Piden juicio a tres jueces federales de Córdoba

La suerte de tres jueces federales de la ciudad de Córdoba se juega por estos días en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, en donde se ventilan presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento judicial del llamado caso Piccón.
El hecho tiene que ver con un episodio que ocurrió en junio de 1990 en el Liceo Militar General Paz. El cadete Roberto Víctor Piccón, que entonces tenía 13 años, quedó cuadripléjico luego de que un oficial lo obligara a realizar movimientos vivos después de cenar. La causa penal fue resuelta con una leve condena al militar acusado, pero la demanda civil sigue trabada y con tres magistrados bajo la lupa.

Luego de varias semanas de indefiniciones sobre el tema en la Comisión de Acusación del Consejo, este diario pudo saber que el jueves próximo el titular del cuerpo, el kirchnerista Carlos Kunkel, presentará un dictamen por el cual pide el juicio político a los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes, todo miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Los tres magistrados están acusados de cometer supuesta "parcialidad y demoras, y de ejercer de forma abusiva la facultad delegada de superintendencia, constituyendo desvío de poder", en la tramitación para indemnizar a la familia del ex cadete.

Descargos. Consultado por este diario, Rueda dijo ayer estar al tanto del avance de la causa y del dictamen acusatorio que elevará Kunkel, aunque precisó que hay otro pronunciamiento del consejero Ernesto Sanz (senador por la UCR) que desestima las denuncias contra los tres jueces.

Por su parte, Sánchez Torres se excusó de opinar, en función de que esta situación se dirimirá por votación de los miembros de la Comisión. Es que existen dos dictámenes opuestos. "Estoy con tranquilidad espiritual y jurídica", sostuvo el camarista.

El febrero pasado, Sánchez Torres, Rueda y Vélez Funes presentaron sus descargos por escrito ante la referida Comisión, que tiene como otra espada kirchnerista, además de Kunkel, a la diputada Diana Conti.

Estos dos legisladores tuvieron un protagonismo determinante en la acusación que terminó con la renuncia de Carlos Otero Álvarez como vocal del Tribunal Oral N° 1 de Córdoba.

En este caso, Otero Álvarez estaba bajo la mira del Consejo por su presunta actitud colaboracionista con la dictadura militar mientras se desempeñó como secretario de un Juzgado.

En el caso Piccón, si llegara a prosperar el pedido de juicio político que fogonea Kunkel, la causa pasará a ser ventilada por el plenario del Consejo de la Magistratura, que tiene mayoría de miembros afines al Gobierno.

Con todo, se descuenta que el espinoso asunto no tendrá definición antes de los comicios legislativos del 28 de junio.

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