Por Alberto Armendáriz

RÍO DE JANEIRO.- En la recta final hacia el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso por maquillar las cuentas públicas, la crisis política brasileña no da respiro.

Mientras ayer se reveló que la Procuraduría General solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) abrir una investigación contra la presidenta por obstrucción de la justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras, la Corte anunció que hoy juzgará al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por haber participado del esquema de sobornos de la petrolera estatal.

De ser aceptado el pedido del procurador, Rodrigo Janot, sería la primera vez que Dilma quedaría oficialmente bajo sospecha dentro del caso del petrolão.

La decisión de Janot -que la Procuraduría intentó mantener en secreto- se basa en las acusaciones realizadas por el arrepentido senador Delcidio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara alta, que a cambio de una reducción en su condena por participar de la red de coimas cargó contra la jefa de Estado y su padrino político, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Según Amaral, Dilma y Lula estaban al tanto de las operaciones ilegales en Petrobras, intentaron chantajear a testigos involucrados en el esquema de corrupción y presionaron a jueces para que liberasen a empresarios que habían pagado coimas para asegurarse jugosos contratos con la petrolera.

El martes, Janot ya había solicitado al STF investigar a Lula, así como a tres ministros de Dilma (Jaques Wagner, jefe de gabinete personal; Ricardo Berzoini, secretario de la Presidencia, y Edinho Silva, de Comunicación Social), y a 27 otros políticos, tanto petistas como del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ex principal socio del PT en la coalición de gobierno. Ayer se supo que también estaban incluidos en la lista Dilma y el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, ex ministro de Justicia.

Ante la consulta de LA NACION, la Procuraduría General de la República se limitó a señalar que "no hará comentarios sobre ninguna investigación bajo sigilo", pero la propia Dilma confirmó luego la información.

"Tengo la certeza de que esa investigación demostrará apenas que el senador mintió otra vez", señaló la presidenta, para luego condenar el momento de la revelación. "Es algo extraño, en vísperas de la votación del impeachment en el Senado; el autor de la filtración tiene intereses inconfesables", apuntó.

Se refería a la decisión que el próximo miércoles debe tomar el plenario del Senado acerca de si acepta o no el pedido de apertura de su juicio político, ya aprobado por la Cámara baja.

Si entonces una mayoría simple de los 81 senadores vota por iniciar elimpeachment, Dilma sería inmediatamente apartada de su cargo por un período de hasta 180 días, mientras el Senado lleva adelante el juicio; asumiría el poder el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, considerado ahora un "conspirador" y "golpista" por el gobierno.

Temer sólo quedaría al frente del Palacio del Planalto de forma permanente si en el juicio Dilma fuera hallada culpable por dos tercios de los senadores y destituida.

Ayer, al leer su informe ante la comisión de impeachment del Senado, el instructor del caso, el senador Antonio Anastasia, recomendó que se avance hacia el juicio político y afirmó que "la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia, especialmente por la Constitución".

La comisión -de 21 miembros- votará el parecer de Anastasia mañana y luego será el plenario el que tenga la última palabra el próximo miércoles.

La fuerte tracción que tomó el proceso de impeachment habría dejado muy contento a Cunha, archienemigo de Dilma y principal impulsor del juicio político, hasta que al final de la tarde la Corte Suprema anunció que hoy determinará si el maquiavélico político del PMDB puede mantenerse en su cargo -segundo en la línea sucesoria- cuando está procesado por corrupción.

Ya se ha comprobado que Cunha recibió por lo menos 5 millones de dólares coimas delpetrolão, pero él se ha negado a abandonar su puesto para no quedar sometido a la justicia ordinaria.

Después de varias idas y venidas legales, ahora el STF finalmente decidirá el destino de quien es visto por la sociedad brasileña como el máximo corrupto del Congreso.

El avance del impeachment en el Senado

La votación que define el futuro de Dilma el próximo miércoles