El fiscal Jorge Amado y los abogados del Colegio de Abogados, entidad que actúa como querellante en la causa, pidieron ayer que la supuesta abogada "trucha", Velia Iris Antón Peralta, sea condenada a cuatro años de prisión por haber ejercido ilegalmente la profesión, a pesar de que ella afirmó que posee el título habilitante.

La defensa, en cambio, alegó por la absolución, aunque admitió que durante la investigación se recolectaron pruebas "que la incriminan y otras que la favorecen". El juicio oral y público se desarrolló ayer en la Cámara en lo Criminal 1 y la sentencia se conocerá el próximo martes a las 12.30. En caso de ser condenatoria, la mujer -que varias veces se tapó la cara como evitando ser fotografiada- deberá ir a la cárcel.

Antón llegó a la audiencia procesada por usurpación de título, uso de instrumento público falso y estafa. Amado mantuvo esa imputación original y solicitó que la condena sea por esos tres delitos como un hecho único. La usurpación se aplica a quien ejerce una profesión para la que se posee una habilitación especial y está penada con prisión de 15 días a un año. El uso de instrumento público falso está sancionado con una pena de prisión de uno a seis años, y el fraude se condena con entre un mes y seis años de cárcel.

La denuncia contra ella fue promovida por el Colegio de Abogados -ayer representado por el abogado José Mario Aguerrido, a quien acompañó el presidente Pablo Girard- hace algo más de cuatro años.

Fue a raíz de que tiempo antes, Antón, de 52 años, había pedido matricularse en el Colegio aduciendo que a fines de 2007 había obtenido el título en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. Para demostrarlo presentó una copia del título, otra de un certificado analítico con las materias cursadas y las notas obtenidas en cada una de ellas. Este último documento aparecía firmado por el decano Juan Confalonieri y por el presidente de la UB, el ex ministro menemista de Salud, Avelino Porto, aunque ellos lo negaron. Además en la calle Perú 775 había colocado una placa con su nombre, con el agregado de la palabra abogada.

Antón, ante los jueces, dijo que era gestora en el estudio de los abogados Hugo Bazán y la ex diputada Emilce Montenegro y que, aunque recibió el título, no ejerció. Ellos dos fueron quienes la avalaron cuando pidió la matriculación. La imputada, ante reiteradas preguntas, dio explicaciones poco convincentes. Insistió en que el título es verdadero y respondió que no sabía porqué no fue reconocido. Incluso expresó que "no sé los motivos" por los cuales el Ministerio de Educación no legalizó el título.

Pruebas.

Una prueba clave del caso es la información que la UB envió a la justicia el 24 de junio de 2008 afirmando que Antón "no es graduada/egresada de carrera de grado o postgrado", que "no se le ha expedido diploma/título habilitante alguno" y que, por lo tanto, el título presentado "se trataría de un documento apócrifo".

A ello hay que sumarle el testimonio de su tía, Cora Elsa Peralta, quien relató que su sobrina intervino como abogada en un trámite de su pareja (Pedro Bobb) contra un inquilino por falta de pago y en el recupero de una vivienda por parte de un familiar.

Ambos testificaron y contaron que le entregaron 17.000 sobre un total de 37.000 pesos. "Tía, no te voy a joder", contestó Antón cuando Peralta le pidió que le firmara unos recibos. Ellos acudieron al Colegio luego de que un abogado le advirtió a Bobb que la imputada no era abogada. El hombre, ayer, dejó traslucir su bronca cuando lanzó un insulto.

Durante los alegatos, Amado se basó en esos y otros elementos probatorios para requerir la condena. Aguerrido adhirió y agregó que "toda la documentación es falsa". Y el defensor Félix Ortiz Zamora, enfatizó que "no quedó acreditado que el título sea falso" porque no se lo puede demostrar con "un telefax o una fotocopia" y agregó que existe "una duda razonable" sobre esa controversia. Y sobre la presunta estafa expresó que "no hubo ardid" y que Bobb "mintió descaradamente, ya que los inquilinos se fueron solos".