con la inclusión de quienes cumplen los requisitos: tener entre 21 y 75 años, entender “plenamente” el idioma nacional, estar “en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos” y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo.