A partir de una iniciativa del concejal oficialista Leandro Laserna, el Concejo Deliberante solicitará a la Cámara de Diputados de la Nación la aprobación del expediente que permitirá la transferencia definitiva, a la provincia de Buenos Aires, de las tierras de la Estación Ferroviaria para la construcción de la “Ciudad Judicial”.

El proyecto –firmado por el entonces jefe de gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Planificación, Julio De Vido- fue elevado en mayo del 2009, pocos días después de una visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ciudad, durante la cual realizó el anuncio.

Desde entonces, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara. Además, en el transcurso de 2010, la propuesta se incluyó, con moción de preferencia, en distintas sesiones sin llegar a ser tratada en este ámbito.

Según consideró el edil oficialista, “resulta imprescindible para la ciudad contar con este tan ansiado proyecto de construir la Ciudad Judicial”, ya que “sin lugar a dudas favorecerá a un mejor servicio de justicia y mejorará las condiciones laborales tanto de los funcionarios y empleados judiciales como de todos los abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata”.

La construcción de un complejo edilicio que concentre la actividad diseminada en distintos puntos de la localidad, es un anhelo de más de una década.

A partir de 1999, diversas instituciones y colegios profesionales de nuestra localidad comenzaron a trabajar en pos de lograr este objetivo. Recién en diciembre de 2005, el Organismo Nacional de Administración de Bienes y el Municipio firmaron un convenio marco a fin de propiciar el desarrollo urbanístico del área de la estación ferroviaria de cargas. En el mismo, se remarcó puntualmente la finalidad de instalar un polo tecnológico a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata, crear la denominada “Ciudad Judicial” y habilitar espacios verdes.

En ese contexto, las partes se comprometieron a desarrollar un proyecto estratégico participativo y de gestión asociado. Mientras la municipalidad tomó el compromiso de otorgar a los inmuebles del Estado nacional la zonificación urbana que requieran, el ONABE se reservó “la impulsión del proceso de obtención de la disponibilidad de los inmuebles, así como su futura entrega a las destinatarias del proyecto”, según reza en el proyecto elevado ante la Cámara de Diputados.

El siguiente paso se registró en febrero de 2007 cuando, una vez cursado el proceso de estudio y diagnóstico de la factibilidad técnica, jurídica y económica de la iniciativa, la secretaría de Transporte emitió una resolución para desafectar el uso operativo ferroviario a los inmuebles ubicados en la estación de cargas. Asimismo, se dispuso la utilización del predio remanente como estación de cargas intermodal, hasta tanto se construya una nueva terminal y zona de actividades logísticas.

Con el dictado de dicha medida, los bienes pasaron a revistar en la órbita del ONABE y escasos meses después se instrumentó el convenio para regular la entrega de éstos al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente presentado por el Gobierno nacional ante la cámara baja, se dejó constancia que estas acciones tienden a “satisfacer la demanda de la comunidad local”, ya que su concreción “redunda en la mejora de la prestación del servicio de justicia y brinda solución a la delicada situación existente en materia de infraestructura judicial”.

A modo de ejemplo, se expuso que un relevamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia provincial, a finales de 2006, dio cuenta de que el Departamento Judicial Mar del Plata “presenta una problemática acuciante”.

Puntualmente, de los 30.000 m2 necesarios para alojar y funcionar adecuadamente sus dependencias, sólo 9.250 m2 son propiedad del Poder Judicial provincial, lo que “provoca el retraso para la puesta en marcha de los juzgados creados, afectando particularmente a los que compete materia penal, de familia y minoridad, en los cuales la demanda social de celeridad y regularidad en el proceso es de público conocimiento”.

Por otra parte, también se hizo hincapié en la importancia del proyecto desde la perspectiva del desarrollo urbanístico de la ciudad.

En este marco, y ante la evidente importancia que reviste la aprobación del expediente en la Cámara de Diputados, es que desde el Concejo se solicitó al Cuerpo que realice “todas las gestiones necesarias a fin de que se proceda de manera urgente a dar tratamiento legislativo”.